Noticia de Contratación

La nueva Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor el pasado día 9 de marzo, como consecuencia de distintas directivas europeas, y sin embargo Castilla y León se anticipó ya a la misma mediante una serie de innovaciones, entre ellas el Programa Duero que a través de una plataforma electrónica permitió el pasado año gestionar un total de 14.000 contratos por valor de unos 400 millones de euros.

Así lo ha anunciado este miércoles la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, minutos antes de inaugurar en la Feria de Valladolid la jornada 'La nueva Ley de Contratos del Sector Público a debate', donde ha destacado las distintas medidas puestas en marcha por la Junta que han contribuido a que en Castilla y León la entrada en vigor de la nueva normativa, "compleja y extensa", haya transcurrido sin sobresaltos.

PIONERO EN ESPAÑA Y EUROPA

En este sentido, la consejera, en declaraciones recogidas por Europa Press, se felicita del camino ya andado en esta materia por su departamento, fundamentalmente en cuanto a la tramitación electrónica de la contratación pública a través del Programa Duero desde 2009, "pionero en España e incluso en toda Europa", que, como así explica Del Olmo, permite gestionar a través de la misma "desde un contrato menor, como la compra de un paquete de folios, hasta una gran obra pública, de principio a fin", para lo cual las empresas han de presentar su documentación en formato electrónico.

Ese camino ya andado ha contribuido igualmente a que Castilla y León haya sido la primera comunidad en todo el territorio en adherirse desde el pasado mes de abril, merced a un convenio, a la plataforma electrónica del Estado, con el objetivo de que todas las licitaciones se canalicen a través de esta vía telemática.

"En un futuro, y en ese objetivo de la unidad de mercado, dicha plataforma será única para toda la Unión Europea y a la misma podrán acudir todas las empresas españolas y europeas", augura la consejera.

Pero además, Del Olmo ha incidido en que Castilla y León se ha anticipado también a la entrada en vigor de la nueva normativa en la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública, en virtud de sendos acuerdos del Consejo de Gobierno en 2012 y 2016 que han contribuido a que hoy el 82 por ciento de los contratos que realiza la Junta incorporen tales requisitos, así como a través de otros dos acuerdos suscritos recientemente con los agentes económicos y sociales para mejorar la calidad del empleo de las empresas que contratan con la administración, a fin de que éstas incluyan a personas con discapacidad.

A ello se suman igualmente otras medidas en materia de transparencia, añade la consejera, para que a la hora de formalizar contratos con una cuantía superior a 3.000 euros, cuando no se trata de obras, o por importe mayor de 6.000, en el caso de obras, se obligue a pedir al menos tres ofertas "para garantizar la concurrencia" y se elija finalmente la más barata.