Noticia de Contratación

Casi un mes después de que la secretaría de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) comunicara a Afaran y al Foro Andaluz de Pacientes su decisión de no reabrir la petición escrita en relación al sistema de subastas de Andalucía, los peticionarios han recurrido a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly. En escrito remitido el 18 de febrero, le solicitan la incoación de un procedimiento de investigación por una presunta violación del derecho de petición y del derecho a una buena administración, y que se revoque la decisión de PETI de dar por concluido el examen del fondo de la petición escrita y el archivo de la misma.

Afaran y los pacientes andaluces se esfuerzan en defender que su petición no tiene una naturaleza política, como han argumentado algunos miembros de la Comisión de Peticiones para impedir su debate en comisión. Insisten en que las subastas son un problema “de Salud pública” y en su opinión merece que sea analizado “en una institución como el Parlamento Europeo que representa y defiende los intereses de los ciudadanos europeos”, y que siempre las peticiones como un elemento clave de la democracia participativa.

“El Defensor del Pueblo Europeo comprenderá que estamos ante un problema sanitario mayor, de interés europeo, dada su afectación a una parte importante del Mercado único europeo que afecta a millones de ciudadanos europeos que deberían beneficiarse en Andalucía de un servicio de Salud universal y de calidad, al igual que el resto de ciudadanos españoles y europeos”, añaden los firmantes.

Afaran y el Foro Andaluz de Pacientes consideran que se ha violado el derecho de petición puesto que, aunque la Comisión de Peticiones solicitó a la Comisión Europea que llevara a cabo una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema, en ningún momento se llegó a entrar en el fondo de la cuestión.

En cuanto al derecho a una buena administración, los peticionarios señalan que, si bien PETI se ha limitado a comunicar el archivo de la petición, en ningún momento les ha comunicado cuáles han sido los motivos precisos de por qué se ha concluido el examen de la petición y el archivo de la misma. “En efecto, la respuesta nunca ha sido clara, precisa, oportuna, no se ha entrado a valorar el fondo del asunto que la petición plantea ni se ha sido congruente con lo solicitado en la petición”, apuntan.