Resumen de la Resolución 1310/2026 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

Resumen de la Resolución

La Resolución 1310/2026, dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en Sección 2, resuelve un recurso especial en materia de contratación interpuesto por ADX RENOVABLES, S.L., representada por D. M. B. B., contra el Anexo N 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del procedimiento de contratación del suministro de gas natural para el Hospital Egarsat, promovido por EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N 276, dentro del expediente 2026/LIC/0020.

El núcleo del litigio se centra en una condición especial de ejecución de carácter medioambiental prevista en el pliego, que obligaba al adjudicatario a cubrir el 100 por 100 del consumo previsto mediante gas natural neutro con garantía de origen. La controversia surgió porque el pliego atribuía erróneamente a la CNMC la certificación de esas garantías de origen, cuando la acreditación competente corresponde en realidad a ENAGAS GTS, de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, el Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, y la Orden TED/1026/2022, de 28 de octubre. El propio órgano de contratación reconoció el error al contestar una consulta formulada durante la licitación, indicando que la exigencia se mantenía, pero que la emisión de las garantías debía entenderse referida al organismo competente.

La recurrente sostuvo que el pliego contenía una condición de imposible cumplimiento o, al menos, jurídicamente defectuosa, y que la rectificación operada a través de la respuesta a la consulta obligaba a una modificación formal del pliego y a la ampliación del plazo de presentación de ofertas. Entendía que la falta de una nueva publicación y de un nuevo plazo vulneraba los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia. El órgano de contratación, por el contrario, defendió que se trataba de un error material rectificable sin necesidad de retroacción, que la aclaración fue pública y vinculante conforme al propio pliego y al artículo 138.3 de la LCSP, y que no existía una modificación significativa en los términos del artículo 136.2 de la LCSP.

El Tribunal, tras admitir el recurso y analizar la controversia a la luz de los artículos 122, 136, 138, 47, 48, 50, 56 y 57 de la LCSP, así como de la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el concepto de error material y su propia doctrina previa, concluye que la referencia errónea a la CNMC era efectivamente un error material, patente y fácilmente identificable, pero no una alteración sustantiva del contenido obligacional del contrato. Por ello, considera que la aclaración publicada bastó para corregir la inexactitud sin necesidad de aprobar una modificación formal del pliego ni de ampliar el plazo de presentación de ofertas.

En consecuencia, el Tribunal desestima el recurso, levanta la medida cautelar de suspensión acordada durante la tramitación y declara que no concurre mala fe ni temeridad, por lo que no impone sanción conforme al artículo 58.2 de la LCSP. La resolución es definitiva en vía administrativa y únicamente cabe contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, conforme a los artículos 11.1.f y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Detalles Generales de la Resolución

• Número de Resolución: La resolución analizada es la 1310/2026, correspondiente al recurso especial en materia de contratación 549/2026. La identificación completa refleja, además, la intervención de la Sección 2 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

• Fecha: La resolución fue dictada en Madrid, el 30 de julio de 2026. La tramitación incluye una medida cautelar acordada por la Secretaría General del Tribunal el 16 de abril de 2026, y la resolución menciona también como antecedente relevante el informe del órgano de contratación de 8 de abril de 2026.

• Tribunal: El órgano resolutor es el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al ámbito del Ministerio de Hacienda, con intervención de su Sección 2. En el encabezado de la resolución se hace constar que el acuerdo se adopta en sesión del día de la fecha. El texto final aparece suscrito por la Presidenta y los Vocales, aunque en el extracto proporcionado no se individualizan sus nombres.

• Expediente: El procedimiento de contratación impugnado se tramitaba bajo el expediente 2026/LIC/0020. El recurso especial se identifica internamente como 549/2026.

• Organismo: El órgano de contratación es EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N 276, que convoca la licitación para el suministro de gas natural para su Hospital Egarsat.

• Objeto del Contrato: El contrato tiene por objeto el suministro de gas natural para el Hospital Egarsat, de naturaleza contractual de suministros, tramitado por procedimiento abierto simplificado, no sujeto a regulación armonizada y de tramitación ordinaria. Se trata de una licitación vinculada a la provisión energética del centro hospitalario, con exigencias ambientales específicas incorporadas en el pliego, entre ellas la cobertura íntegra del consumo con gas natural neutro con garantía de origen.

• Partes Intervinientes: La parte recurrente es ADX RENOVABLES, S.L., representada por D. M. B. B.. Como licitadoras en el procedimiento constan ADELFAS ENERGÍA, S.L. y FENIE ENERGÍA, S.A.. De las alegaciones de terceros, únicamente formuló observaciones ADELFAS ENERGÍA, S.L., adhiriéndose a la tesis del recurrente sin aportar una fundamentación autónoma. El órgano de contratación es EGARSAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social N 276. El Tribunal actúa como órgano revisor independiente en materia de contratación pública.

• Importe de Licitación: El valor estimado del contrato asciende a 138.539,31 euros. La resolución no detalla el presupuesto base de licitación ni el importe de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras, de modo que el dato económico expresamente relevante es el valor estimado. Tampoco se menciona una adjudicación ya producida, porque el recurso se dirige contra los pliegos durante la fase de licitación.

• Comunidad Autónoma: El procedimiento se desarrolla en un marco vinculado a Cataluña, por ser EGARSAT y su Hospital Egarsat el ámbito material y territorial del contrato. Sin embargo, la resolución se dicta por un órgano estatal de recursos contractuales y se apoya principalmente en la LCSP y en normativa sectorial estatal de hidrocarburos. No se menciona una norma autonómica específica aplicable al fondo del litigio.

Antecedentes de la resolución

La licitación se publicó mediante anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10 de marzo de 2026. EGARSAT convocó entonces la contratación del suministro de gas natural para el Hospital Egarsat, bajo un procedimiento abierto simplificado, no armonizado y ordinario. El procedimiento estaba configurado como un contrato de suministros con un valor estimado de 138.539,31 euros y con el código CPV 09123000, correspondiente a gas natural.

Desde la configuración inicial del pliego, el órgano de contratación incorporó en el Anexo N 10 del PCAP una condición especial de ejecución de carácter medioambiental. Dicha cláusula imponía al adjudicatario el compromiso de cubrir en su proceso de compra la totalidad del consumo previsto en los pliegos, es decir, el 100 por 100, mediante gas natural neutro con garantía de origen. Además, el propio Apartado 32 del Cuadro de Características Específicas del Contrato atribuía carácter vinculante a las respuestas que se dieran a las consultas formuladas por los operadores económicos, siempre que se publicaran en el perfil de contratante de EGARSAT. Esa previsión resultaba relevante porque anticipaba que cualquier aclaración emitida durante el procedimiento podía incidir directamente en la interpretación del pliego y formar parte del marco rector de la licitación.

En el curso del procedimiento, y antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, concretamente el 26 de marzo de 2026, la mercantil ADX RENOVABLES, S.L. formuló una consulta al órgano de contratación. En esa consulta advertía que el Anexo N 10 parecía atribuir a la CNMC la acreditación de las garantías de origen del gas, cuando, según la normativa sectorial, dicha función no correspondía a ese organismo, sino que debía ser gestionada por ENAGAS. La propia pregunta ya anticipaba el problema jurídico de fondo: la posible incorrección del pliego al designar a un organismo incompetente para certificar el origen del gas neutro exigido.

La respuesta del órgano de contratación se publicó el 27 de marzo de 2026. En ella se confirmó que el órgano podía exigir garantías de origen de gas como condición especial de ejecución de acuerdo con la LCSP en materia medioambiental. Sin embargo, se reconoció expresamente que las garantías de origen del gas en España son gestionadas y acreditadas por ENAGAS GTS, y no por la CNMC, agradeciendo la aclaración y anunciando que se tendría en cuenta. La respuesta añadía que la exigencia de aportar garantías de origen se mantenía, pero debían ser emitidas por el organismo competente. Este dato es capital, porque la controversia posterior girará precisamente en torno a si esa rectificación bastaba o si era necesaria una modificación formal del pliego con nueva apertura de plazo.

El plazo de presentación de ofertas finalizó el 27 de marzo de 2026 a las 13:00 horas. A esa fecha se habían presentado dos proposiciones: ADELFAS ENERGÍA, S.L. y FENIE ENERGÍA, S.A.. No consta en el extracto que hubiera adjudicación posterior, porque el procedimiento quedó condicionado por la impugnación del pliego.

El 31 de marzo de 2026, dentro de los quince días hábiles que la LCSP prevé para el recurso especial, ADX RENOVABLES, S.L. interpuso recurso especial en materia de contratación contra el Anexo N 10 del PCAP. En su escrito pidió además la suspensión cautelar del procedimiento. La pretensión principal era que se declarase la invalidez del pliego, o al menos la necesidad de corregirlo formalmente y de abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas, dada la incidencia de la corrección sobre una obligación esencial del adjudicatario.

A partir de la interposición del recurso, el Tribunal pidió al órgano de contratación la remisión del expediente, de conformidad con el artículo 56.2 de la LCSP. EGARSAT remitió el expediente acompañado de un informe fechado el 8 de abril de 2026, en el que solicitó la desestimación del recurso. Posteriormente, la Secretaría del Tribunal dio traslado a los restantes licitadores el 16 de abril de 2026, otorgándoles plazo de cinco días hábiles para alegaciones. Solo ADELFAS ENERGÍA, S.L. formuló alegaciones, y lo hizo limitándose a adherirse a la postura de la recurrente, sin desarrollar fundamentos propios ni introducir hechos nuevos.

También el 16 de abril de 2026, la Secretaría General del Tribunal, por delegación, acordó la suspensión cautelar del procedimiento de contratación, al amparo de los artículos 49 y 56 de la LCSP. La resolución puntualiza que, conforme al artículo 57.3 de la LCSP, sería precisamente la decisión final sobre el recurso la que determinaría el levantamiento de esa medida.

Argumentos de las partes

La posición de la recurrente, ADX RENOVABLES, S.L., se construye sobre dos grandes ejes. El primero es de naturaleza material: sostiene que la cláusula del Anexo N 10 imponía una obligación de ejecución que, tal como estaba redactada, era defectuosa e incluso de imposible cumplimiento, porque atribuía a la CNMC la certificación del origen del gas natural neutro, cuando esa competencia no le corresponde. El segundo es de naturaleza procedimental: una vez reconocida la incorrección por el propio órgano de contratación en la respuesta a la consulta, la empresa entiende que no bastaba una mera aclaración, sino que resultaba jurídicamente obligada la modificación formal del pliego y la ampliación del plazo de presentación de ofertas.

La recurrente invocó así los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia, entendiendo que la rectificación operada sin una nueva apertura del plazo afectaba al derecho de todos los operadores económicos a concurrir en condiciones adecuadas y con información completa. Desde su perspectiva, la corrección de un elemento ligado a una condición especial de ejecución no era una mera cuestión menor o accidental, sino una alteración relevante de las reglas de la licitación, con impacto potencial en la preparación de las ofertas y en la valoración de la viabilidad económica y técnica del contrato.

La tesis del órgano de contratación, EGARSAT, fue radicalmente distinta. En su informe de 8 de abril de 2026 defendió la desestimación del recurso y sostuvo que el texto cuestionado contenía, en efecto, un error material en la identificación del organismo certificador, pero que tal error no afectaba a la sustancia de la obligación contractual. Para EGARSAT, la condición especial de ejecución permanecía intacta: el adjudicatario debía suministrar el 100 por 100 del gas contratado mediante gas natural neutro. Lo único incorrecto era la referencia a la CNMC como organismo acreditador, referencia que debía entenderse sustituida por el organismo realmente competente, esto es, ENAGAS GTS.

El órgano de contratación apoyó esta idea en la lógica misma del sistema de contratación pública y en la normativa sectorial de hidrocarburos. Su defensa se basó en que la corrección del pliego se produjo mediante una respuesta pública y vinculante en el perfil de contratante, tal y como permitía el propio pliego en su apartado 32, y de conformidad con el artículo 138.3 de la LCSP, que exige que las aclaraciones a los pliegos se publiquen en el perfil para conocimiento general de los interesados. Desde esa óptica, la transparencia se había preservado plenamente, porque todos los operadores económicos potenciales podían conocer la aclaración antes de presentar oferta.

Además, EGARSAT argumentó implícitamente que no toda rectificación obliga a retrotraer actuaciones ni a reabrir plazos. La clave estaba en si la corrección alteraba realmente los elementos esenciales del contrato o si, por el contrario, se limitaba a depurar una inexactitud formal. En su opinión, al no haberse modificado el objeto del contrato, el precio, el plazo, el sistema de adjudicación ni el contenido esencial de la obligación de ejecución, no concurría una modificación significativa que exigiera ampliar el plazo de presentación de proposiciones.

La posición de ADELFAS ENERGÍA, S.L., la única empresa que intervino como interesada, fue mucho más breve. Se limitó a adherirse a la tesis de la recurrente, sin introducir razonamientos autónomos ni discrepancias sustantivas con el planteamiento de ADX. Esa adhesión resulta jurídicamente relevante solo en la medida en que confirma la existencia de un interés coincidente entre parte de los licitadores y la recurrente, pero no aporta una construcción jurídica adicional ni modifica el centro de la controversia.

En el fondo, por tanto, el conflicto se redujo a una cuestión de técnica jurídica de contratación pública: si la referencia errónea al organismo certificador era un simple error material que podía subsanarse sin más, o si, por afectar a una condición especial de ejecución, debía tratarse como una modificación significativa del pliego con efectos sobre el plazo y el régimen de concurrencia. Ese es el eje sobre el que discurre toda la motivación de la resolución.

Decisión del Tribunal

El Tribunal comienza por examinar su propia competencia y la admisibilidad del recurso. Declara competente al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en virtud del artículo 47 de la LCSP. A continuación, verifica que el recurso se dirige contra los pliegos de un contrato de suministros con valor estimado superior a 100.000 euros, por lo que concurre el supuesto objetivo del artículo 44.1.a de la LCSP. Añade también que el acto impugnado, al ser el pliego rector de la licitación, es una actuación expresamente recurrible conforme al artículo 44.2.a de la LCSP.

En cuanto a la legitimación, el Tribunal aplica el artículo 48 de la LCSP, que reconoce capacidad para interponer recurso especial a toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos puedan verse perjudicados o afectados por las decisiones impugnadas. Introduce también la regla contenida en el artículo 50.1.b in fine de la LCSP, según la cual, con carácter general, no se admitirá el recurso contra pliegos cuando el recurrente hubiera presentado oferta o solicitud de participación con carácter previo a su interposición, salvo en los supuestos de nulidad de pleno derecho. Sin embargo, en este caso constata que la recurrente sí había presentado proposición y que el recurso se interpuso después de concluido el plazo de ofertas, y aun así concluye que procede reconocerle legitimación. El razonamiento del Tribunal apunta a que la condición de licitadora afectada por una cláusula del pliego era suficiente para afirmar la existencia de un interés legítimo directo, sin que el supuesto analizado impidiera el enjuiciamiento de fondo.

También considera cumplido el plazo de interposición del recurso, al presentarse el escrito el 31 de marzo de 2026, dentro del plazo de quince días hábiles que establece el artículo 50.1.a de la LCSP, tomando como referencia la publicación del anuncio de licitación el 10 de marzo de 2026.

Superadas las cuestiones de admisibilidad, el Tribunal entra en el fondo con una reflexión doctrinal de gran calado sobre la naturaleza de los pliegos. Recuerda que el pliego es la norma básica de la licitación y que en él se contienen las reglas esenciales del procedimiento, de ahí la conocida idea de que el pliego es la ley del contrato. No obstante, subraya que la LCSP permite corregir los pliegos en caso de error material, de hecho o aritmético, apoyándose en el artículo 122.1 de la LCSP y, supletoriamente, en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, por remisión de la disposición final cuarta de la LCSP. En esta parte, el Tribunal recuerda la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en particular su Informe 2/2010, de 23 de julio, donde se afirma que el pliego es el resultado de un procedimiento administrativo y que integra el contenido obligacional del contrato.

A partir de ahí, el Tribunal se enfrenta a la cuestión central: el alcance del artículo 136 de la LCSP, que regula las consecuencias de la modificación de los pliegos y prevé la obligación de ampliar el plazo de presentación de ofertas cuando la modificación sea significativa. La resolución expone que este precepto contempla como relevantes determinados supuestos, entre ellos los relativos a la clasificación, el importe y plazo del contrato, las obligaciones del adjudicatario y el objeto del contrato. Sin embargo, el Tribunal rechaza una interpretación puramente literal o automática que equipare cualquier corrección relacionada con una obligación del adjudicatario a una modificación significativa.

Para sostener esta posición, el Tribunal recurre a la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2012, RJ 2012/6001, que delimita el concepto de error material en términos estrictos. De acuerdo con esa jurisprudencia, el error material ha de ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de complejas interpretaciones jurídicas, y su corrección no puede alterar el sentido esencial del acto ni encubrir una revisión sustantiva. El Tribunal utiliza esta doctrina para afirmar que no todo error corregible tiene entidad suficiente para obligar a una reforma formal del pliego con ampliación del plazo.

Aplicando esa doctrina al caso concreto, concluye que la referencia a la CNMC era efectivamente un error material. La razón es clara: el pliego se equivocó al identificar el organismo certificador de las garantías de origen del gas natural neutro, cuando la normativa sectorial atribuye esa función a ENAGAS GTS. Pero esa equivocación, a juicio del Tribunal, no cambia la sustancia de la obligación. El adjudicatario seguía obligado a suministrar gas natural neutro para cubrir el cien por cien del consumo previsto, y la corrección se limitó a precisar el sujeto competente para expedir una certificación que ya formaba parte del marco normativo objetivo y preexistente.

El Tribunal subraya que la rectificación no alteró el objeto del contrato, no modificó el criterio de adjudicación, no incidió en el precio, no alteró los plazos contractuales ni expandió o restringió el perímetro de la concurrencia. En otras palabras, no hubo una modificación sustantiva de la licitación, sino una simple adecuación del tenor literal del pliego a la normativa sectorial aplicable. Por ello, entiende que no era preciso aprobar una modificación formal del pliego ni retrotraer actuaciones.

La resolución también destaca que el propio Apartado 32 del Cuadro de Características Específicas del Contrato otorgaba carácter vinculante a las respuestas a consultas publicadas en el perfil de contratante. En consonancia con ello, la aclaración sobre ENAGAS GTS fue publicada y quedó a disposición de todos los operadores económicos. El Tribunal considera que ese mecanismo fue suficiente para depurar el error, sin que fuera necesaria una nueva aprobación formal del pliego. Esta idea se conecta con el artículo 138.3 de la LCSP, que exige la publicación de las respuestas aclaratorias para garantizar la igualdad y la transparencia.

En este punto el Tribunal cita además su propia doctrina, en particular la Resolución 108/2021, de 5 de febrero de 2021, en la que se admite que ciertas correcciones puedan instrumentarse mediante respuestas públicas a consultas cuando así lo prevén los pliegos y se asegura la publicidad. También menciona la Resolución 670/2019, de 20 de junio, que había aplicado una visión amplia de la obligación de ampliar el plazo cuando se modificaba un elemento relevante de la licitación, como el código CPV. No obstante, el Tribunal distingue expresamente ese precedente del caso actual: aquí no se incorporó un elemento nuevo de concurrencia ni se alteró el perfil de licitadores potenciales, por lo que no se justificaba la reapertura del plazo.

En definitiva, la decisión del Tribunal es que el órgano de contratación actuó correctamente al mantener la condición especial de ejecución y aclarar públicamente el error relativo al organismo competente, sin necesidad de una modificación formal del pliego. Por ello, desestima el recurso. Consecuentemente, acuerda también el levantamiento de la medida cautelar de suspensión adoptada el 16 de abril de 2026, lo que permite la reanudación normal del procedimiento de contratación. Finalmente, declara que no hay mala fe ni temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede imponer la sanción prevista en el artículo 58.2 de la LCSP.

La resolución termina recordando su carácter de acto definitivo en vía administrativa y la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, conforme a los artículos 11.1.f y 46.1 de la Ley 29/1998.

Conclusión

La resolución deja una idea muy clara: no toda incorrección detectada en un pliego obliga a reiniciar la licitación ni a abrir automáticamente un nuevo plazo para presentar ofertas. El Tribunal sostiene que, cuando el defecto consiste en un error material patente y objetivamente verificable, la corrección puede hacerse mediante una aclaración pública, siempre que no se altere la esencia de la obligación contractual ni se modifiquen las condiciones reales de concurrencia.

En términos prácticos, el efecto inmediato del fallo es que EGARSAT puede seguir adelante con la licitación sin necesidad de rehacer el pliego ni de ampliar el plazo de presentación de proposiciones. La suspensión cautelar queda sin efecto y el procedimiento queda desbloqueado. Esto significa que la administración contratante puede continuar con la valoración de las ofertas presentadas por ADELFAS ENERGÍA, S.L. y FENIE ENERGÍA, S.A., aplicando la cláusula ya aclarada respecto al organismo competente para las garantías de origen del gas natural neutro.

Para ADX RENOVABLES, S.L., la consecuencia inmediata es la pérdida de su pretensión de anulación o corrección reforzada del pliego. El Tribunal no le da la razón ni en la solicitud de retroacción ni en la necesidad de reabrir el plazo. Tampoco aprecia que la resolución imponga una carga nueva o desconocida a los licitadores, porque la obligación material de contratar gas natural neutro ya existía desde la publicación del pliego. La rectificación solo depuró la referencia equivocada al órgano certificador.

Desde la perspectiva de la contratación pública, la resolución reafirma una línea interpretativa especialmente relevante: la distinción entre error material y modificación significativa no debe hacerse de forma automática ni puramente formalista. El Tribunal insiste en que debe valorarse la realidad material del cambio, su incidencia sobre el objeto del contrato y su capacidad efectiva para afectar a la preparación de las ofertas. Esa aproximación introduce un criterio de proporcionalidad que evita que pequeñas inexactitudes formales paralicen la contratación sin necesidad.

La resolución también confirma la utilidad jurídica de las respuestas a consultas publicadas cuando los propios pliegos les atribuyen carácter vinculante y la LCSP exige su publicidad. En este caso, el Tribunal considera que ese cauce fue suficiente para salvar la incidencia, siempre que todos los licitadores pudieran conocer la aclaración en tiempo útil. Esto refuerza la importancia del perfil de contratante como espacio central de transparencia y seguridad jurídica.

En el plano económico y organizativo, la decisión contribuye a la continuidad del contrato de suministro, particularmente sensible por tratarse de una prestación energética para un hospital. El Tribunal evita que una discrepancia sobre la identificación del certificador bloquee un procedimiento que ya había sido lanzado y en el que existían ofertas en evaluación. De este modo, la resolución favorece la estabilidad del procedimiento y reduce el riesgo de dilaciones innecesarias.

En cuanto a su relevancia doctrinal, la resolución no rompe con la jurisprudencia previa, pero sí la reafirma y matiza. Confirma la doctrina sobre la posibilidad de corregir errores materiales en los pliegos y sobre la necesidad de interpretar con rigor, pero sin automatismos, el concepto de modificación significativa del artículo 136 de la LCSP. También consolida la idea de que el artículo 122 de la LCSP y el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 permiten la rectificación de errores sin que ello suponga necesariamente una alteración de la licitación. Al mismo tiempo, distingue casos como el de la modificación del CPV, donde sí puede ser necesaria una ampliación del plazo, de situaciones como la presente, en las que la corrección no abre nuevas posibilidades reales de concurrencia ni cambia el contenido sustantivo del contrato.

En términos de seguridad jurídica, la resolución aporta un criterio útil para futuros procedimientos: cuando el error afecte a un elemento instrumental y no a la obligación material del contrato, la administración puede corregirlo mediante una aclaración pública, sin reabrir plazos ni retrotraer actuaciones, siempre que preserve la transparencia y la igualdad entre licitadores. Por ello, esta decisión puede servir como referencia en controversias similares sobre cláusulas ambientales, certificaciones sectoriales y condiciones especiales de ejecución en contratación pública.

En suma, la resolución desestima el recurso, levanta la suspensión y permite continuar la licitación con la cláusula interpretada conforme a la normativa sectorial. No impone sanción por temeridad y refuerza una lectura funcional y material de la contratación pública, centrada en la verdadera incidencia del error y no en su mera apariencia formal.

Doctrina aplicada por el tribunal

Pliegos como "ley del contrato" y regimen restrictivo de su modificacion

El tribunal parte de la relevancia central de los pliegos en la contratacion publica y recuerda que, tanto el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares como el de prescripciones tecnicas, son los documentos basicos de la licitacion porque fijan los derechos y obligaciones que disciplinan el procedimiento y la ejecucion del contrato. Sobre esa base, asume la idea de que el pliego actua como verdadera "ley del contrato", con eficacia vinculante para el organo de contratacion, para los licitadores y, una vez formalizado el contrato, para el adjudicatario.

Esa concepcion se conecta en la resolucion con el articulo 122.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), que solo permite modificar los pliegos con posterioridad por error material, de hecho o aritmetico. El tribunal utiliza este precepto para subrayar que la modificacion posterior de los pliegos esta sometida a un regimen restrictivo y que, fuera de esos supuestos, la alteracion de su contenido exige retroaccion de actuaciones. La resolucion trae ademas como apoyo el Informe 2/2010, de 23 de julio, de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado**, del que toma la idea de que el pliego es el resultado directo del procedimiento de preparacion del contrato y define su contenido obligacional.

Rectificacion de errores materiales en los pliegos

A partir de la propia LCSP y de su Disposicion Final Cuarta, el tribunal acude supletoriamente al articulo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas**, para afirmar que los errores materiales pueden rectificarse en cualquier momento. Con ello, la resolucion distingue entre la correccion de una inexactitud patente y una verdadera modificacion sustantiva del pliego.

La doctrina aplicada exige que el error sea ostensible, manifiesto y apreciable sin necesidad de operaciones de calificacion juridica. En apoyo de ese criterio, la resolucion cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2012, RJ 2012/6001, de la que toma la exigencia de un entendimiento restrictivo del error material. El tribunal aplica esa doctrina al caso concreto para concluir que la equivocacion denunciada no afecta al contenido esencial de la licitacion, sino que se limita a depurar una inexactitud en la identificacion del organismo competente para certificar el origen del gas.

Modificacion significativa y ampliacion del plazo de ofertas

La resolucion examina despues la relacion entre la rectificacion del error y la posible necesidad de ampliar el plazo de presentacion de ofertas. Para ello interpreta conjuntamente el articulo 122.1 y el articulo 136.2 de la LCSP**, rechazando una lectura automatica de la significatividad. El tribunal sostiene que no toda correccion referida formalmente a una obligacion del adjudicatario puede considerarse por si misma una modificacion significativa que obligue a abrir de nuevo el plazo.

En este punto asume una idea material y no meramente nominal de la modificacion significativa. La ampliacion del plazo solo se justifica si la correccion altera de verdad elementos esenciales del contrato o las condiciones de concurrencia. La resolucion cita como referencia de apoyo la Resolucion n 670/2019, de 20 de junio, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, para mostrar la existencia de una linea doctrinal amplia en materia de concurrencia, aunque precisa que esa doctrina no autoriza a prescindir del analisis concreto de la entidad real de la correccion realizada.

Aplicando ese criterio al caso, el tribunal concluye que no se modificaron el objeto, el precio, el plazo ni el perimetro de la concurrencia, por lo que no procede exigir la ampliacion del plazo de presentacion de ofertas.

Respuestas vinculantes y publicidad en el perfil de contratante

La resolucion da relevancia al hecho de que el propio apartado 32 del Cuadro de Caracteristicas Especificas del Contrato atribuia caracter vinculante a las respuestas a las aclaraciones y ordenaba su publicacion en el perfil de contratante. Sobre esa base, el tribunal entiende que la aclaracion publicada podia depurar el error material sin necesidad de una modificacion formal del pliego.

Ese razonamiento se apoya expresamente en el articulo 138.3 de la LCSP, al entender que la publicidad de la respuesta en el perfil de contratante garantiza el conocimiento por todos los operadores economicos y preserva la igualdad de trato, la transparencia y la libre concurrencia. Como referencia doctrinal complementaria, la resolucion cita la Resolucion n 108/2021, de 5 de febrero de 2021, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales**, en la que se admite que determinadas correcciones puedan instrumentarse mediante respuestas publicas a consultas cuando el pliego les atribuye caracter vinculante.

Error material en la identificacion del organismo certificador y ausencia de afectacion sustantiva

El tribunal aplica toda la doctrina anterior al caso concreto y considera que la mension a la CNMC como organismo que certificaria el origen del gas natural neutro es un error material. La resolucion afirma que la certificacion corresponde a ENAGAS GTS conforme a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, desarrollada por el Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, y la Orden TED/1026/2022, de 28 de octubre.

La clave de la decision es que la correccion no altera la obligacion sustantiva impuesta al adjudicatario, que sigue siendo cubrir el 100 % del consumo previsto con gas natural neutro. El tribunal subraya que no se introducen nuevas cargas ni se modifica el objeto del contrato, y que la rectificacion solo adecua el texto del pliego al marco normativo sectorial ya existente. Por eso concluye que la actuacion del organo de contratacion no vulnera los principios de igualdad, transparencia ni libre concurrencia, y que no era necesaria una modificacion formal del pliego ni la ampliacion del plazo de ofertas.

Conclusion Doctrinal

• El tribunal reafirma que los pliegos son vinculantes y solo pueden alterarse despues de su aprobacion en supuestos tasados.
• La correccion de un error material es posible durante la licitacion si no cambia el contenido esencial de la obligacion impuesta.
• La referencia erronea a la CNMC se califica como error material porque la obligacion de fondo permanece intacta.
• Si el pliego atribuye caracter vinculante a las respuestas y estas se publican en el perfil de contratante, la aclaracion puede bastar para corregir la inexactitud.
• No toda rectificacion relacionada con una obligacion del adjudicatario exige ampliar el plazo de ofertas; solo cuando haya una alteracion real de la concurrencia o de elementos esenciales.
• En la practica, futuras resoluciones deberan seguir un analisis material de cada correccion y evitar automatismos al valorar si existe modificacion significativa.

Doctrina - Jurisprudencia - Legislacion

Resoluciones

• Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolucion n 1310/2026, de 30 de julio de 2026.
• Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolucion n 670/2019, de 20 de junio.
• Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolucion n 108/2021, de 5 de febrero de 2021.
• Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, Informe 2/2010, de 23 de julio.

Sentencias

• Tribunal Supremo, Sentencia de 19 de abril de 2012, RJ 2012/6001.

Legislacion

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).
• Articulos 44.1.a, 44.2.a, 47, 48, 49, 50.1.a, 50.1.b) in fine, 56.2, 57.3, 58.2, 122.1, 136.2 y 138.3 de la LCSP**.
• Disposicion Final Cuarta de la LCSP.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.
• Articulo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas**.
• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
• Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo.
• Orden TED/1026/2022, de 28 de octubre.
• Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
• Articulos 11.1 f y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa**.
• Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.
• Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.