Resumen de la Resolución 327/2026 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Resumen de la Resolución

La Resolución 327/2026, dictada por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic el 3 de septiembre de 2026, resuelve dos recursos especiales en materia de contratación interpuestos contra la exclusión de la oferta presentada para el lote 3 de la licitación del contrato de servicios comunes de mensajería del Instituto Catalán de Oncología (ICO), expediente CP-2025-36. Los recursos fueron promovidos, de un lado, por R.V.M. en nombre y representación de FOTOVOL SOLAR, SL, y, de otro, por M.B.G., actuando en nombre propio. Ambos impugnaban el acuerdo del órgano de contratación por el que se excluía la proposición vinculada al lote 3, al entender la Administración que existía una discrepancia insubsanable entre la entidad que figuraba en la plataforma de contratación y la persona que aparecía como verdadera formuladora de la oferta.

El núcleo jurídico del asunto gira en torno a una cuestión clásica, pero especialmente sensible en contratación pública electrónica: si un error en la identificación del licitador en la plataforma de presentación de ofertas puede considerarse un defecto formal o subsanable, o si, por el contrario, afecta a un elemento esencial de la proposición y obliga a excluirla. El Tribunal analiza el caso a la luz de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, concurrencia, igualdad de trato, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, consagrados en los artículos 1 y 132 de la LCSP, así como del régimen de documentación previa del artículo 140 LCSP, del régimen de subsanación del artículo 81 del RGLCAP, y de la doctrina sobre la exclusión de ofertas cuando existe un incumplimiento claro, expreso y palmario de los pliegos.

El Tribunal concluye que la exclusión acordada por el ICO fue desproporcionada y que, en las concretas circunstancias del expediente, el defecto apreciado era esencialmente formal y subsanable, porque toda la documentación administrativa y la voluntad de licitar correspondían de forma inequívoca a M.B.G.. A juicio del Tribunal, la presentación bajo el perfil de FOTOVOL en la plataforma PSCP fue un error material en la formalización electrónica de la oferta, pero no supuso una alteración real del contenido de la proposición ni la introducción ex novo de un nuevo licitador una vez vencido el plazo de presentación. Por ello, estima ambos recursos, anula la exclusión, ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a la valoración del sobre A para que la oferta se tenga por presentada por M.B.G., levanta la suspensión acordada previamente sobre el lote 3 y declara que no concurre temeridad o mala fe, por lo que no impone la sanción prevista en el artículo 58.2 LCSP.

En definitiva, la resolución reafirma un criterio antiformalista pero no laxista: la Administración no puede convertir un error puramente formal y aclarable en una causa automática de exclusión cuando la documentación revela sin duda quién era la verdadera oferente, siempre que no se alteren la igualdad de trato, la transparencia ni la inmutabilidad sustancial de la oferta tras el cierre del plazo.

Detalles Generales de la Resolución

• Número de Resolución: 327/2026, con referencia expresa a los recursos acumulados N-2026-0152 y N-2026-0153. La resolución identifica de forma clara que ambos recursos se resuelven conjuntamente por acumulación.

• Fecha: 3 de septiembre de 2026. Es la fecha de la resolución. Además, la resolución menciona hitos anteriores relevantes: publicación de la licitación el 12 de diciembre de 2025, exclusión el 6 de marzo de 2026, notificación de la exclusión el 9 de marzo de 2026, interposición de los recursos el 19 de marzo de 2026, suspensión cautelar el 25 de marzo de 2026 y remisión completa del expediente por el órgano de contratación el 13 de abril de 2026.

• Tribunal: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. La resolución se dicta en sesión y se hace constar que fue aprobada por unanimidad. En la parte final aparecen como firmantes M. Àngels Alonso Rodríguez, en calidad de Secretaria, y Carme Lucena Cayuela, en calidad de Presidenta. No se individualiza el resto de miembros del órgano colegiado, pero sí queda constancia de la decisión unánime.

• Expediente: CP-2025-36, correspondiente a la licitación del contrato de servicios comunes de mensajería del ICO. En sede del recurso especial, los expedientes quedaron registrados como N-2026-0152 y N-2026-0153.

• Organismo: Institut Català d'Oncologia (ICO), que actúa como órgano de contratación y poder adjudicador. La resolución también menciona la tramitación mediante el perfil del contratante alojado en la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP).

• Objeto del Contrato: contrato de servicios comunes de mensajería para el ICO, estructurado en cuatro lotes. La resolución identifica los lotes del siguiente modo: lote 1, servicios comunes de mensajería ICO-Hospitalet; lote 2, servicios de transporte en frío; lote 3, servicio ICO-Girona; y lote 4, servicio Valisa ICO-Hospitalet. El litigio se centra exclusivamente en el lote 3.

• Partes Intervinientes: la parte recurrente principal es FOTOVOL SOLAR, SL, representada por R.V.M.; también recurre M.B.G., actuando en nombre propio. La Administración recurrente es el ICO. No consta, en el trámite abierto a interesados, intervención efectiva de otros licitadores, pese a haberse conferido traslado.

• Importe de Licitación: el valor estimado total del contrato asciende a 845.430,28 euros, y el valor estimado atribuido al lote 3 es de 261.280,32 euros. La resolución no detalla en este texto el presupuesto base de licitación ni el precio concreto de la oferta inicialmente cuestionada, pero sí deja constancia de los valores estimados relevantes para la admisibilidad del recurso especial.

• Comunidad Autónoma: Cataluña. La licitación se tramita por un ente del sector público catalán y el recurso se conoce ante el tribunal autonómico competente. La resolución se apoya, además, en la Disposición adicional cuarta de la Ley 7/2011, de 27 de julio, en el Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, y en la normativa propia de organización del Tribunal. El posterior control jurisdiccional se sitúa en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Antecedentes de la resolución

La secuencia fáctica que conduce a la resolución está marcada por una licitación electrónica ordinaria, una incidencia en la identificación de la persona licitadora y una decisión administrativa de exclusión que el Tribunal termina corrigiendo por considerarla excesivamente rígida.

Todo comienza el 12 de diciembre de 2025, cuando el ICO publica el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, número S240, y simultáneamente en su perfil de contratante alojado en la PSCP. En esa publicación se ponen a disposición de los interesados los documentos esenciales de la contratación: los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP), el pliego de prescripciones técnicas (PPT) y el cuadro de características (QC), entre otra documentación contractual. El contrato se estructura en cuatro lotes, lo que revela que el órgano de contratación pretende diversificar el objeto contractual por ámbitos funcionales o territoriales, reservando para cada lote una prestación diferenciada.

El plazo de presentación de ofertas se fija para el 22 de enero de 2026 a las 13:00:00 horas. Según el certificado de la herramienta de sobre digital incorporado al expediente, presentado como documento número 012, se registran tres ofertas para la licitación, una de las cuales corresponde a FOTOVOL SOLAR, SL para el lote 3. El dato es relevante porque la controversia no gira sobre la ausencia de oferta o sobre un fallo técnico de presentación, sino sobre la identificación de quién debe ser considerado licitador real de una proposición que sí existía y había sido formalmente depositada en la plataforma.

El 27 de enero de 2026, la mesa de contratación procede a la apertura de los sobres A, relativos a la documentación general, conforme al expediente y al acta correspondiente. En esa sesión detecta una circunstancia anómala: la oferta aparece registrada a nombre de FOTOVOL, pero el contenido de la documentación remitida parece corresponder a una persona física, M.B.G.. Ante esa incoherencia, la mesa solicita aclaración sobre la documentación presentada. Este detalle es esencial porque demuestra que la propia mesa identifica una discordancia entre el sujeto que figura en la plataforma y el que aparece en los documentos internos de la proposición.

En respuesta a ese requerimiento, el 5 de febrero de 2026, FOTOVOL y M.B.G. presentan un escrito conjunto en el que explican que la discrepancia se debió a un error al usar un enlace de la plataforma que correspondía a la empresa FOTOVOL, cuando la voluntad real de licitar pertenecía a M.B.G. Afirman que la documentación fue preparada, tramitada y firmada por esta última y que la única anomalía fue la utilización del perfil equivocado en la PSCP. El objetivo de esa explicación era sostener que el error era puramente material y que no alteraba la identidad de la licitadora real.

Sin embargo, el 6 de marzo de 2026, el ICO adopta el acuerdo de exclusión del procedimiento respecto del lote 3, por entender que concurre una falta de cumplimiento de los requisitos previos, con cita del artículo 326.2 a de la LCSP en el acuerdo de exclusión. La notificación se practica el 9 de marzo de 2026. La decisión administrativa se basa en la idea de que la aclaración solicitada supondría, en realidad, cambiar de licitador, algo que la Administración considera inadmisible una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas.

El 19 de marzo de 2026, FOTOVOL interpone recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, registrado como N-2026-0152. Ese mismo día, M.B.G. presenta otro recurso, registrado como N-2026-0153. Ambos recursos reproducen esencialmente la misma controversia: la exclusión de la proposición por el mero hecho de haber sido registrada en la plataforma bajo un perfil que no se correspondía con la persona física que realmente había formulado la oferta.

Los recursos fueron comunicados el mismo día al órgano de contratación por la Secretaría Técnica del Tribunal, solicitándose la remisión del expediente completo y de los informes pertinentes, de conformidad con la normativa aplicable. El 25 de marzo de 2026, el Tribunal dicta la Resolución S-17/2026, por la que acuerda la suspensión del procedimiento de contratación en relación con el lote 3. Más tarde, el 13 de abril de 2026, el ICO completa la remisión del expediente e informa en favor de la desestimación de ambos recursos. Se abre después el trámite de audiencia a los interesados, pero no consta que ningún tercero formulase alegaciones.

Esta secuencia procesal deja claro que la controversia no es una mera incidencia documental, sino una discusión sobre el alcance de la subsanación en licitación electrónica, sobre la relevancia de la identificación del licitador y sobre la frontera entre lo formal y lo sustancial en contratación pública.

Argumentos de las partes

Las alegaciones de las recurrentes y la oposición del órgano de contratación plantean una colisión muy clara entre dos formas de entender el procedimiento de licitación: una interpretación flexible, orientada a preservar la concurrencia, y una interpretación estricta, orientada a proteger la identidad del licitador como elemento esencial de la proposición.

Posición de FOTOVOL y de M.B.G.

Las dos recurrentes sostienen, en esencia, que el problema deriva de un error material de registro en la plataforma electrónica. Según su relato, la documentación de la oferta estaba íntegramente elaborada y firmada por M.B.G., que era la auténtica interesada en participar en la licitación del lote 3. Lo único incorrecto fue que el alta y presentación en la plataforma se realizó, por confusión, bajo el perfil de FOTOVOL.

Desde esa premisa, invocan una vulneración de los principios de antiformalismo, concurrencia y, por extensión, de la lógica procompetitiva de la contratación pública. El argumento central es que el error no afecta al contenido de la oferta ni a la voluntad material de la persona que licita, porque la documentación aportada identifica a M.B.G., está firmada electrónicamente por ella y revela sin ambiguedad que era la verdadera titular de la proposición.

También subrayan que FOTOVOL no manifestó en ningún momento la intención de competir en ese lote y que, por tanto, resulta artificioso tomar a esa empresa como licitadora real cuando no firmó la oferta ni intervino materialmente en su formulación. De ahí que sostengan que la Administración, al considerar que el licitador era FOTOVOL, ignoró la realidad documental del expediente y se aferró a una literalidad excesiva del dato de registro electrónico.

Además, las recurrentes afirman que permitir la corrección del error no lesionaría la igualdad de trato entre licitadores ni supondría una ventaja competitiva indebida. A su juicio, admitir la oferta no alteraría el contenido de la proposición, no ampliaría el plazo de presentación y no concedería a M.B.G. un beneficio que no hubieran tenido los demás participantes. El razonamiento se apoya en una lógica de proporcionalidad: si el defecto es meramente formal, y si su corrección no modifica la sustancia de la competencia, la exclusión resulta una sanción excesiva.

Por todo ello, solicitan la nulidad del acuerdo de exclusión, que se declare que la licitadora en realidad es M.B.G., que se admita la oferta y que, si fuera necesario, se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a la valoración de las ofertas para proceder a su examen. Además, ambas recurrentes piden la acumulación de los recursos por identidad de pretensión.

Defensa del ICO

El ICO se opone a los recursos y defiende que la exclusión fue ajustada a Derecho. Su línea argumental parte de una idea clave: la correcta identificación del licitador no es un dato accesorio, sino un elemento esencial de la proposición, ya que de él dependen la acreditación de solvencia, la asunción de responsabilidades y la eventual vinculación contractual. Desde este punto de vista, cualquier intento posterior de corregir el sujeto que formalizó la oferta no sería una mera subsanación, sino una modificación sustancial del licitador.

La Administración añade que no es jurídicamente admisible atribuir la voluntad de licitar a una persona distinta de la que figura registrada en la plataforma. Aunque M.B.G. haya firmado documentos, eso no bastaría para convertirla automáticamente en licitadora si la oferta se registró formalmente bajo una entidad diferente. El dato determinante, para el ICO, es el de la oferta presentada en el sistema electrónico y el certificado de ofertas recibidas, que reflejaría a FOTOVOL como participante.

El órgano de contratación también sostiene que el requerimiento de aclaración formulado por la mesa no equivalía a una autorización para sustituir al licitador. A su juicio, la aclaración solo podía servir para explicar un dato dudoso, no para reconfigurar la identidad de quien concurre a la licitación. En otras palabras, la aclaración no puede transformarse en un mecanismo para admitir una proposición presentada por un sujeto distinto al inicialmente identificado.

El ICO califica el error como sustancial, no formal, porque afecta a la identidad del sujeto licitador, que es un elemento esencial de la competencia pública. Considera que admitir la corrección supondría una especie de introducción retroactiva de una nueva licitadora, lo que vulneraría la integridad del procedimiento y rompería el equilibrio entre quienes presentaron sus ofertas correctamente y quien lo hizo con una identificación errónea.

Finalmente, la Administración invoca la igualdad de trato entre licitadores desde una perspectiva protectora del procedimiento: excluir una oferta mal presentada evitaría que algunos operadores se beneficien de interpretaciones flexibles que otros no han recibido, preservando así la legalidad y la imparcialidad de la licitación. Para el ICO, aceptar la subsanación equivaldría a flexibilizar de manera desigual una exigencia básica, con el riesgo de afectar la transparencia y la seguridad jurídica.

Decisión del Tribunal

El Tribunal comienza por ordenar procesalmente el asunto. Declara su competencia con base en el artículo 46 LCSP, en la Disposición adicional cuarta de la Ley 7/2011 y en el Decreto 221/2013. A continuación aprecia que existe una identidad sustancial entre ambos recursos y una conexión íntima entre ellos, por lo que acuerda su acumulación conforme al artículo 20 del Decreto 221/2013, al artículo 57 LPAC y al artículo 13 del Real Decreto 814/2015. Esta acumulación se justifica por economía procedimental y porque los recursos comparten objeto, hechos, fundamentos y pretensión.

En el examen de admisibilidad, el Tribunal declara que el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44.1 a de la LCSP, al tratarse de un contrato de servicios con valor estimado suficiente. También considera recurrible el acto impugnado, porque la exclusión constituye un acto de trámite cualificado impugnable al amparo del artículo 44.2 b de la LCSP. Verifica igualmente que el recurso se ha interpuesto en plazo, dentro de los quince días hábiles establecidos en el artículo 50.1 b LCSP, y en forma, cumpliendo los requisitos del artículo 51.1 LCSP.

En cuanto a la legitimación, el Tribunal entiende que tanto FOTOVOL como M.B.G. ostentan un interés directo y afectado por la decisión de exclusión. La resolución destaca que el acto impugnado excluye a la primera de la licitación y, al mismo tiempo, impide la participación de la segunda, a quien ambas partes presentan como verdadera licitadora. Con base en los artículos 48 LCSP y 16 del Decreto 221/2013, el Tribunal reconoce la legitimación activa de ambas.

En el fondo del asunto, el Tribunal centra la discusión en la naturaleza del error. Para ello toma como referencia el artículo 140 LCSP, relativo a la documentación previa a la licitación, y el artículo 81.1 y 81.2 del RGLCAP, que regulan la apertura de la documentación y la posibilidad de comunicar defectos u omisiones subsanables. La resolución insiste en que la contratación pública no puede quedar atrapada en un formalismo excesivo que impida la concurrencia efectiva cuando el defecto sea realmente aclarable y no altere la esencia de la oferta.

El Tribunal recuerda su propia doctrina reiterada sobre la exclusión de ofertas por incumplimientos claros, expresos y palmarios de los pliegos, citando expresamente las resoluciones 210/2025, 72/2025, 50/2024, 23/2024, 459/2023, 277/2022, 257/2021, 108/2021 y 5/2021, así como las resoluciones 26/2023, 145/2022, 282/2022, 1564/2021 y 608/2021 del TACRC y el Acuerdo 6/2023 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Esa doctrina, sin embargo, no se aplica de manera automática, porque el Tribunal advierte que cada caso debe valorarse según sus circunstancias concretas.

A partir del análisis del expediente, el Tribunal verifica que el DEUC y la restante documentación administrativa incorporada en el sobre A identifican a M.B.G. en los apartados relativos a la información sobre el operador económico y sobre sus representantes. También constata que los documentos aparecen firmados electrónicamente por esa persona y que las declaraciones responsables, la de reserva de empleo para personas con discapacidad, la del plan de igualdad, la de adscripción de medios, la relativa al tratamiento de datos personales y la correspondiente al grupo empresarial están igualmente a su nombre. Por tanto, la documentación material de la oferta apunta inequívocamente a M.B.G.

Asimismo, el Tribunal toma en consideración el escrito conjunto de aclaración presentado el 5 de febrero de 2026, en el que se explica que la discrepancia obedece a un error al usar un enlace correspondiente a FOTOVOL. Esa aclaración refuerza la conclusión de que el único dato incorrecto era la identificación en la plataforma, no el contenido de la oferta ni la voluntad de licitar.

Frente a la tesis del ICO, el Tribunal entiende que aquí no hay una sustitución material del licitador ni una presentación ex novo de una nueva proposición. Lo que existe es una oferta ya presentada, con contenido completo y firmado por la persona que realmente deseaba concurrir, y un error en el mecanismo electrónico de registro. Por eso, considera que la situación es, en principio, esmenable, porque no se altera la competencia ni se modifica la oferta después del cierre del plazo.

La resolución apoya su razonamiento en los artículos 1 y 132 LCSP, que imponen los principios de libertad de acceso, concurrencia, igualdad, no discriminación y proporcionalidad. El Tribunal subraya que el objetivo de la contratación pública es favorecer la mayor concurrencia posible, siempre que los licitadores cumplan los requisitos sustanciales. También cita el criterio del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León en su Resolución 63/2021, que delimita el espacio del antiformalismo y de la subsanación, y recupera la doctrina del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2004, así como la del Tribunal Constitucional 141/93, de 22 de abril, que rechazan interpretaciones literalistas que produzcan exclusiones por defectos fácilmente subsanables.

Además, el Tribunal invoca jurisprudencia europea sobre el principio de proporcionalidad y la apertura a la competencia más amplia posible. Menciona la sentencia del Tribunal General de 10 de noviembre de 2017, asunto T-668/15, así como la sentencia de 10 de noviembre de 2015, GSA y SGI/Parlamento, T-321/15, la sentencia de 23 de diciembre de 2009, CoNISMa, C-305/08, y la sentencia de 18 de junio de 2015, Martín Meat, C-586/13. De esas resoluciones extrae la idea de que el interés del Derecho de la Unión es promover la mayor participación posible de licitadores, lo que también beneficia al propio órgano de contratación.

En consecuencia, el Tribunal concluye que la exclusión fue desproporcionada. Señala que admitir la oferta no compromete la igualdad de trato, la no discriminación ni la transparencia, porque no supone alterar el contenido de la proposición ni abrir una nueva oportunidad competitiva fuera de plazo. La corrección, a juicio del Tribunal, solo implica reconocer que la documentación administrativa y la voluntad de licitar pertenecían a M.B.G., y no introducir una oferta nueva.

La parte dispositiva refleja esa valoración: el Tribunal estima los dos recursos, anula la exclusión, ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a la valoración del sobre A para que la oferta sea tenida por presentada por M.B.G. y pueda ser calificada y valorada conforme a Derecho. Además, levanta la suspensión del lote 3 acordada mediante la Resolución S-17/2026 y declara que no existe temeridad ni mala fe, por lo que no impone la sanción del artículo 58.2 LCSP. También recuerda al órgano de contratación su deber de comunicar al Tribunal las actuaciones adoptadas para cumplir la resolución, conforme al artículo 57.4 LCSP.

Conclusión

La consecuencia inmediata de la resolución es muy clara: el ICO no puede mantener la exclusión de la proposición del lote 3 basada únicamente en el error de identificación en la plataforma. Debe reintegrar la oferta al procedimiento, considerar que la verdadera licitadora es M.B.G., volver al momento anterior a la valoración del sobre A y continuar la tramitación con normalidad. Esto implica que la propuesta no queda fuera de la competencia por una irregularidad formal, sino que deberá ser examinada en igualdad de condiciones con las restantes ofertas que hubieran superado el trámite administrativo.

La resolución también tiene un efecto directo sobre la medida cautelar: al estimarse el recurso, se deja sin efecto la suspensión acordada el 25 de marzo de 2026 respecto del lote 3. Por tanto, el procedimiento puede reanudarse en ese lote conforme al estado en que quede tras la ejecución de la decisión del Tribunal. El órgano de contratación, además, debe informar formalmente al Tribunal de las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a lo resuelto.

Desde el punto de vista práctico, la resolución evita que una mera discordancia en el perfil de alta electrónico cierre definitivamente el acceso a la licitación cuando la documentación interna demuestra con claridad quién quería concurrir. El Tribunal no permite que el uso imperfecto de la plataforma se convierta en una barrera automática de exclusión si no hay modificación material de la oferta ni afectación real a la competencia. En la práctica, la oferta de M.B.G. vuelve al procedimiento y el lote 3 debe seguir su curso con esa proposición reincorporada.

Otro efecto relevante es la declaración expresa de que no concurre temeridad o mala fe. Esa mención no es menor: evita la imposición de la sanción prevista en el artículo 58.2 LCSP y refuerza la idea de que las recurrentes actuaron defendiendo una interpretación razonable de los hechos y del Derecho, aunque finalmente el Tribunal lo haya resuelto por una vía distinta a la que sostenía la Administración.

La resolución destaca por consolidar una línea interpretativa favorable a la subsanación de defectos no sustanciales en contratación electrónica, siempre que la documentación revele de forma incontestable la identidad de la verdadera licitadora y que no se produzca una modificación extemporánea de la oferta. En este sentido, no crea un precedente absolutamente nuevo, pero sí reafirma con fuerza un criterio jurisprudencial y administrativo ya existente: el formalismo en contratación pública no puede imponerse por encima de la finalidad competitiva del procedimiento cuando el defecto es puramente instrumental.

Impacto y Relevancia

La resolución tiene una relevancia notable para la seguridad jurídica en contratación pública, especialmente en procedimientos electrónicos donde los errores de usuario pueden provocar consecuencias desproporcionadas si se aplican de forma rígida. El Tribunal ofrece aquí una respuesta que refuerza la idea de que la contratación pública debe ser exigente con el cumplimiento de los pliegos, pero no ciega ante errores materiales claramente identificables y corregibles.

En términos de seguridad jurídica, el pronunciamiento aporta un mensaje muy concreto: la Administración debe distinguir con precisión entre un defecto que altera la sustancia del procedimiento y un fallo formal que no compromete la competencia ni la igualdad. Esta delimitación es importante porque evita exclusiones automáticas que podrían convertirse en litigios innecesarios y, en última instancia, en una restricción injustificada de la concurrencia. Para los operadores económicos, la resolución transmite la idea de que los tribunales administrativos pueden protegerlos frente a decisiones excesivamente rigoristas cuando la documentación evidencia de forma inequívoca quién era el verdadero licitador.

En materia de transparencia, la resolución también es significativa. Podría parecer, a primera vista, que admitir una corrección posterior compromete la limpieza del procedimiento, pero el Tribunal razona exactamente lo contrario: la transparencia no exige sacrificar el fondo por un dato instrumental si la oferta ya estaba perfectamente formada y firmada por quien quería licitar. La clave está en que no hay ampliación del plazo ni modificación del contenido competitivo. Así, la transparencia se preserva mejor cuando la Administración interpreta los errores materiales con proporcionalidad y no convierte el acceso electrónico en una trampa formal.

La resolución también confirma, de forma muy explícita, el peso del principio de proporcionalidad en contratación pública. El Tribunal no se limita a repetir que la oferta era defectuosa, sino que contrasta el defecto con la medida adoptada por el ICO y concluye que la exclusión era excesiva respecto de la finalidad perseguida. En este punto, la decisión conecta con la jurisprudencia europea sobre competencia efectiva y con la doctrina interna antiformalista, mostrando una continuidad interpretativa muy sólida. La referencia a la sentencia del Tribunal General T-668/15, a CoNISMa y a Martín Meat refuerza la idea de que el interés público no se satisface excluyendo por defecto formal, sino abriendo la competencia en la mayor medida compatible con la legalidad.

En cuanto a la posible creación de criterio, esta resolución no rompe de forma radical con la línea previa, pero sí reafirma un precedente interpretativo útil para futuros casos similares: cuando la documentación presentada identifica con claridad a la persona o entidad que realmente formuló la oferta, y el único error reside en la plataforma o en el alta electrónica, el defecto puede ser considerado subsanable si no se altera el contenido de la proposición ni se introduce una ventaja extemporánea. Esto puede tener una incidencia práctica importante en licitaciones electrónicas de todo tipo, porque obliga a los órganos de contratación a analizar con más cuidado los errores de registro y a no confundir identidad formal en el sistema con identidad material de la oferta.

También es relevante que el Tribunal no emplea un enfoque puramente dogmático sobre la identidad del licitador. Reconoce que esa identidad es un elemento esencial, pero no acepta convertir cualquier discordancia técnica en una causa automática de nulidad. Esta matización será útil en casos futuros, porque fija una pauta de análisis casuística: si el error afecta al núcleo competitivo, habrá exclusión; si el error es meramente instrumental y la voluntad del licitador resulta indubitada, cabrá subsanación o aclaración.

Por último, la resolución tiene un impacto práctico evidente para la continuidad del contrato. Al reactivar el lote 3, evita que una controversia puramente formal paralice de manera prolongada la adjudicación o comprometa la prestación futura del servicio. En sectores como la mensajería vinculada a un organismo sanitario, la continuidad y regularidad del servicio no son cuestiones menores. Por ello, la decisión del Tribunal no solo corrige una exclusión, sino que también contribuye a que el procedimiento siga su curso con mayor eficacia administrativa.

En suma, la Resolución 327/2026 consolida una lectura equilibrada de la contratación pública electrónica: rigor en la exigencia documental, sí, pero también flexibilidad razonable cuando el error es identificado, explicado y no afecta a la esencia de la oferta. Esa combinación fortalece la seguridad jurídica, favorece la competencia y protege la finalidad última del procedimiento de contratación.

Doctrina aplicada por el tribunal

Acumulacion de recursos por identidad sustancial

El Tribunal aprecia que los dos recursos especiales se dirigen contra el mismo acto, afectan al mismo procedimiento de contratacion y se apoyan en una identidad material de motivos y pretensiones. Por ello, aplica el criterio de economia procedimental y acuerda su acumulacion en un unico procedimiento y mediante una sola resolucion. La decision se apoya expresamente en el articulo 20 del Decreto 221/2013, el articulo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el articulo 13 del Real decreto 814/2015, de 11 de septiembre, ademas de la referencia al articulo 46 de la LCSP y a la disposicion adicional cuarta de la Ley 7/2011, de 27 de julio.

Error en la identificacion del licitador, subsanacion y admision de la oferta

La cuestion de fondo se centra en si la oferta presentada bajo el perfil de FOTOVOL SOLAR, SL podia tenerse realmente por presentada por M.B.G.. El Tribunal parte de la documentacion incorporada al sobre A y constata que el DEUC identifica a M.B.G. en los apartados relativos al operador economico y a sus representantes, y que la declaracion responsable y demas documentos tambien figuran a nombre de esa persona. Tambien toma en consideracion la aclaracion conjunta presentada por FOTOVOL y M.B.G., en la que se explica que la discrepancia obedecio a un error al usar un enlace de la PSCP asociado a FOTOVOL, pese a que la voluntad de licitar y la titularidad material y formal de la oferta correspondian a M.B.G.

A partir de esa base, el Tribunal encuadra el problema en la logica del articulo 140 de la LCSP y de los articulos 81.1 y 81.2 del Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y recuerda que la presentacion de oferta supone la aceptacion incondicionada del contenido de los pliegos conforme al articulo 139.1 de la LCSP. Sin embargo, considera que ese principio no obliga a excluir automaticamente cualquier oferta cuando el defecto sea en realidad materialmente corregible y no altere el contenido de la proposicion ni suponga una presentacion ex novo una vez vencido el plazo.

El Tribunal aplica aqui su propia doctrina sobre el caracter antiformalista de la contratacion publica: solo procede la exclusion cuando existe un incumplimiento expreso, claro y palmario de los pliegos, sin margen para una interpretacion favorable. En cambio, si el defecto es meramente formal y su correccion no rompe la igualdad de trato ni introduce ventajas indebidas, la oferta debe admitirse. Esta linea se vincula expresamente con los articulos 1, 132 y 139.1 de la LCSP y con la clausula 11.11 del PCAP, cuya lectura lleva al Tribunal a concluir que el error no afecto a la identidad real de la persona licitadora.

En consecuencia, el Tribunal entiende que la exclusion acordada por el organo de contratacion fue desproporcionada. La razon es que la documentacion administrativa ya permitia identificar de forma inequivoca a M.B.G. como licitadora, por lo que admitir la oferta no suponia cambiar el sujeto ofertante ni alterar el contenido de la proposicion. Sobre esta base, considera que la actuacion mas respetuosa con los principios de libre concurrencia, igualdad, no discriminacion, transparencia y proporcionalidad era admitir la oferta y retrotraer las actuaciones al momento anterior a la valoracion del sobre A.

La resolucion tambien se apoya en la jurisprudencia citada como refuerzo de esa linea antiformalista, incluyendo la Resolucion 63/2021 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y Leon, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2004, la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/93, de 22 de abril, la Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 10 de noviembre de 2017, asunto T-668/15, y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unio Europa mencionadas en el texto, que se emplean para subrayar la necesidad de favorecer la mayor concurrencia posible sin sacrificar la proporcionalidad ni la igualdad de trato.

Conclusión Doctrinal

• El Tribunal trata la discrepancia entre el perfil de registro y la verdadera licitadora como un error material subsanable cuando la documentacion identifica de forma inequívoca a la persona que quiso licitar.
• La exclusion se considera desproporcionada porque no habia cambio real de ofertante ni alteracion del contenido de la proposicion.
• Se reafirma un criterio antiformalista: solo procede excluir cuando el incumplimiento de los pliegos es claro, expreso y palmario.
• En la practica, si la aclaracion no introduce una oferta nueva ni vulnera la igualdad de trato, la respuesta adecuada sera admitir la proposicion y continuar la tramitacion.

Doctrina - Jurisprudencia - Legislacion

Resoluciones

• Resolucion 327/2026 del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
• Resolucion S-17/2026 del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
• Resolucion 63/2021 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y Leon
• Resoluciones 210/2025, 72/2025, 50/2024, 23/2024, 459/2023, 277/2022, 257/2021, 108/2021 y 5/2021 del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
• Resoluciones 26/2023, 145/2022, 282/2022, 1564/2021 y 608/2021 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
• Acord 6/2023 del Tribunal Administrativo de Contratos Publicos de Aragon

Sentencias

• Tribunal Supremo

  • Sentencia de 21 de septiembre de 2004
  • Sentencias de 5 de junio de 1971, 22 de junio de 1972, 27 de noviembre de 1984, 28 de septiembre de 1995 y 6 de julio de 2004, citadas en la doctrina reseñada por la resolucion

• Tribunal Constitucional

  • Sentencia 141/93, de 22 de abril

• Tribunal General (Sala Segunda)

  • Sentencia de 10 de noviembre de 2017, asunto T-668/15
  • Sentencia de 10 de noviembre de 2015, GSA y SGI/Parlamento, T-321/15

• Tribunal de Justicia de la Unio Europa

  • Sentencia de 23 de diciembre de 2009, CoNISMa, C-305/08
  • Sentencia de 18 de junio de 2015, Martin Meat, C-586/13

Legislacion

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
• Articulos 1, 44.1 a), 44.2 b), 46, 48, 50.1 b), 51.1, 51.1 a), 57.4, 58.2, 59, 132, 139.1, 140 y 326.2 a de la LCSP
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas
• Articulo 57 de la Ley 39/2015
• Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras de la Generalitat de Catalunya
• Disposicion adicional cuarta de la Ley 7/2011
• Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula el Tribunal y se aprueba su organizacion y funcionamiento
• Articulos 16 y 20 del Decreto 221/2013
• Real decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revision de decisiones en materia contractual
• Articulo 13 del Real decreto 814/2015
• Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones publicas
• Articulos 81.1 y 81.2 del Real decreto 1098/2001
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccion contencioso-administrativa
• Articulos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998
• Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero