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Aunque la Junta de Andalucía estima que el actual sistema ha ahorrado alrededor de 413 millones de euros en 10 convocatorias, tanto Remedios Gómez Cabello, presidenta del Foro Andaluz de Pacientes, como Antonio Bernal, presidente de la Alianza General de Pacientes, y María Victoria Martín, presidenta de la Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga, señalaron durante el debate que no ven “un beneficio económico claro”, y que, en todo caso, echan en falta “que estos ahorros se vean reflejados en las cuentas del Servicio Andaluz de Salud”.

Los tres representantes, además, y más allá del tema económico, pusieron el foco de la discusión sobre los problemas que el actual modelo de subasta está generando en los pacientes. Así, denunciaron los “continuos” desabastecimientos que se vienen produciendo en las farmacias de Andalucía. De hecho, ya hace unos meses, la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran), apuntaba que aproximadamente el 46 por ciento de los fármacos que entran en subasta tiene problemas habituales de abastecimiento. Para las asociaciones de pacientes, estos desabastecimientos pueden llevar a confusiones graves, sobre todo en pacientes crónicos, de edad avanzada y polimedicados, al cambiar el envase, la forma o el color del medicamento. También consideran que están generando problemas muy importantes en la adherencia al tratamiento. “La situación es terrible. Los pacientes se lían con tanto cambio y no se toman su medicación”, subrayó Gómez Cabello, a lo que Martín añadió: “Cuando se trata de pacientes anticoagulados la diferencia entre no tomarse un medicamento o equivocarse y tomarse dos puede derivar en problemas tan serios como un ictus o una hemorragia”.

Por estos motivos, Bernal apunta que desde la Alianza General de Pacientes no se entiende por qué se sigue manteniendo este sistema, urgiendo a los grupos políticos a que valoren las necesidades del paciente y al Ministerio de Sanidad que tenga un mayor control en los sistemas de compra autonómicos.

Postura de los grupos políticos

Por su parte, Catalina García Carrasco, portavoz en la Comisión de Sanidad del Partido Popular (PP), expuso en el coloquio que el mayor perjuicio que produce el sistema de subastas “es una merma clara en la calidad de vida de los andaluces”. En este sentido, explicó que “la consecuencia más directa, denunciada por las farmacias, los profesionales sanitarios, y las asociaciones de pacientes, es el desabastecimiento. Los laboratorios adjudicatarios no tienen capacidad para atender la demanda de toda Andalucía”. Para la representante del PP en el debate, el desabastecimiento es algo que ocurre desde que se instauró el sistema, en el año 2012,que define como “pernicioso”. Recordó, además, que el Defensor del Pueblo ha pedido informes a la Junta sobre esta cuestión, “pues se está provocando un problema de falta de adherencia al tratamiento en pacientes crónicos. Algo de lo que ya han alertado los médicos de familia”.

Concluyó subrayando que “no sólo se ha roto ese círculo de confianza entre el paciente, el médico y el farmacéutico, sino que al final, el supuesto ahorro que se propuso la Junta se ha convertido en un sobrecoste por el gasto sanitario extra que genera”. Isabel Albás, portavoz en la Comisión de Sanidad de Ciudadanos, señaló que la situación de la subasta de medicamentos “que se vive única y exclusivamente en Andalucía”, trae consigo “una desigualdad con respecto al resto de ciudadanos de las demás comunidades autónomas”.

Respecto a los ahorros, recuerda que no se les ha informado debidamente acerca de “dónde se ha visto reflejados”. “Entendemos que los andaluces somos iguales y tenemos que tener acceso a los mismos medicamentos que el resto de los españoles”, ha agregado, al tiempo que hizo énfasis en que “esta situación, esta forma de compra de medicamentos, rompe la unidad de mercado”. Por último, Albás espera que en el próximo debate andaluz los grupos políticos “hablemos y dialoguemos para buscar una alternativa que beneficie tanto a los andaluces como al resto de los españoles”.