Noticia de Contratación

El recorrido de este proyecto de ley ha sido largo y premioso. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, el 17 de abril de 2015, llegó después al Consejo General del Poder Judicial, que lo aprobó por unanimidad, aunque sugiriendo regular la contratación pública en un único instrumento normativo que incluya a los sectores especiales del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Tras esos trámites pasó por el Consejo Económico y Social, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y el Consejo de Estado. Todo ello conviviendo con varias citas electorales. Finalmente, se presentó en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2016, donde fue aprobada su tramitación de urgencia. Sería deseable que su aprobación definitiva llegue antes de verano.

Compleja tramitación

La trascendencia natural de esta ley por su contenido y los ámbitos a los que afecta está quedando patente en su compleja tramitación que ha dado lugar a no pocas enmiendas y numerosas inquietudes por parte de quienes creen ver una cierta dulcificación de los controles para la contratación en el sector público o quienes creen que los partidos políticos quedan fuera de su ámbito de aplicación.

A pesar de ello existen, al mismo tiempo, importantes factores que acreditan la urgencia para sacar adelante el proyecto: en primer lugar, se trata de la transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, tras un patente retraso que ha originado ya la incoación de una sanción de la Comisión Europea a España por este motivo.

El segundo factor añadido es la dimensión de los recursos económicos que se movilizan en el entorno o sujetos a esta norma, que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro sitúa en un valor equivalente al 10% del PIB, a través de más cien mil contratos.

Sin duda, estamos ante un proyecto de ley de alto contenido político y social en un momento de especial preocupación por la corrupción y el amiguismo, precisamente, en el comportamiento del entorno político a la hora de la concesión e implementación de los contratos del sector público, algo que requiere un debate intenso, pero también un ritmo y una dedicación suficiente para que pueda entrar en vigor  a la mayor rapidez, dados los recursos y la actividad empresarial que los retrasos pueden estar congelando.

El proyecto se encuentra actualmente en tramitación en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados en período de presentación de enmiendas tras el debate en febrero sobre las enmiendas a la totalidad al articulado.

Su objetivo declarado es lograr una contratación “más ágil, más eficaz, más transparente y más accesible a todas las empresas”, otorgar publicidad al proceso, un nuevo procedimiento abierto simplificado, así como otras muchas medidas tales como reducir las cargas administrativas de las empresas que contraten con las administraciones y entidades públicas, e impulsar la contratación electrónica a través del correo electrónico, entre otros medios.