La industria farmacéutica se enfrenta al reto de integrar la Inteligencia Artificial (IA) bajo un estricto escrutinio ético y normativo. En una jornada organizada por la sección de Derecho Farmacéutico del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), cinco 'compliance officers' de destacadas compañías como Bristol Myers Squibb (BMS), Lilly España, Takeda y AstraZeneca, junto a otros expertos legales, debatieron sobre los riesgos y oportunidades de la IA en el sector. La función de estos responsables de cumplimiento normativo no solo incluye informar sobre posibles riesgos e incumplimientos, sino también ejecutar tareas de seguimiento, control, implementación y capacitación, analizando los algoritmos de IA desde la perspectiva de la ética y la transparencia. Se subrayó que la adopción de principios éticos es crucial, ya que atrae inversión y mejora los beneficios de las empresas.

El debate también abordó el marco regulatorio, destacando el Reglamento de IA de la UE (2024/1689) como un marco jurídico armonizado que se aplica a todos los productos de IA desarrollados, comercializados o utilizados en la Unión Europea, con un enfoque basado en el riesgo. Aunque la IA es reconocida como una herramienta revolucionaria con un potencial impresionante, los expertos coinciden en que los riesgos subyacentes como la protección de datos, los fraudes y las patentes, son inherentes y no se ven necesariamente aumentados o disminuidos por la IA misma. La clave para su implementación segura reside en la supervisión humana, la estandarización de protocolos y la diferenciación clara entre el uso interno y externo de la IA. Las empresas farmacéuticas ya emplean la IA en diversos proyectos con fines sociales, como optimizar la interacción con profesionales sanitarios, mejorar las estrategias comerciales y acelerar el reclutamiento de pacientes en ensayos clínicos, siempre con cautela en temas de propiedad intelectual y confidencialidad, prefiriendo herramientas internas para proteger los datos sensibles. Los compliance officers, en lugar de rechazar proyectos, buscan guiar su diseño para asegurar el cumplimiento normativo y maximizar su valor.