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19/06/2017 09:11:27
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Cs cuestiona la legalidad en el Tribunal de Contratación Pública de Madrid

Denuncia que la presidenta y los vocales continúan pese a que su mandato ha expirado

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que fiscaliza los contratos de mayor importe de la Comunidad de Madrid -superiores a 1,5 millones de euros y que son aprobados por el Consejo de Gobierno- y que atiende los recursos en materia de contratación, está tomando decisiones que son legalmente cuestionables.

Al menos así lo piensa Ciudadanos, que denuncia que, desde el pasado 28 de abril, la presidenta y los dos vocales del organismo siguen en su cargo cuando su «mandato ya está expirado».

El tribunal, creado el 1 de enero de 2010 con una ley de medidas de acompañamiento, comenzó a funcionar el 28 de abril de 2011 y en su aprobación se recogía que los puestos, tras convocarse un concurso entre funcionarios de carrera, tenían un mandato de seis años.

En 2014 una de las vocales renunció a su cargo y fue sustituida. De acuerdo al diputado de la formación naranja Enrique Veloso, además, en junio de 2016 otra ley aprobada estableció que el número de vocales pasara de dos a cuatro «y debían haber estado designados a partir del 1 de enero de 2017. Estamos en junio y todavía no han sido nombrados, incumpliendo la propia ley. Además, las personas que ocupan el cargo lo hacen de forma ilegítima».

Según el diputado, esta circunstancia «afecta a la legalidad de las decisiones». «Si este órgano administrativo decide invalidar un contrato alguien podría coger y recurrir, porque, dirían, 'ustedes no tienen legitimidad y no ocupan legítimamente esos cargos'», señala Veloso.

«¿Será esa la intención del Gobierno regional?», se pregunta el diputado, que añade que «tener bajo control este órgano te puede ayudar a frenar las adjudicaciones de contratos millonarios». Así lo hizo patente en un reciente Pleno de la Asamblea de Madrid, en el que la consejera de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, le respondió que las decisiones del Tribunal están legitimadas y tienen plena validez jurídica.

Según fuentes de la Consejería de Economía, el articulado de la Ley 5/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la regulación del Tribunal (BOCM de 10 de agosto de 2016) recoge que en caso de «renuncia o expiración de su mandato», el miembro afectado «continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su cargo el que lo haya de sustituir».

En ese sentido, expresan desde Economía, el artículo hace alusión a las «funciones plenas». «Esto quiere decir, por tanto, que el Tribunal se encuentra legitimado para dictar resoluciones con plena garantía de validez».

Desde la Consejería también especifican que actualmente está en trámite en el Congreso de los Diputados un nuevo Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que pretende trasponer al ordenamiento jurídico español dos directivas comunitarias, por lo que consideran «razonable» esperar a ver si esta nueva regulación exigirá cambios en el Tribunal.

Para Ciudadanos, este último motivo es «rocambolesco», ya que el PP, a nivel estatal, está «boicoteando» la ley. «No sabemos cuándo se va a aprobar», precisa.

 



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