El pasado 30 de Octubre concluyó el plazo previsto por la Ley 30/2007, de Contratos de Sector Público, para la implantación de la factura electrónica en el ámbito de la Administración Pública española.

En la Disposición Final Novena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se establece que “el uso de la factura electrónica será obligatorio en todos los contratos del sector público estatal; no obstante, en los contratos menores, la utilización de la factura electrónica será obligatoria cuando así se establezca expresamente en estas Órdenes de extensión”

Según la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, “la factura electrónica es un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor". El formato estándar que ha adoptado la Administración General del Estado y sus organismos dependientes se denomina FACTURAE.

Ahora bien, muy lejos de ser una realidad, la Administración Pública se retrasa irremediablemente en la implantación de la facturación vía telemática. Retraso no solo debido a la situación económica actual y a la falta de recursos, sino también a la complejidad del proyecto.