2ª Fase Plan Pago a Proveedores

El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, recientemente aprobado, además de introducir una serie de reformas al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, contempla la ampliación de una nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas (Título III, Capítulo I).

Esta 2ª fase del "Plan Proveedores", está dotada con un presupuesto de 2.628 millones de euros, para que las entidades locales y comunidades autónomas puedan pagar las facturas pendientes.

De modo que, los proveedores con facturas pendientes de cobro con anterioridad a 1 de enero de 2012, y que cumplan con los requisitos previstos en la nueva normativa, podrán acogerse al nuevo Plan.

Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado en su página web una Nota explicativa relativa al Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, sobre la ampliación del mecanismo extraordinario de pago a proveedores que en el mismo se regula.

En dichas Notas explicativas, se indica que en la 2ª fase podrán participar todas las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, señalando que en relación a las obligaciones pendientes de pago (anteriores al 1 de enero de 2012) que fueron certificadas y respecto de las cuales los proveedores no manifestaron su voluntad de acogerse al mecanismo de pago, podrán ser incluidas en esta nueva fase mediante la aceptación por parte del proveedor.

Del mismo modo, y respecto a las Entidades locales, se permite que para aquellos proveedores que durante la primera fase solicitaron la expedición de un certificado y este fue rechazado, podrán solicitar uno nuevo, siempre que la obligación pendiente de pago cumpla con los requisitos exigidos por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero.

En definitiva, a través de esta 2ª fase del mecanismo del Pago a Proveedores, se ofrece una solución a las administraciones territoriales para que hagan frente a estos pagos a la vez que se garantiza la sostenibilidad de sus finanzas.