El sistema sanitario español enfrenta el desafío de regular el acceso a medicamentos que no tienen financiación pública, un tema central discutido en el IV Congreso de Derecho Farmacéutico. Expertos del ámbito institucional, jurídico, clínico y de pacientes coincidieron en la necesidad urgente de una reforma normativa que aporte seguridad jurídica y flexibilidad. César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS, anunció que la próxima reforma corregirá vacíos legales, como el artículo que vincula la comercialización a la oferta de financiación, y diferenciará claramente entre información y promoción de medicamentos para no generar falsas expectativas. El objetivo es establecer reglas claras y previsibles que permitan el acceso excepcional a estos tratamientos sin que se convierta en una práctica generalizada, evitando desigualdades y la judicialización de casos.

Desde la perspectiva clínica y de los pacientes, la situación actual genera angustia, incertidumbre y una pérdida de oportunidades terapéuticas críticas. Los médicos y pacientes denuncian que la coexistencia de la aprobación de un fármaco con su no financiación provoca desigualdades en el acceso, no solo entre comunidades autónomas, sino dentro de una misma región. Para los pacientes, el tiempo es un factor vital, y los retrasos burocráticos suponen una amenaza real. Además, la llegada de terapias avanzadas con precios muy elevados exige explorar modelos de pago innovadores y una estrategia de conjunto para garantizar la sostenibilidad del sistema, en lugar de tomar decisiones caso por caso.