La futura ley incorpora un conjunto de cambios normativos y reformas estructurales que facilitarán que las empresas y los agentes económicos españoles orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo. Por lo que respecta a la contratación publica, se fomenta la colaboración publico privada para inversiones productivas. Algunas de modificaciones previstas son las siguientes:



Se excluye la obligación de efectuar evaluación previa cuando un órgano de la misma Administración la haya hecho para un supuesto similar.



La Administración solo podrá modificar los contratos ya celebrados con las empresas licitadoras cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor. Si el contrato no puede modificarse, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro contrato nuevo bajo las condiciones oportunas.



Se regula la colaboración entre el sector público y el sector privado bajo fórmulas institucionales. Se regula la elección de un socio privado con el mismo procedimiento previsto para la adjudicación de contratos, respetando los principios de igualdad y concurrencia.