El Plan Avanza2 se enmarca en los ejes estratégicos del Programa Nacional de Reformas diseñado por el Gobierno para cumplir con la Estrategia de Lisboa del año 2000 también conocida como Agenda de Lisboa o Proceso de Lisboa. Este Plan se configura como un plan de desarrollo de la Unión Europea, que tiene como objetivo convertir el mercado común en la economía más competitiva y dinámica del mundo.

En concreto, el Plan Avanza se integra en el eje estratégico de impulso al I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación) que ha puesto en marcha el Gobierno a través del Programa Ingenio 2010.



Una de las medidas principales incluidas en el Plan Avanza2 es la utilización de recursos públicos para la consecución de los objetivos de desarrollo de la Sociedad de la Información mediante instrumentos basados en el uso de subvenciones o créditos. Así, una de las líneas de actuación comprendidas en el área de «Desarrollo Industrial» tiene entre sus objetivos impulsar el desarrollo del sector TIC en España y la generalización de la adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TIC) por parte de las PYMEs. Entre las medidas del Programa enmarcadas para el desarrollo del sector TIC se encuentran el apoyo a la financiación de empresas de base tecnológica, el estímulo al desarrollo de polos de innovación o el fomento de plataformas tecnológicas nacionales.

En este sentido se ha detectado que las empresas dedicadas al sector TIC entendiendo como tales, también las dedicadas al sector de los contenidos digitales, en los momentos iniciales de su desarrollo encuentran importantes dificultades para acceder a una financiación adecuada.

La existencia de esta deficiencia de mercado en el sector del capital riesgo diagnosticada además por la propia Comisión Europea está afectando a todas las empresas en sus etapas iniciales provocando la necesidad de adoptar o impulsar medidas desde el sector público para remediarlo.

En este sentido, parece difícil corregir el fallo de mercado que lleva a la existencia de esta deficiencia sin afrontar de manera decidida la modulación de la tasa interna de rentabilidad (TIR) del inversor privado, es decir, sin que el sector público module los riesgos que una inversión de estas características tiene para el inversor privado.