La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha lanzado el programa FDA PreCheck con el objetivo de impulsar la manufactura farmacéutica nacional y reducir la dependencia del país de la producción de medicamentos en el extranjero. Este programa de dos fases busca simplificar el proceso de establecimiento de nuevas plantas farmacéuticas en EE. UU.. La primera fase, denominada "Facility Readiness Phase", permite a los fabricantes interactuar más frecuentemente con la FDA en etapas críticas como el diseño y la construcción de la planta, animándoles a presentar información detallada a través de un Drug Master File. La segunda fase se enfoca en agilizar el componente de química, fabricación y controles de la solicitud de la instalación, mediante reuniones previas a la aplicación y retroalimentación temprana. El Comisionado de la FDA, Marty Makary, destacó que esta iniciativa es crucial para abordar los riesgos de seguridad nacional asociados con la dependencia de la producción extranjera y para garantizar un suministro de medicamentos "resiliente, fuerte y doméstico".

Este programa responde directamente a la política del expresidente Donald Trump de repatriar la manufactura a Estados Unidos. Una orden ejecutiva de Trump de mayo instó a la FDA a reducir los obstáculos regulatorios para los fabricantes nacionales, buscando disminuir los tiempos de aprobación y aumentar las tarifas e inspecciones para las instalaciones extranjeras. Aunque la mecánica exacta para acortar los procesos de aprobación no está detallada, el programa reconoce la naturaleza prolongada (a menudo de años) del establecimiento de instalaciones de fabricación. La amenaza de aranceles de importación ha incentivado a grandes compañías farmacéuticas a comprometer inversiones multimillonarias en EE. UU., como Johnson & Johnson ($55 mil millones), AstraZeneca ($50 mil millones), Roche ($50 mil millones) y Eli Lilly ($27 mil millones). Adicionalmente, se han impuesto aranceles del 15% a los productos farmacéuticos de Europa, y se anticipan los resultados de una investigación que podría llevar a aranceles sectoriales aún más elevados, incluso del 150% al 250%.