Noticia de Contratación

Así lo manifestaron en el último ‘Foro Sanidad y Derecho’ el responsable regional de gestión pública en Sandoz, división de genéricos de la compañía farmacéutica Novartis, y exdirector general de Gestión Económica y Compras del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Jesús Vidart; la subdirectora de Gestión Económica del Complejo Hospitalario La Paz, Cantoblanco y Carlos III, Ana de Prado; y el abogado colaborador del Laboratorio de la Contratación Pública, Mario Ledesma; en un encuentro moderado por la responsable del gabinete jurídico del madrileño Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, Natalia Hormaeche.

El foro se centró en la experiencia con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, así como en las claves de su aplicación y las diferencias esenciales con la legislación anterior. Es una ley que “ha exigido muchos cambios, sobre todo a la Administración pública; por ejemplo, la estricta división en lotes, la contratación electrónica, los nuevos criterios de evaluación medioambientales y sociales, la tipología de los contratos y los contratos menores”, introdujo Natalia Hormaeche.

Con esta ley también queda modificado el sistema de publicidad, “que da prioridad a la transparencia”, sostuvo Hormaeche, que añadió que «requiere de mayor colaboración por parte del profesional sanitario en la elaboración de pliegos». Además, “pretende que los licitadores sean mayoritariamente pequeñas y medianas empresas (pymes) y ya no prima al precio como objeto último de la contratación, sino que busca la oferta más eficiente en cuanto a utilidad, respeto a criterios medioambientales y sociales, innovación de los servicios a prestar y limitación del riesgo financiero del propio adjudicatario”, expuso.

Ahora, la norma habla de mejor oferta en relación calidad-precio

En opinión de Jesús Vidart, “es una buena ley porque ha dado mucha publicidad a la contratación pública, por ejemplo, en materia de precios, ya que apuesta por la calidad. Esto no quiere decir que la anterior ley no apostara por ella, pero España atravesaba la crisis y la situación económica era mala, por lo que había que sacar concursos a precio”. La norma anterior hablaba de “oferta económica más ventajosa y la actual de mejor oferta en relación calidad-precio; sin embargo, de momento, esto no está suponiendo que compremos mejor. La ley es un instrumento, pero somos nosotros, la Administración y la empresa privada, los que tenemos que apostar la calidad porque sino seguiremos comprando a precio”, explicó.

Ana de Prado coincidió con Vidart en ver con positividad la nueva ley, “en primer lugar, porque obliga a la licitación electrónica que invita a modernizarnos, lo que nos está facilitando el día a día en los Servicios de Contratación y de Suministros”. La subdirectora de Gestión Económica de La Paz también valoró los distintos tipos de procedimientos. “Ahora se diferencia entre procedimiento abierto simplificado y simplificado abreviado, lo que ha dado muchas posibilidades a los Servicios de Contratación, pues nos han permitido reducir las compras menores y sustituirlas por este tipo de procedimientos incrementando la agilidad. También destaco su apuesta por criterios de responsabilidad social corporativa, que la ley anterior no contemplaba”, señaló.

Como aspectos negativos en la experiencia de la aplicación de la Ley en el Hospital Universitario La Paz, De Prado destacó que “la obligación de transparencia en ocasiones es excesiva porque obliga a publicar todo y el equipo del Servicio de Contratación tiene que invertir la mayor parte de su tiempo en ello, lo que supone una tarea que no aporta, ya que no hay nada integrado entre los sistemas de informatización”. Con ella coincidió Mario Ledesma, para quien “queda mucho por recorrer en cuanto a la interoperabilidad de las plataformas a efectos de la contratación electrónica ”.

La compra eficiente debería ser la finalidad primera de la normativa

Por esta Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público se trasponen al ordenamiento jurídico español dos Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de 2014 y sus principios básicos son los de “proporcionalidad, publicidad, transparencia, igualdad de trato, libre concurrencia e integridad”. A la hora de conocer la valoración de algunos de estos principios por los ponentes, Vidart manifestó su desacuerdo en que “la finalidad primera de la exposición de motivos de la ley sea la transparencia, porque debería ser la compra eficiente y la adecuada utilización de los recursos públicos”.

“Solo un 0,8 por ciento de personas consultaron contratos menores en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado. No tiene sentido el trabajo que se invierte en publicar información sobre ellos que, luego, nadie lee y que repercute negativamente en la adecuada elaboración de los pliegos al restar tiempo a los equipos de contratación. Sí estoy a favor de la transparencia, pero considero que debería ser más eficiente”, añadió el responsable regional de gestión pública en Sandoz.

Desde la visión de la empresa privada, Ledesma considera que, “en ocasiones, cuando se van a interponer recursos especiales, se intenta acceder a informes necesarios del contratista que no se han publicado. En esta línea, creo que debería haber una postura intermedia y que se unificara doctrina y posturas por parte de los distintos tribunales”. A este respecto, para Vidart, “confidencialidad y transparencia deberían ser compatibles”, y para De Prado, “las empresas deberían hacer un esfuerzo por diferenciar lo confidencial de la información técnica”.

La Ley da prioridad a aspectos políticos frente a técnicos

“En esta Ley se ha mezclado la política con la técnica por la desconfianza en el sector público, que deriva de los problemas de corrupción a nivel político”, explicó Vidart, con quien coincidió De Prado, para quien, “aunque haya habido estos problemas en las altas esferas políticas, no significa que tenga que darse en todos los trabajadores públicos”.

Ledesma planteó sus dudas sobre “la existencia de un control suficiente en el cálculo de presupuestos a la hora de la licitación, porque a veces se ven contratos que son deficitarios y otros que están sobredimensionados”, con lo que Vidart mostró su consonancia y expuso que “fijar el precio de mercado por parte de la Administración es complicado”. De Prado habló desde su experiencia en el Hospital Universitario La Paz y aseguró que “los contratos de grandes importes están muy trabajados”.

Con respecto al principio de innovación reflejado en la Ley, Ledesma explicó el concepto de blockchain o cadena de bloques, “un sistema que, a través de algoritmos, permite identificar respuestas que son medibles para transformarlas en un proceso, por lo que una apertura de un sobre con unas determinadas respuestas evitaría una evaluación personal, que se haría de forma automática, y servirá para criterios objetivos y para el precio. Es un campo en el que se está trabajando”.

La figura del recurso especial en materia de contratación generó debate entre los ponentes, pues, en ocasiones, “no se aplica de manera correcta, lo que limita la concurrencia, por lo que deben ser interpuestos en su justa dosis”, explicó el abogado especializado en Contratación Pública. De la misma opinión fue De Prado. “Es rara la semana que no tenemos un recurso y, a veces, se confunde esta herramienta con un abuso”, afirmó esta última, quien fue secundada por Vidart, que señaló que “muchos de estos recursos tienen la intención de que no salgan los concursos públicos y deberían multarse”.

El acto fue cerrado por el subdirector gerente del Hospital Materno-Infantil de La Paz e impulsor de estos foros, el doctor Javier Cobas, quien agradeció las intervenciones de los ponentes y valoró “el importante papel que tienen los gestores de fondos públicos en los hospitales”.