Noticia de Contratación

Noche histórica la que ha vivido este domingo Andalucía. El PSOE, liderado en la autonomía por Susana Díaz, ha perdido en la cita electoral del 2-D un total de 14 diputados en el Parlamento de Andalucía, otorgándole una representación de 33 escanos, el peor resultado de los socialistas en la comunidad.

Los resultados obtenidos por el PP, con 26 diputados (siete menos que en 2015), los 21 de Ciudadanos (12 más que en las últimas elecciones) y la irrupción de Vox con 12 representantes, hacen preveer un cambio de rumbo en la Junta de Andalucía y, por ende, en su sistema sanitario.

Una de las piezas clave en la gestión sanitaria del PSOE en Andalucía ha sido la adjudicación de fármacos para su venta en farmacias a través de concurso público. Esta medida, comúnmente denominada subasta de medicamentos, se activó en diciembre de 2011 gracias a la aprobación por el Consejo de Gobierno de un Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia.

Por entonces, dirigía la Consejería de Salud la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En su momento, el Gobierno andaluz, dirigido por José Antonio Griñán, justificó esta medida para intentar disminuir el número de facturas de medicamentos que había acumuladas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con motivo de la crisis económico.

De esta manera, la primera convocatoria de concurso público se realizó en enero de 2012 y se dirigió a tres subgrupos terapéuticos. A esta oferta, se presentaron 13 laboratorios y 11 resultaron adjudicados. El proceso consistía en que la Junta de Andalucía compraba al precio que marcaba el Ministerio de Sanidad y, posteriormente, los laboratorios ingresaban mensualmente en la Consejería de Salud la mejora que habían ofrecido para ganar el concurso.

Tras ello, la Consejería de Salud ha ido extendiendo la subasta a más subgrupos terapéuticos hasta la última que ha convocado, la decimotercera. Desde entonces, la medida ha sido secundada por los tres consejeros de Salud que han ocupado el mismo puesto de María Jesús Montero y, según sus propios dirigentes, ha supuesto un ahorro acumulado de 568 millones de euros.

CONFLICTO CON EL PP

En estos años, el anterior Gobierno del PP ha intentado plantar batalla a esta iniciativa de la Junta de Andalucía. De hecho, esta medida ha sido recurrida en varias ocasiones por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC) al considerar que invadía competencias estatales.

Por otra parte, también ha supuesto un conflicto con algunos profesionales de farmacia de Andalucía como la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran). Tanto que esta corporación llevó a la Comisión Europea el caso para que fuera investigado. No obstante, desde Bruselas se ha optado por no intervenir a favor de esta petición, al entender que la competencia y responsabilidad recae sobre España.