La tramitación de emergencia encaja como anillo al dedo en una situación de pandemia: permite comprar algo, contratar un servicio o encargar una obra solo con hablarlo, y que se ponga en marcha de forma inmediata, sin perder ni un segundo. Sin papeleos previos y sin tener que cumplir todos los trámites habituales. Pero hay reglas de la contratación pública que, ya a posteriori, sí son de obligado cumplimiento. Y la más importante es la de la transparencia: la adjudicación se tiene que publicar en 15 días. Sin embargo, en los contratos de emergencia adjudicados durante 2020 y publicados hasta febrero de 2021 esa transparencia llegó tarde: la media fue de 43 días, casi el triple de tiempo.

Un ejemplo: el 23 de marzo de 2020, Sanidad adjudicó un contrato de emergencia por 271.000 euros para reforzar la gestión informática y de videoconferencias del ministerio. Convertidos en el epicentro de la gestión, necesitaban más manos. Telefónica se llevó el lote grande, unos 243.000 euros. Pero esta información no se publicó en el Portal de Contratos del Sector Público hasta el 30 de diciembre, nueve meses después.