Noticia de Contratación

En muchas de las farmacias de Andalucía hace más de un año que no pueden dispensar Enalapril 5 de los laboratorios Durbán, el medicamento para la tensión que subvenciona el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en virtud del particular sistema de subastas que rige en la comunidad autónoma. Claro que no es el único medicamento que falta habitualmente en los estantes de las boticas de Andalucía.

Durante el mes de agosto, y al menos en la provincia de Málaga, fue una misión imposible encontrar las cápsulas de Rivastigimina de Aurobindo, un medicamento indicado para el tratamiento del Alzheimer, al igual que sucedió con la Olanzapina del mismo laboratorio (en su dosis de 20 miligramos) usada por enfermos de esquizofrenia. Ocon el antifúngico Fluconazol, de Aristo, en dosis de 200 miligramos.

El desabastecimiento forma ya parte del día a día de las farmacias andaluzas, por lo que se refiere a los medicamentos incluidos por el SAS entre los subvencionados tras cada subasta en la que los laboratorios pujan por convertirse en proveedores del sistema público sanitario andaluz.

Sin embargo, el SAS defiende las virtudes de un sistema que, dice la Junta, ha generado pingües ahorros a las arcas públicas. Y, al mismo tiempo, minimiza el problema de la escasez de medicinas e, incluso, lo oculta.

La falta de transparencia del gobierno de Susana Díaz en lo que respecta a las subastas de medicamentos la ha comprobado el Defensor del Pueblo Español, que se ha encontrado con la nula colaboración de la Consejería de Salud mientras investiga estos desabastecimientos a raíz de la queja de una asociación de farmacéuticos y otra de pacientes.

La institución ha pedido ya en tres ocasiones a la Junta de Andalucía que le informe acerca de los problemas de existencias de los medicamentos subvencionados por el SAS y que prescriben los médicos del sistema público. Pero el resultado ha sido siempre el mismo, el silencio del departamento que dirige Marina Álvarez.

El último requerimiento lo ha enviado a la sede de la Consejería de Salud la oficina del Defensor del Pueblo Español hace sólo unos días, el pasado 20.

Tras dos intentos anteriores fallidos, la institución estatal ha reclamado «de forma urgente» a la Administración andaluza la información detallada de los desabastecimientos que sufren las farmacias de la comunidad.

Así lo explica la adjunta al Defensor, Concepció Ferrer, en un escrito remitido a la presidenta de la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran), promotora de la queja junto al Foro Andaluz de Pacientes (que integra a 18 asociaciones distintas).

En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la adjunta alude a la investigación ya en marcha y por la cual ya concluyó que el sistema de subastas es legal pero cuestionable, ya que a su juicio rompe el «principio de igualdad» y deja a los pacientes andaluces en inferioridad de condiciones con respecto a los del resto del país.

En opinión de la oficina del Defensor, este sistema supone un «menoscabo del principio de igualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias» de los andaluces en relación al resto de los españoles.

Y ello, añade, porque «excluye de la financiación y dispensación, para toda Andalucía, de medicamentos a los que puede tener acceso el resto de la población en el marco del Sistema Nacional de Salud».

En otras palabras, que el sistema de subastas deja a los pacientes andaluces sin acceso a medicamentos que sí financia la sanidad pública en el resto del país.

Reprocha, además, a la Junta de Andalucía, que se excluyan medicamentos de la financiación pública que sí están disponibles en otras comunidades. Pero, asimismo, la institución pone en entredicho que los medicamentos seleccionados tengan unos estándares de calidad equiparables.