Noticia de Contratación

En 2015 logramos aprobar el Real Decreto Legislativo 1/2015, que ha quedado como herramienta fundamental desde entonces. A pesar de que también elaboramos un borrador de Real Decreto para regular la financiación y fijación de precios de medicamentos y productos sanitarios y su inclusión en la prestación farmacéutica del SNS, no pudimos aprobarlo para desarrollar la Ley. De haberlo hecho, probablemente, ya hubiese sido necesario modificarlo.

Los criterios de la Ley de garantías siguen siendo aplicables en general, pero a efectos prácticos, y centrándonos en las innovaciones, parece que va asentándose la necesidad de adaptar el criterio de financiación a los cambios que se están produciendo. En algunos casos, ya no es suficiente con fijar el precio de un medicamento. A ese precio le puede acompañar un modelo dinámico basado, bien en aspectos solo económicos (precio volumen-techos de gasto) cuando solo existe incertidumbre de impacto económico y puede peligrar la sostenibilidad, bien en aspectos terapéuticos (acuerdos de riesgo compartido) cuando existe incertidumbre sobre el valor terapéutico del medicamento. Ese mayor consenso en financiar estos medicamentos basándose en el valor que realmente aportan al sistema sanitario y a la sociedad, lo que en algún caso podría traducirse en una orientación del sistema cada vez mayor al pago por resultados, complica aún más el sistema de financiación y precio. Esto es lo que a actores necesarios de este sistema les puede parecer poco previsible y estable. Si a eso le añadimos un endurecimiento objetivo de las condiciones de acceso a las innovaciones, derivado de la dificultad percibida (que no necesariamente real) para mantener la sostenibilidad del sistema público de salud por el elevado precio de algunos medicamentos, tenemos un escenario en el que el más perjudicado puede llegar a ser el paciente.

De lo que no hay duda, es que todos estos avances, deseables y necesarios, están suponiendo y supondrán un gran desafío para los sistemas sanitarios y las empresas. Por eso, por parte de estas últimas es deseable, y a los sistemas les es exigible, intentar conseguir un acceso equilibrado, objetivo y participativo, que priorice a los pacientes, y que sea racional, y profesional.

Para ello, el Ministerio de Sanidad, tanto en la DGCBSF como en la AEMPS, necesita más recursos humanos que refuercen los excelentes con los que ya cuenta. Las CC. AA. no deben olvidar que debe prevalecer su compromiso con la equidad de la prestación, y que deben cooperar y compartir entre ellas y con el Ministerio. Y tanto los profesionales sanitarios como los pacientes, deben comprometerse con la sostenibilidad del sistema para seguir garantizando su calidad, y si no se les involucra en el procedimiento de precio y financiación de los medicamentos, al menos sí deberían hacerlo en la monitorización de su acceso: en sus tiempos de aprobación, y en su disponibilidad en todas las CC AA. No se puede desear mas, ni pedir menos.