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Si bien su entrada en vigor —y sus correspondientes ahorros— llegará ya a la farmacia en 2018. Cabe recordar que la publicación de esta Orden venía demorándose en los últimos meses, en buena parte por el análisis que estaba haciendo el Ministerio de Sanidad respecto a cómo aplicar lo estipulado en diversas sentencias del Tribunal Supremo que invalidaban la creación de diversos conjuntos en órdenes anteriores (si bien la versión oficial siempre ha desligado su retraso de esta cuestión).

En concreto, las sentencias del Tribunal Supremo coincidían en que la clasificación ATC (sistema de clasificación Anatómica, Terapéutica y Química de los medicamentos) no es por sí misma una referencia válida para agrupar medicamentos en torno a conjuntos, por lo que anulaba parcialmente las órdenes de precios de referencia de los años 2014 y 2015.

En una suerte de “sí, pero no”, la Orden de Precios ahora publicada alude a dichas sentencias pero sin aplicar las consideraciones del Supremo. En concreto, se indica que “en relación con determinados conjuntos de referencia –señaladamente los que han sido objeto de recientes sentencias de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo–, cumple significar que, en aplicación de las indicaciones recogidas en las correspondientes sentencias, se ha justificado adecuadamente la postura de la Administración respecto a la no variación en esta nueva orden de algunos de los conjuntos afectados”. Esa “justificación adecuada” sobre los motivos que han llevado a la Administración a mantener los conjuntos afectados no aparece en el texto de la nueva Orden, por lo que se desconoce si habría sido manifestada al organismo judicial.

En una primera valoración a EG, los juristas que representaron a las compañías en la presentación de los recursos han manifestado a EG su “absoluta sorpresa” por la decisión del Ministerio de hacer “caso omiso” a las directrices del Supremo y ya se encuentran analizando a fondo el contenido de la nueva Orden.