Noticia de Contratación

La Comisión de Hacienda ha cerrado hoy en el Congreso el informe de ponencia que contemplará la nueva ley y que, entre otras cosas obligará a las empresas adjudicatarias a asumir los riesgos económicos de la construcción y explotación de las obras o servicios que prestan a la administración.

Los grupos parlamentarios han consensuado a través de enmiendas transaccionales que la ley obligue a trocear en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para que las pymes puedan acceder a la contratación pública.

También, que en la adjudicación de los contratos aparezcan criterios sociales y mediambientales y se reserve un porcentaje a empresas de inserción laboral y discapacidad.

En el ámbito de la transparencia, la ponencia ha incluido que haya mayor publicidad y acceso a la información a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el fin de que se puedan conocer los perfiles de los contratantes y el número de adjudicaciones que ha tenido cada empresa con la administración.

Sin embargo, los temas más conflictivos; el de la morosidad, el de los modificados de los contratos, que disparan el importe contratado inicialmente, o el de las instrucciones internas relativas a las diferentes empresas públicas, han quedado sin pactar y serán debatidas en la próxima reunión de la comisión, la semana que viene.

No obstante, fuentes del PP han señalado a EFE que habrá consenso sobre los modificados con el fin de que no puedan superar el 50 % del importe contratado de forma acumulativa.

En la anterior Ley de contratos del sector público estos modificados eran denominados "obras complementarias" y se unían al contrato principal firmado.

En algunos casos estas modificaciones suponían elevar el importe del contrato a cifras excesivamente elevadas y la nueva Ley pretende limitarlos.

Otro de los asuntos más polémicos es el relativo a la morosidad que afecta a las subcontratas y que Ciudadanos y el PDeCAT piden atajar con un pago directo de la administración a estos proveedores en caso de impago por parte de la contrata principal.

El PP advierte de que es un tema de gran complejidad técnica ya que pueden existir pagos en proceso de litigio entre dos empresas privadas y la administración no debería inmiscuirse en una relación empresarial privada.

Lo cierto es que si hay consenso en que la normativa contemple que los plazos de pago se hagan en 30 días desde la aceptación de la factura por parte de la Administración.

En cuanto a las instrucciones que rigen actualmente para que las empresas públicas puedan contratar, Unidos Podemos pide que desaparezcan y que estas entidades se acojan íntegramente a la nueva Ley, mientras que PSOE y Ciudadanos inciden en que en algunos casos las instrucciones favorecen la agilización de los contratos.

La Ley de Contratos del Sector Público ha recibido 1.040 enmiendas y todos los partidos políticos coinciden en que será una ley muy consensuada.

Apuestan porque la próxima semana se cierre en el Congreso y pueda seguir su tramitación en el Senado en septiembre.