Noticia de Contratación

En diciembre de 2011, la Junta de Andalucía se convirtió en la primera administración pública en España en sacar a concurso público la adjudicación de fármacos para su venta en farmacias. Esta medida, comúnmente llamada subasta de medicamentos, se activó gracias a la aprobación por el Consejo de Gobierno de un decreto ley de Medidas Urgentes en Farmacia.

Por entonces, dirigía la Consejería de Salud la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En su momento, el gobierno andaluz, dirigido por José Antonio Griñán, justificó esta medida para intentar disminuir el número de facturas de medicamentos que había acumuladas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con motivo de la crisis económico.

De esta manera, la primera convocatoria de concurso público se realizó en enero de 2012 y se dirigió a tres subgrupos terapéuticos. A esta oferta, se presentaron 13 laboratorios y 11 resultaron adjudicados. El proceso consistía en que la Junta de Andalucía compraba al precio que marcaba el Ministerio de Sanidad y luego los laboratorios ingresaban mensualmente en la Consejería la mejora que habían ofrecido para ganar el concurso.

Tras ello, la Consejería de Salud ha ido extendiendo la subasta a más subgrupos terapéuticos hasta la última que ha convocado, la decimotercera. Desde entonces, la medida ha sido secundada por los tres consejeros de Salud que han ocupado el mismo puesto de María Jesús Montero y, según sus propios dirigentes, ha supuesto un ahorro acumulado de 568 millones de euros.

CONFLICTO CON EL PP

En estos años, el anterior Gobierno del Partido Popular ha intentado plantar batalla a esta iniciativa de la Junta de Andalucía. De hecho, esta medida ha sido recurrida en varias ocasiones por el Ejecutivo de Rajoy ante el Tribunal Constitucional al considerar que invadía competencias estatales. No obstante, la justicia se ha pronunciado hasta en tres ocasiones a favor de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, también ha supuesto un conflicto con algunos profesionales de farmacia de Andalucía como la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran). Tanto que esta corporación llevó a la Comisión Europea el caso para que fuera investigado. No obstante, desde Bruselas se ha optado por no intervenir a favor de esta petición, al entender que la competencia y responsabilidad recae sobre España.