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15/01/2018 11:37:48
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La UE abre una investigación sobre la subasta de fármacos andaluza

La Comisión Europea va a investigar las conocidas como subastas de medicamentos después que la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran) haya llevado hasta Bruselas el polémico procedimiento mediante una solicitud remitida, y admitida, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

 

La subasta de medicamentos, el sistema por el que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudica a laboratorios el suministro de los fármacos que financia, está bajo la lupa de la Unión Europa (UE).

La Comisión Europea va a investigar las conocidas como subastas de medicamentos después que la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran) haya llevado hasta Bruselas el polémico procedimiento mediante una solicitud remitida, y admitida, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Así se lo ha comunicado oficialmente a Afaran la presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wikström, en una carta a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía y en la que explica que la petición de investigación ha sido admitida a trámite al tratarse de «un asunto que incide en el ámbito de actividades de la Unión Europea» de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo.

La Comisión Europea llevará ahora a cabo una investigación preliminar sobre la base de la información que ha remitido Afaran a Bruselas y que posteriormente proseguirá el órgano parlamentario que, además, ha remitido el asunto a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Eurocámara.

La asociación de farmacéuticos mantiene que el sistema de subastas de medicamentos es una fuente de problemas y está plagado de irregularidades. Según Afaran, el sistema repercute negativamente en los pacientes al proporcionarles fármacos de baja calidad, a lo que se une los problemas de desabastecimiento frecuentes.

Las subastas, por las que el gobierno de Susana Díaz dice ahorrar millones de euros, han sido cuestionadas casi desde su puesta en marcha. Hasta el punto de que fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo Español abrió una investigación que se ha cerrado muy recientemente.

Precisamente, el TC declaró ajustado a derecho el sistema de subastas, pero el mecanismo del que presume la Junta no convence al Defensor del Pueblo Español, que sostiene que rompe el principio de igualdad y deja a los andaluces en inferioridad de condiciones con respecto al resto del país.

La institución señaló en diciembre de 2016 que las subastas del SAS suponen un «menoscabo del principio de igualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias» de los andaluces en relación al resto de los españoles. Y ello, añadía el Defensor, porque «excluye de la financiación y dispensación, para toda Andalucía, medicamentos a los que puede tener acceso el resto de la población en el marco del Sistema Nacional de Salud».

En otras palabras, que el sistemas de subastas deja a los pacientes andaluces sin acceso a medicamentos que sí financia la sanidad pública en el resto del país.

En el escrito, la adjunta segunda al Defensor del Pueblo Español, Concepció Ferrer, reprochaba a la Junta de Andalucía que se excluyan medicamentos de la financiación pública que sí están disponibles en otras comunidades.

Pero no sólo cuestionaba el Defensor del Pueblo Español la desigualdad que introduce las subastas. Además, la institución ponía entonces en entredicho que los medicamentos seleccionados por el SAS tengan unos estándares de calidad equiparables.

La culpa, de las farmacias

Respecto a uno de los problemas más graves derivados de las subastar, el de los desabastecimientos, la propia Consejería de Salud ha dado hace apenas unos meses su propia versión, en la que culpa de la escasez de algunos de los fármacos financiados por el sistema sanitario público andaluz a las farmacias y a los almacenes de distribución.

Como publicó este periódico, el Gobierno andaluz dice que apenas en un 12% de los casos los medicamentos genéricos incluidos en el sistema de subastas y prescritos por los médicos no se dispensan y que de todos estos casos de desabastecimientos al menos la mitad son atribuibles a problemas de stock de las propias farmacias, que se han quedado sin existencias pese a que sí hay en los laboratorios.

También habla la Junta de «razones económicas» detrás de estas circunstancias. Asimismo, apunta a un «servicio inadecuado» por parte de los almacenes de distribución como otro de los motivos de desabastecimiento. En definitiva, que la escasez es puntual y no es responsabilidad suya.



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