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16/11/2021 07:59:17
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PGE: Ciudadanos pide modificar la Ley de Contratos y desburocratizar la compra de medicamentos

La necesidad de adecuar la Ley de Contratos del Sector Público al ámbito sanitario y contar con una regulación específica para la compra en salud pública es una realidad que viene siendo demandada, tanto por la administración como por la industria.

La necesidad de adecuar la Ley de Contratos del Sector Público al ámbito sanitario y contar con una regulación específica para la compra en salud pública es una realidad que viene siendo demandada, tanto por la administración como por la industria. El objetivo perseguido es dar cobertura legal a la actividad habitual de compra y buscar un modelo de compra pública que dé respuesta a la gran cantidad de contratos que deben realizarse con las necesidades específicas de este ámbito, teniendo en cuenta que se trata de un mercado hiperregulado. Por todo ello, diferentes expertos en aspectos de contratación coinciden en poner de relieve que es necesario una revisión del modelo y no solo una mera actualización.

En este contexto, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 en la que se insta la modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). En concreto, se propone la adicción en el artículo 11 de la ley, de un nuevo apartado donde se disponga expresamente: “Quedan excluidos de la presente ley los contratos de suministros de medicamentos con protección de patente que pueden ser adquiridos directamente por los diferentes servicios de salud de las administraciones públicas, tomando como referencia el precio determinado por el Ministerio de Sanidad”. 

Cabe señalar que recientemente el Parlamento de Navarra ha aprobado una modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos que va en el mismo sentido de lo que ahora demanda Ciudadanos para su generalización a nivel nacional. Igualmente, cabe recordar que Islas Baleares ya aprobó en el año 2020 la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativas, que también contempla esa exención. Ambas regulaciones pretenden adaptar su normativa a la sentencia del TJUE, en concreto STJ/UE de 2 de junio de 2016 (Dr. Falk Pharma GmbH contra DAK-Gesundheit, asunto C-410/14, puntos 41 y 42).

En su enmienda presentada a los PGE, la formación naranja señala que la LCSP resulta “inadecuada e insuficiente en su redacción actual para regular la compra pública hospitalaria de los medicamentos con derechos de patente en vigor, tanto los medicamentos innovadores como los medicamentos exclusivos”. Además, inciden en que los medicamentos innovadores “no son, por su propia naturaleza, susceptibles de ser adquiridos por los procedimientos concurrenciales ordinarios” de la LCSP.



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