Noticia de Contratación

La última versión del Plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el Sistema Nacional de Salud (SNS), publicado por el Ministerio de Sanidad el 10 de octubre y abierto a aportaciones hasta el 10 de noviembre, sigue sin satisfacer a los agentes implicados. Además de los profesionales del sector, consejeros de Sanidad de distinto signo político que acudieron la semana pasada al Consejo Interterritorial de Salud coincidieron en que aún hay que trabajar sobre él y concretar puntos.

Tanto es así que el PP ha encargado un plan alternativo para presentarlo a Sanidad, basado en las ideas planteadas en el Interterritorial. De hecho, Santos Induráin, titular del ramo en Navarra (designada por el Partido Socialista), reconoció a CF esta inconcreción, pero los más claros fueron los consejeros de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; Galicia, Jesús Vázquez Almuiña, y Andalucía, Jesús Aguirre, todos del PP.

Tanto Ruiz Escudero como Vázquez Almuiña señalaron allí la necesidad de un consenso con los Colegios de Farmacéuticos, los más afectados por uno de los puntos: la devolución al SNS de los descuentos que les hacen los laboratorios a las farmacias.

En concreto, la farmacia rural sería las más perjudicada. A este respecto, Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar), comenta a CF que “esto será la puntilla, como ya dijimos”, en alusión al borrador de abril: “Si yo tengo que devolver descuentos, no los negociaré, así que no acabo de ver cuál es el beneficio para el Estado”.

Descuentos en Europa

A su vez, Espolita augura un caos si se sigue incidiendo sobre los precios de los medicamentos: “Cuando se habla de otros países de Europa, yo firmo por las condiciones de esos países. Es decir, en España tenemos ya los medicamentos más baratos de Europa. En Alemania se pagan las guardias a las boticas; en Inglaterra se pagan los servicios profesionales a las farmacias…”, explica en alusión a los dos ejemplos que pone el plan: Bélgica, que ha establecido techos fijos para estos márgenes de las farmacias, y Países Bajos, donde recompensan a las boticas que dispensan medicamentos por debajo del precio de referencia.

Dispensación de biosimilares en España y Europa

A su vez, reclama la dispensación de innovaciones en la botica. Sin embargo, en España sólo se dispensan cuatro principios activos de biosimilares:

• Insulina glargina
• Folitropina alfa
• Enoxaparina sódica
• Condroitín sulfato

Sobre estas cifras aportadas por Iqvia (gráfico superior) y las reflejadas por Sanidad en su plan (gráfico inferior), donde en ambos se aprecia una importante cuota de mercado de la folitropina alfa en farmacia y muy reducida del condroitín sulfato, la Asociación Española de Biosimilares (Biosim) señala que “a nuestro entender, no hay única razón para esos porcentajes. Es cierto que la folitropina biosimilar entró en el mercado español antes que el condroitín, por lo que podría explicar una mayor penetración. Sin embargo, son moléculas para indicaciones distintas (anovulación y osteoartritis respectivamente)”, por lo que argumentan que “tampoco se puede comparar, pues influyen otros factores (intereses de los propios laboratorios, conocimiento de los médicos que emplean estas moléculas, precios, etc)”.

Sin embargo, Biosim señala que hay países en Europa con mayor número de principios activos en farmacia, con la excepción de Reino Unido, con una situación similar a la española, con más presencia en hospitales, y aporta datos de finales de 2017 extraídos de la asociación Medicines for Europe,  :

• Alemania, donde también se pueden encontrar en botica, además de la insulina glargina, la somatropina, epoetina, filgrastim, infliximab, folitropina, etanercept…
• Francia tendría los anteriores, menos infliximab.
• Italia ya tiene en oficina de farmacia epoetina, filgrastim, somatropina, folitropina e insulina glargina, “aunque una parte muy pequeña en comparación a lo que se sigue dispensando en hospital”. En UK todos los anteriores en Hospital.

Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de COF, asegura que el plan es “parcial”, no se ha hablado con ellos y alegará, ya que “se han aplicado de nuevo las medidas al gasto público en fármacos ambulatorios”. A su vez, en su intervención la semana pasada en el XI Congreso Farmacéutico de Castilla y León, señaló que todos los medicamentos han de estar en las farmacias, salvo los que por razones clínicas suficientemente especificadas tengan que estar en los hospitales.

Además, puso de manifiesto “la complicada situación por la que están atravesando muchas farmacias, a la que ahora se sumaría el plan de medicamentos biológicos y genéricos. Un plan en el que se proponen medidas sobre el gasto público en medicamentos ambulatorios, sin tener en cuenta el importante impacto que pueden tener sobre la totalidad de las farmacias y sobre la prestación que ofrecen a los ciudadanos”.

Aguilar señaló que “a las periódicas y continuas bajadas de precios de los medicamentos y a los desabastecimientos, se suma ahora una nueva medida por la que se quiere establecer un sistema en el que se impide la gestión de compra de los medicamentos por parte de los farmacéuticos, gestión que en estos momentos es la única tabla de salvación para la supervivencia de muchas de las farmacias, especialmente en Castilla y León”.

Una medida, dijo, “que, de llevarse a cabo, incrementaría todavía mucho más el riesgo de la falta de suministro y repercutiría negativamente, como ya está pasando, en la adherencia a los tratamientos”.

Prescripción por principio activo

Otro punto a clarificar es la prescripción por principio activo, en ningún caso aplicable a los biosimilares, según juristas consultados. De hecho, la Ley de Garantías del Medicamento establece en su artículo 89.5 que hay que establecer una regulación específica, lo que es competencia de Sanidad. “En el caso de los biosimilares, se respetarán las normas vigentes según regulación específica en materia de sustitución e intercambiabilidad”.

De hecho, son conceptos distintos. Sobre este punto, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) señala que “se deben respetar los criterios técnicos y legales que aplican a los medicamentos biológicos, incluida la prescripción obligada por marca comercial y la no sustitución en la dispensación”.

Aguirre señala a CF que el Gobierno debería publicar una Orden Ministerial para elevar el rango de los biosimilares. No en vano, siendo portavoz de Sanidad en el Senado, introdujo esa enmienda en la Ley mencionada en 2015.

¿Qué opinan las patronales? Biosim pide también más claridad en intercambiabilidad, pero para su directora general, Regina Múzquiz, algunas medidas son muy positivas, como acelerar los procesos para que el biosimilar entre en el mercado. A su vez, desde Biosim comentan a CF que “los medicamentos biosimilares, por ser biológicos, han de prescribirse por marca comercial. Por ello, esperamos una mayor concreción en esas medidas que podrían requerir modificaciones normativas”.

La industria farmacéutica innovadora, Farmaindustria, manifiesta que “el documento parte de premisas cuestionables” y matiza que “si el objetivo es reducir el gasto farmacéutico, lo que importa no es cuánto representa el mercado de genéricos, sino el mercado a precio de genérico“.

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, secretario general de la patronal de laboratorios de genéricos Aeseg, lo ve como “una expresión de intenciones. Algunas medidas coinciden con las que proponemos, pero necesitan desarrollo reglamentario y más detalles”.

Por su parte, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) pide que se tenga en cuenta a los agentes de la cadena de suministro para que estas decisiones “no produzcan impactos negativos mayores a los ahorros que se pretenden generar” en un sector, el farmacéutico, cuyo gasto que está muy controlado y es muy transparente.

En este sentido, la patronal de la distribución ha mostrado su inquietud por el plan, debido a que “plantea nuevas medidas orientadas al control del gasto público en medicamentos que podrían suponer no solo graves perjuicios para la viabilidad de los agentes que operan en el sector, sino para el propio sistema y, lo que es más importante, para el acceso al medicamento por parte de los pacientes”.