El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha emitido una orden ejecutiva con el objetivo de reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos dirigiendo la política comercial para que otros países paguen más por ellos. Actualmente, los estadounidenses pagan significativamente más por los fármacos, en promedio el triple que en muchos países europeos, donde los sistemas de salud pública negocian directamente con los fabricantes, manteniendo los costes bajos, a diferencia del complejo sistema de intermediarios (PBM) en EE. UU.. Trump ha amenazado con imponer aranceles si las farmacéuticas no reducen precios en EE. UU., afirmando que el país ya no subsidiará la atención médica extranjera. Esta orden ha generado incertidumbre entre los gobiernos europeos, como el de Dinamarca y la Comisión Europea, que están examinando su impacto y cómo se podría implementar.

La implementación de esta orden enfrenta desafíos significativos en Europa. Países como el Reino Unido y Alemania tienen marcos regulatorios y políticas de contención de costes estrictos que dificultan legalmente el aumento de precios. Expertos y representantes de ministerios de salud dudan de cómo la administración Trump podría legalmente demandar detalles de contratos confidenciales o forzar cambios sin alterar la legislación europea. Aunque algunas farmacéuticas apoyan una distribución más justa de costes globales, temen que los cambios puedan interrumpir la atención al paciente o frenar la innovación. A pesar de la amenaza de aranceles, los gobiernos europeos podrían no estar dispuestos o ser incapaces de pagar más por medicamentos debido a sus ajustados presupuestos y el envejecimiento de la población. Algunos interpretan la orden como una táctica de presión y una demostración de las herramientas de negociación de Trump, usando la amenaza de aranceles como palanca.