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26/09/2018 11:44:40
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Una ley de contratos públicos para que pymes y grandes empresas compitan en igualdad

La nueva norma cumple seis meses. Antes de la reforma, solo el 25% de las pequeñas firmas podía licitar

Cuando se trata de acceder a contratos públicos, las pequeñas empresas no lo tienen fácil. Hasta el pasado mes de marzo, el 70% de las licitaciones se repartían, únicamente, entre una decena de empresas, dejando sin oportunidad a emprendedores y pymes.

“En la actualidad, los mercados de contratación pública son un elemento imprescindible para la actividad de las empresas”, confirman desde la patronal Cepyme, y añaden: “De hecho, la participación de los mismos sobre el PIB representa alrededor del 15%, es decir, aproximadamente 160.000 millones de euros”.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que cumple ahora seis meses, ha cambiado por completo el panorama y permite a las pymes, ahora sí, competir de tú a tú con las grandes compañías.

Para Carlos Ruiz, director de economía de Cepyme, “dentro de las medidas que deben favorecer la competitividad de las pequeñas empresas, las más importantes son las que fomentan su acceso a todo tipo de mercados”. Previo al arranque de la nueva norma “tan solo el 25% de las pymes tenían posibilidad de acceder a competir por un contrato público. Uno de los porcentajes más bajos de toda la UE”, alerta Ruiz. Y eso que, en la red empresarial española, las pequeñas empresas suponen el 99% del total de las compañías.

“Con anterioridad al pasado mes de marzo, cuando entró en vigor la ley, la principal limitación para acceder a licitaciones eran unos requisitos de solvencia demasiado exigentes para la inmensa mayoría de las pymes”, comenta Borja Carvajal, director en el área de regulación, administración y competencia de KPMG Abogados.

Los cambios introducidos son básicamente cuatro: la simplificación de los procesos de adjudicación, la exigencia de dividir los contratos en pequeños lotes que reduzcan las exigencias de solvencia, la flexibilización de dichos criterios y la eliminación, en general, de la garantía provisional.

Registro obligatorio

Otra de las novedades vinculadas a la nueva normativa es la obligatoriedad de registrarse como licitadores públicos en el llamado Rolece (Registro Oficial de Licitadores), una herramienta online en la que se deben haber inscrito, antes del pasado 9 de septiembre, las empresas aspirantes a ganar concursos públicos.

Se trata de un acto necesario para poder presentarse a licitaciones de obras con contratos inferiores a dos millones de euros o a 100.000 euros en el caso de prestación de servicios y suministros.

“Las ventajas de inscripción en el Rolece para las pymes son evidentes. La aplicación del principio de la UE solo una vez, enunciado en la Small Business Act (SBA), está en este registro, puesto que la inscripción de las compañías en el mismo les exime de presentar en cada procedimiento de contratación la documentación necesaria para su relación con el sector público”, explica el director de Cepyme.

En estos primeros meses, los expertos aprecian “una cierta paralización en el ritmo de las licitaciones”, un hecho que consideran “lógico” teniendo en cuenta que las Administraciones públicas han tenido que adaptar sus procedimientos, documentos y modelos de contratación a una nueva norma con muchas novedades.

 

 



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