La Comisión Europea tomó esta medida tras una investigación que reveló que el 87 % de las licitaciones públicas en China contenían barreras, directas o indirectas, que dificultaban el acceso a proveedores extranjeros, en especial en áreas como el diagnóstico médico y la otorrinolaringología. Estas prácticas se consideran incompatibles con el principio de trato equitativo que la UE promueve en sus propias licitaciones.

En este contexto, el reglamento ICPI faculta a la Comisión para imponer restricciones como la exclusión de licitadores procedentes de países terceros o penalizaciones en la puntuación de sus ofertas. En el caso chino, la medida se aplicará a contratos superiores a 5 millones de euros, tendrá una duración de cinco años y podrá ser prorrogada si persisten las condiciones que la justifican.

A pesar de varios intentos de entablar diálogo con las autoridades chinas, no se logró alcanzar un compromiso que eliminara las barreras identificadas. La respuesta de la Cámara de Comercio de China en la UE no se ha hecho esperar, calificando la medida de injusta y advirtiendo sobre sus posibles efectos negativos, pese a que la UE argumenta que las condiciones de acceso al mercado chino siguen siendo considerablemente restrictivas.

Esta primera aplicación práctica del ICPI representa un hito en la política comercial europea, y señala la voluntad de la UE de proteger la competitividad de sus empresas frente a entornos comerciales asimétricos. Además, se enmarca en un clima de crecientes tensiones comerciales entre la UE y China, que ya ha afectado otros sectores como el de los vehículos eléctricos o los productos agrícolas. La medida, en definitiva, refleja una estrategia más firme de defensa comercial por parte de Bruselas.