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04/12/2017 08:49:48
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Las comunidades autónomas deben 700 millones de euros a las empresas de tecnología sanitaria

Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), confirmó que a falta de un mes para que termine 2017 las comunidades deben 700 millones a estas empresas, 23 menos que el año pasado, si bien sigue siendo una cantidad considerable.

En una entrevista con Servimedia reconoció que "el tema de la deuda ha mejorado mucho en los tres últimos años, pero aún no se ha normalizado. La media de pago está en 90 días, pero hay algunas comunidades como Murcia que paga a 187 días y debe ahora mismo 52 millones de euros", aunque es Valencia la comunidad que más dinero debe, 200 millones.

Sobre el denominado 'Plan Renove' del parque tecnológico sanitario, una cuestión urgente ya que el 70% de los TAC, el 69% de los ecógrafos y el 81% de los equipos de soporte vital superan los cinco años de antigüedad, Alfonsel se mostró esperanzada de que el Gobierno afronte "pronto" esta contingencia, que costará a las arcas españolas 1.400 millones de euros, 300 en cuatro años.

"Quiero destacar que el pasado 21 de noviembre el Partido Popular presentó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a desarrollar medidas que favorezcan la actualización del parque tecnológico existente en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en coordinación con las comunidades autónomas y con los agentes del sector", subrayó Alfonsel. Además, agregó que "la ministra de Sanidad y el secretario general están pendientes de esta cuestión".

A punto de acabar 2017, "un año muy importante para Fenin porque hemos cumplido 40 años", anunció que en enero de 2018 "se implanta el nuevo código ético y de autoregulación de Fenin, del que estamos especialmente orgullosos".

En 2018 las empresas ya no podrán elegir pagar directamente a los profesionales que formen sino que las compañías del sector deberán destinar ayudas a la formación, en forma de becas, para la asistencia de profesionales a eventos de carácter científico-profesional a través de instituciones y organizaciones sanitarias.

Tampoco podrán elegir al profesional sanitario que asista a las actividades formativas. En este sentido, el perfil de los profesionales se decidirá "bajo criterios públicos, transparentes, objetivos y no discriminatorios".



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