Resumen de la Resolución 364/2025 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

La resolución 364/2025 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic aborda el recurso especial en materia de contratación interpuesto por PHILIPS IBÉRICA, SAU, contra la adjudicación del contrato para el despliegue y suministro de una solución tecnológica de visor multipropósito para los centros del SISCAT, licitado por el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI). El recurso se centra en la valoración de un criterio subjetivo relacionado con la tecnología "zero foot print" (ZFP) de los visores ofertados. La normativa principal aplicada incluye la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP), y el Decreto 221/2013, que regula el Tribunal. La resolución estima el recurso de PHILIPS, ordenando la retroacción de las actuaciones para una correcta valoración de las ofertas en relación con el criterio controvertido.

Detalles Generales de la Resolución

• Número de Resolución: 364/2025 (recurso N-2025-0359)
• Fecha: 25 de septiembre de 2025
• Tribunal: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, compuesto por M. Àngels Alonso Rodríguez y Carme Lucena Cayuela
• Expediente: POH-MX-IDI-2024-007
• Organismo: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
• Objeto del Contrato: Despliegue y suministro de una solución tecnológica de visor multipropósito para los centros del SISCAT
• Partes Intervinientes:
  • Recurrente: PHILIPS IBÉRICA, SAU, representada por M.L.A.
  • Adjudicatario: FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA, SL
  • Órgano de contratación: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
• Importe de Licitación: Valor estimado del contrato de 826.446,28 euros
• Comunidad Autónoma: Cataluña

Antecedentes de la Resolución

El procedimiento de licitación fue anunciado el 14 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial de la Unión Europea y el 15 de noviembre de 2024 en el perfil del contratante del IDI. Se presentaron cinco ofertas, incluyendo las de PHILIPS y FUJIFILM. El 14 de mayo de 2025, el contrato fue adjudicado a FUJIFILM, y la resolución fue notificada a PHILIPS el 15 de mayo de 2025. PHILIPS presentó un recurso el 5 de junio de 2025, alegando que su oferta cumplía con el criterio de visores 100% ZFP, mientras que la de FUJIFILM no. El órgano de contratación defendió su decisión basándose en la documentación presentada y la discrecionalidad técnica. FUJIFILM también presentó alegaciones apoyando la valoración técnica realizada.

Argumentos de las Partes

Argumentos de PHILIPS

PHILIPS argumenta que su oferta cumplía con el criterio de visores 100% ZFP, mientras que la de FUJIFILM no lo hacía completamente, ya que su solución incluía módulos que no eran ZFP. PHILIPS sostiene que FUJIFILM ocultó información sobre su solución y que su oferta no cumplía con los estándares tecnológicos exigidos. Solicita la anulación de la adjudicación y una nueva valoración de las ofertas.

Defensa del Órgano de Contratación

El órgano de contratación defiende su decisión afirmando que la valoración se basó en la documentación presentada y que PHILIPS no aportó pruebas suficientes para desvirtuar los informes técnicos. Invoca la presunción de veracidad de los informes y la discrecionalidad técnica del órgano de contratación.

Alegaciones de FUJIFILM

FUJIFILM apoya la valoración técnica realizada, destacando que se realizó una demostración técnica del producto ofertado, grabada para su revisión. Argumenta que PHILIPS no ha probado error o arbitrariedad en el procedimiento y apela al principio de discrecionalidad técnica.

Decisión del Tribunal

El Tribunal estima el recurso de PHILIPS, basándose en la falta de motivación suficiente en la valoración del criterio controvertido. Se ordena la retroacción de las actuaciones para verificar si las ofertas cumplen con el criterio de solución 100% ZFP, con una correcta motivación de las puntuaciones. La decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar la transparencia y la igualdad de trato, conforme a los artículos 145.5 y 151.1 de la LCSP. No se aprecia temeridad o mala fe en la interposición del recurso.

Conclusión

El Tribunal ordena la retroacción de las actuaciones para una nueva valoración del criterio controvertido, asegurando la transparencia y la igualdad de trato. Se levanta la suspensión automática de la adjudicación y se notifica a las partes. La resolución es ejecutiva y puede ser recurrida ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Impacto y Relevancia

Esta resolución refuerza la importancia de la motivación en la valoración de criterios subjetivos en los procedimientos de contratación, asegurando la transparencia y la igualdad de trato. Sienta un precedente en la necesidad de una correcta motivación de las puntuaciones, especialmente en criterios de apreciación técnica, y puede influir en futuros casos similares, promoviendo una mayor claridad en los procesos de evaluación de ofertas.

Doctrina aplicada por el tribunal

Legitimación Activa

En la resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, se reconoce la legitimación activa de PHILIPS IBÉRICA, SAU para interponer el recurso contra la adjudicación del contrato de servicios de visor multipropósito. Esta legitimación se fundamenta en el Artículo 48 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y el Artículo 16.2 del Decreto 221/2013, ya que los derechos e intereses de PHILIPS se ven directamente afectados por la adjudicación impugnada.

Proporcionalidad y Transparencia

La resolución enfatiza la necesidad de que los criterios de adjudicación sean objetivos y transparentes, conforme a los Artículos 1, 132 y 145.5 de la LCSP y los artículos 4 y 5 de la Directiva 2014/24/UE. Se subraya que estos criterios no deben conferir una libertad de decisión ilimitada al órgano de contratación, garantizando así la competencia efectiva y la igualdad de trato entre los licitadores.

Discrecionalidad Técnica

El tribunal reconoce la discrecionalidad técnica del órgano de contratación en la valoración de ofertas, tal como se establece en las Resoluciones 354/2024, 354/2022, 112/2021 y 58/2018 del propio tribunal. Sin embargo, esta discrecionalidad está limitada a aspectos formales y de procedimiento, sin entrar en el núcleo técnico de la decisión, asegurando que no se incurra en arbitrariedad.

Motivación de los Informes Técnicos

La resolución destaca la importancia de que los informes técnicos estén suficientemente motivados, conforme al Artículo 151.1 de la LCSP y las Resoluciones 187/2024, 98/2024, 351/2022. La motivación adecuada permite la comprensión de las valoraciones y garantiza la transparencia y el derecho de defensa de los licitadores.

Retroacción de Actuaciones

Se ordena la retroacción de actuaciones para corregir la puntuación del criterio controvertido, asegurando que las ofertas sean evaluadas en condiciones de igualdad y transparencia. Esta decisión se basa en las Resoluciones 39/2022 y 206/2022 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Presunción de Validez de los Actos Administrativos

La resolución reconoce la presunción de validez y legalidad de los actos de los poderes adjudicadores, salvo prueba en contrario, como se establece en las Resoluciones 354/2024, 195/2024 y la Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de mayo de 2013.

Principio de Igualdad de Trato

Se subraya la importancia de aplicar los pliegos de manera uniforme para garantizar la igualdad de trato entre los licitadores, conforme a los Artículos 1 y 132 de la LCSP y las Resoluciones 24/2024, 35/2023.

Control Jurisdiccional de la Administración

La motivación de los actos administrativos es esencial para permitir el control jurisdiccional de la actuación administrativa, según el Artículo 106.1 de la Constitución Española y la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014.

Conclusión Doctrinal

• La resolución reafirma la importancia de la legitimación activa en los recursos contractuales, asegurando que los derechos de los licitadores afectados sean protegidos.
• Se destaca la necesidad de criterios de adjudicación claros y transparentes, que no otorguen discrecionalidad ilimitada al órgano de contratación, garantizando así la competencia efectiva.
• La discrecionalidad técnica del órgano de contratación está limitada a aspectos formales, asegurando que no se incurra en arbitrariedad.
• La motivación adecuada de los informes técnicos es crucial para la transparencia y el derecho de defensa, permitiendo a los licitadores comprender las valoraciones.
• La retroacción de actuaciones se ordena para corregir puntuaciones, asegurando igualdad y transparencia en la evaluación de ofertas.
• Se reconoce la presunción de validez de los actos administrativos, salvo prueba en contrario, protegiendo la imparcialidad del proceso.
• La igualdad de trato entre licitadores es fundamental, aplicando los pliegos de manera uniforme.
• La motivación de los actos administrativos es esencial para el control jurisdiccional, garantizando la legalidad de la actuación administrativa.

Doctrina - Jurisprudencia - Legislación

Resoluciones

• Tribunal Català de Contractes del Sector Públic: Resoluciones 354/2024, 354/2022, 112/2021, 58/2018, 187/2024, 98/2024, 351/2022, 39/2022, 206/2022, 24/2024, 35/2023.
• Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC): Resolución 621/2017.
• Órgano Administrativo de Recursos Contractuales d'Euskadi (OARCE): Resolución 136/2023.
• Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA): Acuerdos 3 y 12/2012.

Legislación

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP): Artículos 1, 48, 132, 145.5, 151.1.
• Directiva 2014/24/UE: Artículos 4 y 5.
• Decreto 221/2013: Artículo 16.2.
• Constitución Española: Artículo 106.1.
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa: Artículos 10.1 k) y 46.1.

Sentencias

• Tribunal Supremo: Sentencias de 30 de enero de 2014, 24 de septiembre de 2014.
• Audiencia Nacional: Sentencia de 30 de mayo de 2013.
• Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: Sentencia 542/2012, de 8 de mayo.
• Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE): Sentencia de 16 de enero de 2019, asunto United Parcel Service c/Comissió, C265/17 P.
• Tribunal General de la Unió Europea: Sentencias de 13 de diciembre de 2013, T-165/2012; 14 de diciembre de 2017, T-164/2015.