Noticia de Contratación

La Junta de Andalucía ha creado el Portal de la Licitación Electrónica para impulsar el servicio de contratación y contribuir así a reactivar la licitación pública como elemento dinamizador de la economía, en una clara apuesta por la innovación, la agilización de trámites y la simplificación administrativa.

La Consejería de Hacienda, Industria y Energía está desarrollando la Plataforma de Contratación que aloja los perfiles del contratante, el sistema unificado de tramitación electrónica de expedientes de contratación y el Portal de Contratación, como punto unificado de información en esta materia del sector público andaluz.

Tras un año de trabajo y para culminar este proceso de implantación de un sistema integral de contratación electrónica, el Consejo de Gobierno ha acordado la puesta en funcionamiento de un sistema de licitación que gestione las relaciones electrónicas en materia de contratación y dé soporte a la Junta de Andalucía. Su objetivo, mejorar el funcionamiento interno de esta Administración en el ámbito de la contratación pública y optimizar los canales de relación de la Junta de Andalucía con las empresas y la ciudadanía, lo que contribuirá a una mejor calidad en los servicios públicos, optimizando y racionalizando las gestiones y el gasto público.

Sistema SiREC, obligatorio

El Sistema de Información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación (SiREC) gestiona las relaciones que se mantienen con los operadores económicos, incluida la presentación de ofertas electrónicas en el ámbito de los procedimientos de contratación del sector público andaluz, y garantiza la confidencialidad, integridad y no repudio de las comunicaciones. Este sistema será obligatorio para todos los órganos de contratación de la Junta de Andalucía y para su sector público, vinculado o dependiente.

Políticas de estímulo a la actividad económica

Los poderes públicos deben jugar un papel dinamizador ejemplar y poner en marcha políticas de estímulo a la actividad económica que garanticen una rápida recuperación de Andalucía. Dentro de las medidas de reactivación económica se sitúa la activación de las licitaciones públicas, que representan en torno al 20% del PIB nacional.

La crisis provocada por el Covid-19 ha generado la necesidad urgente de avanzar en la modernización y la mejora de los procesos de licitación pública en la Administración andaluza, lo que contribuirá a aumentar la concurrencia y la transparencia en los procesos de adjudicaciones de los contratos, beneficiando significativamente al tejido empresarial. Estas medidas reducirán los costes asociados a la gestión de la contratación pública tanto para la Administración como para las empresas licitadoras, ya que implican agilización de los trámites y simplificación administrativa.

Mantenimiento de las medidas

La situación de crisis sanitaria ha supuesto también que la atención presencial a las empresas y ciudadanía por parte de las administraciones públicas haya quedado reducida a servicios esenciales, reforzándose la atención telefónica y telemática, ayudando así a mantener el distanciamiento social necesario para contener la enfermedad.

Por ello, para reducir la cumplimentación de trámites de manera presencial y evitar la asistencia de empresarios a las oficinas, resulta necesario articular con carácter urgente las medidas precisas que posibiliten, en las actuales circunstancias, la gestión de trámites ante el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, avanzando en la implementación de la tramitación electrónica de los procedimientos.

Para hacer frente a las necesidades de conciliación de la prestación del servicio público y la protección de la salud de la ciudadanía, así como minimizar los riesgos de contagio, se establece la medida que incluye la obligación de relacionarse exclusivamente de manera electrónica en los procedimientos de inscripción, actualización y cancelación en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Además, resulta necesario establecer el carácter indefinido de esta medida a fin de que despliegue sus efectos más allá de la citada situación de emergencia sanitaria para paliar los efectos económicos negativos que la necesaria parálisis de la actividad decretada supondrá en los meses posteriores a la misma, así como la necesidad de adoptar medidas que restituyan los servicios afectados con la máxima celeridad.