Noticia de Contratación

Asimismo, establecerá procedimientos para evitar demoras en los pagos y asegurar el cumplimiento de este plazo, incluyendo la posibilidad de cobro directo a través de una entidad de crédito.

Así se recoge en el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que entrará en vigor en un plazo de dos meses y que establece la garantía de los tiempos de pago de la Administración autonómica y sus entidades instrumentales.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha resaltado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se trata de un decreto "pionero" en el conjunto del Estado y que supone una "garantía" en caso de incumplimiento, pues establece mecanismos para preservar ese derecho de los proveedores.

"Es un decreto oportuno e innovador", ha asegurado la consejera tras admitir que las administraciones pagan "tarde".

El nuevo plazo de 20 días también será aplicable al abono de becas y ayudas al estudio, así como al de medicamentos a las oficinas de farmacia y a las compensaciones económicas por la asistencia jurídica gratuita.

La norma también fija, por vez primera, un periodo máximo de 45 días para la percepción de subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de salud, educación y servicios sociales.

La norma aprobada especifica que, en el sector de la salud, se atenderá el pago en 20 días a las facturas de servicios asistenciales, conciertos (como los de transporte en ambulancia, diálisis o rehabilitación) y aquellas partidas necesarias para el funcionamiento de los centros sanitarios y hospitales (agua, gas, limpieza, lavandería, productos alimenticios y por prestaciones farmacéuticas y complementarias, entre otras).

En el ámbito educativo, la medida supondrá agilizar los abonos relativos a la reparación, mantenimiento y conservación de edificios docentes públicos, así como al programa de gratuidad de libros de textos, aula matinal, transporte escolar, comedores, becas y ayudas al estudio, conciertos docentes y gastos de limpieza, seguridad, electricidad y funcionamiento de los centros de educación Infantil, enseñanza obligatoria o Formación Profesional.

En los servicios sociales, el pago a 20 días beneficiará a la atención a la dependencia y la infancia, la asistencia jurídica gratuita, el plan sobre drogodependencias o la protección contra la violencia de género.

El decreto prevé asimismo la adhesión de las universidades públicas andaluzas al sistema de garantías así como la ampliación paulatina de los ámbitos en los que se establecerán plazos máximos para el abono de facturas.

Con el fin de garantizar los tiempos de pago y evitar demoras, la norma aprobada especifica la agilización de los procedimientos de gestión, fiscalización y contabilización de las facturas.

Para evitar demoras involuntarias, el sistema enviará alertas de forma automática a los órganos encargados de reconocer las obligaciones y de pagar a los proveedores (consejerías y agencias) cuando tengan facturas próximas a vencimiento.

Asimismo se crea la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, una sede electrónica donde los interesados podrán acceder a la información sobre el estado de tramitación de sus facturas y obtener un certificado que acredite la deuda vencida en el caso de reclamación por demora.

En estas situaciones, el proveedor recibirá contestación en siete días hábiles indicándole la fecha para el abono de la factura.

Si dicho plazo no existiese, se le reconocerá el derecho de garantía para el cobro directo a ejercitar en una entidad de crédito colaboradora, mientras que las personas que mantengan deudas en periodo ejecutivo con la Junta no tendrán acceso al sistema hasta que no estén al corriente de sus obligaciones con la Hacienda.

La Oficina de Atención a Personas Acreedoras elaborará una memoria anual sobre las actuaciones realizadas para garantizar los plazos de pago y las reclamaciones recibidas.

La Junta de Andalucía gestiona cada año más de un millón de obligaciones, de las que más del 80 % se presentan telemáticamente a través del Punto Único de Factura Electrónica, un factor que contribuye a reducir los plazos de tramitación y los pagos.

Desde su implantación en junio de 2015, se ha producido un ahorro medio en 14 días en la grabación de las facturas, reducción que también se ha trasladado a la gestión administrativa y contable de las obligaciones así como en el abono de los importes.

En 2016, la Junta realizó pagos por un importe superior a los 8.200 millones de euros correspondientes a empresas de bienes y servicios, así como proveedores de suministros del sector público andaluz, y el 76 % de las facturas abonadas se destinaron a la cobertura de gastos en sanidad, educación y dependencia. EFE