Noticia de Contratación

Un informe de la Dirección General de Cartera Básica y Farmacia advierte de que “las Comunidades Autónomas y las entidades gestoras no pueden incluir en su cartera de servicios, y por tanto no pueden financiar con fondos públicos, medicamentos con una resolución expresa de no financiación ya que produciría diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos”. Esto llevaría a la prohibición de que los hospitales compren esos medicamentos con resolución de no financiación contradiciendo el Real Decreto de Receta Médica que señala en su artículo 17 que “los medicamentos y productos sanitarios no incluidos en la financiación solo podrán ser adquiridos y utilizados por los hospitales del Sistema Nacional de Salud previo acuerdo de la comisión responsable de los protocolos terapéuticos u órgano colegiado equivalente en cada comunidad autónoma”. El citado informe precisa que este artículo  “se refiere a aquellos medicamentos y productos sanitarios no incluidos en la financiación del SNS, pero no a aquellos medicamentos sobre los que existe, de manera expresa, una resolución de no financiación”. El informe de la Dirección General de Cartera Básica y Farmacia no es vinculante al no ser una norma.

Este informe ha causado incertidumbre  en medios jurídicos y sanitarios, y sus consecuencias, asistenciales y legales han sido analizadas este martes en una jornada organizada por la Fundación para la Investigación en Salud con profesionales, gestores y expertos en derecho sanitario. Prácticamente todos los participantes han expresado su sorpresa ante una comunicación a las comunidades que io ha sido hecha pública, que subraya algo que no contienen ninguna novedad sobre lo que ya está haciendo y que, en los casos en que situaciones clínicas personales, el SNS, como en toda Europa, prevé cauces excepcionales para resolver estas necesidades. El abogado Héctor Jausás ha explicado a CF que “esta no es una tormenta en un vaso de agua ni algo sin importancia” y cabría pensar en llevarlo a los tribunales”. La tesis del documento es que las administraciones regionales tienen que incorporar la cartera común del SNS y, en sus carteras complementarias de servicios, pueden mejorar aquellas pero no corregir las decisiones sobre financiación aprobadas en la Comisión Interministerial de Precios, en las que participan las autonomías. Pero Jausas sostiene que aquí cabría plantear un conflicto de competencias. Alfonso Ramos de Molins, aboagado del Estado, ha recordado que hay precedentes de recursos ante el Tribunal Constitucional contra declaraciones (sin ser normas) falladas a favor de los recurrentes

El jurista Julio Sánchez Fierro ha puesto el acento en las formas. “Aquí hay un problema de opacidad, no se ha consultado con médicos, ni pacientes, ni industria y, aún cuando el propósito fuera buscar una mayor quidad y cohesión, objetivos loables, no es aceptable esta forma autoritaria de proceder”. Y es que, ha explicado, aunque no tenga carácter normativo, podría ser usado como argumento para restringir la vía excepcional en relación con enfermedades raras o supuestos de pacientes sin otras alternativas terapéuticas.

Dionisio Docasar, médico y abogado y ex asesor legal de la Dirección General de Cartera Básica y Farmacia, ha sostenido una posición diferente. “En mi opinión no cambiada nada, solo se recuerda algo obvio; creo que el origen de este informe es la petición de algunas autonomías de un posicionamiento del mInisterio para reforzar sus criterios restrictivos frente a sus comisiones de farmacia y sus profesionales respecto a las excepciones”.