Noticia de Contratación

El órgano que fue creado en 2017 para vigilar los sistemas de contratación pública y servir de barrera contra la corrupción, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), se ha quedado sin la presidenta que prometía darle impulso.

María José Santiago ha renunciado al cargo, en una decisión que pasó por el Consejo de Ministros del pasado jueves, tras lo que ingresa en la ingeniería pública Tragsa como directora de la Asesoría Jurídica. El cambio se produce tras la avalancha de contratación de emergencia por la crisis sanitaria y en plena revolución del modelo concesional. Santiago eludió ayer hacer declaraciones y desde su entorno se explica que buscaba "un cambio de aires y volver a la asesoría jurídica, por lo que se presentó al proceso de selección de Tragsa".

La Oirescon nació de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público con la misión de velar por la adaptación a las directivas comunitarias. Santiago añadía el objetivo de mejorar la transparencia y eficacia.

La puesta en marcha de la oficina, adscrita a Hacienda, fue tomada como un impulso a nuevos modelos de contratación y colaboración público-privada. Máxime cuando su presidenta también lideraba la nueva Oficina Nacional de Evaluación (ONE), desde la que se supervisan las concesiones públicas.

Su salida se produce cuando los Ministerios de Transportes y Hacienda están tratando con constructoras, promotoras y bancos distintos planes de choque contra la crisis impulsados por la inversión privada. También está sobre la escena el cálculo de las compensaciones por la quiebra de las autopistas. Pero, más allá de lo relativo al ministerio de José Luis Ábalos, la Oirescon ha estado encima en los últimos meses de la contratación de los órganos de Sanidad.

Su informe sobre procedimientos de emergencia por el Covid-19 es del 30 de abril, con última actualización el 23 de junio e insistencia sobre la necesidad de transparencia. De hecho, recomienda especial cuidado y detalle en la información de los contratos en su publicación: “De dicha información depende la verificación posterior de la justificación y adecuación a la norma de estos contratos, así como los derechos que frente a estas adjudicaciones puedan tener los ciudadanos”.

También es de muy reciente publicación la guía para la reactivación de la contratación pública tras el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos. Pero el papel de este órgano de control interno dista aún de lo que demanda Bruselas. Quizás sin ir tan lejos como el caso que acabó en la denuncia de la Airef contra Hacienda (2016), en tiempos de la presidencia de José Luis Escrivá, por falta de independencia y medios para fiscalizar a la Hacienda de Cristóbal Montoro.

Su informe sobre procedimientos de emergencia por el Covid-19 insistía sobre la necesidad de mayor transparencia

Desafíos

La Oirescon cuenta con un plan estratégico 2020-2024, en el que reclama “un importante compromiso y esfuerzo por parte del Gobierno y la necesaria coordinación y cooperación con las distintas instituciones”. Tanto la Comisión como el Consejo Europeo llamaron la atención a España el año pasado ante la falta de recursos “para una realización efectiva de sus objetivos”. Y se advirtió de que la oficina “está lejos de tener una posición prominente, lo que podría menoscabar su papel como autoridad de supervisión en relación con otras instituciones y organismos”.

Entre los objetivos del plan estratégico figura el diseño de un mapa de riesgos en la contratación para identificar problemas sistémicos; establecer vías de colaboración con la CNMC, o coordinar a las distintas Administraciones en el control de la contratación.

Dos años después de su nombramiento, María José Santiago, argumentan las fuentes consultadas, estaba a la espera de una regulación clara sobre el funcionamiento y recursos de su departamento. Sí rige, por el contrario, una estructura orgánica (Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre) por la que cada uno de los cuatro vocales se ocupaba de una división: evaluación de los contratos de concesión; regulación y ordenación de la contratación; supervisión de la contratación y relaciones institucionales, y la división de asuntos generales.

Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que el órgano está cumpliendo con su labor y presentando informes. Los mandatos de la Oirescon se establecen por seis años, por lo que el Gobierno procederá a nombrar un nuevo funcionario del máximo nivel y con experiencia en la contratación pública.