Resumen de la Resolución 330/2026 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias

Resumen de la Resolución

La Resolución 330/2026, de 4 de noviembre, dictada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, resuelve un recurso especial en materia de contratación interpuesto por SERIN GLOBAL CANARIAS, S.L. contra la adjudicación del contrato de servicio de control de acceso de un edificio de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, FUNCATRA, expediente CONTROLACCESOS2026, adjudicado a ANDANZA EMPLEA, S.L.

El núcleo del litigio gira en torno a una cuestión técnica pero de enorme trascendencia práctica en la contratación pública reservada: si la entidad finalmente adjudicataria acreditó o no de forma suficiente su condición de Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, CEEIS, y, más concretamente, si esa condición debía estar vinculada de manera expresa y específica a la actividad de control de accesos objeto del contrato. La recurrente sostuvo que no bastaba con que ANDANZA EMPLEA, S.L. estuviera calificada como CEEIS en términos generales, porque la resolución administrativa aportada por la adjudicataria hacía referencia a otras actividades, en especial a la gestión integral de archivo, almacén y correspondencia, y no al servicio licitado. El Tribunal, sin embargo, rechaza esa interpretación y confirma que el requisito legal y pliego exigido era la condición de CEEIS en sentido general, no la coincidencia exacta entre la actividad inscrita y la prestación concreta licitada.

La resolución analiza de forma detenida el marco normativo aplicable, con especial atención a la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, LCSP, que regula los contratos reservados; al artículo 65.2 LCSP, sobre la exigencia de habilitación empresarial o profesional; al artículo 66.1 LCSP, sobre capacidad de obrar; al artículo 140.4 LCSP, relativo a la acreditación de requisitos al término del plazo de presentación de ofertas y su mantenimiento hasta la formalización; y a los artículos 122.2 y 139.1 LCSP, que refuerzan el principio de vinculación a los pliegos, auténtica lex contractus del procedimiento. Asimismo, la resolución se apoya en el artículo 43 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, y en el artículo 7 del Real Decreto 2273/1985, regulador de los Centros Especiales de Empleo. En el ámbito autonómico canario, toma también en consideración el Decreto 79/1986, de 9 de mayo, y la estructura competencial del Servicio Canario de Empleo.

El Tribunal concluye que la adjudicataria acreditó de manera adecuada y suficiente su condición de CEEIS, que dicha condición fue reconocida por el órgano competente del Gobierno de Canarias, y que el hecho de que en la resolución administrativa se mencionase una actividad determinada no permitía excluirla ni entender que carecía de habilitación para ejecutar el contrato. La resolución enfatiza que la referencia registral a una actividad concreta tiene un valor meramente informativo, pero no limitativo, salvo que la normativa aplicable disponga lo contrario, lo que aquí no ocurre. Además, se subraya que la actividad de control de accesos sí estaba comprendida en el objeto social de la mercantil, por lo que también quedaba acreditada su capacidad de obrar para ejecutar la prestación licitada.

En consecuencia, el Tribunal desestima el recurso, confirma la adjudicación a favor de ANDANZA EMPLEA, S.L., acuerda el levantamiento de la suspensión automática del procedimiento derivada de la interposición del recurso, y declara que no existe mala fe ni temeridad en la impugnación, por lo que no impone la sanción prevista en el artículo 58.2 LCSP. La resolución es firme en vía administrativa y solo cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Detalles Generales de la Resolución

• Número de Resolución: 330/2026. Se trata de la resolución dictada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en el recurso especial interpuesto contra la adjudicación del contrato CONTROLACCESOS2026.

• Fecha: 4 de noviembre de 2026. La resolución se dicta en esa fecha. El expediente administrativo refleja además hitos relevantes previos en marzo, abril, mayo, junio y julio de 2026, con publicación de licitación, actos de la Mesa, adjudicación y recurso.

• Tribunal: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La resolución está firmada por la Titular del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. El texto no desglosa una composición colegiada, sino que se presenta como decisión emanada del órgano unipersonal competente en vía administrativa de contratación.

• Expediente: CONTROLACCESOS2026. Es el expediente de contratación relativo al servicio de control de acceso de un edificio de FUNCATRA.

• Organismo: Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, FUNCATRA. Se identifica como entidad pública titularidad del Gobierno de Canarias y adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo.

• Objeto del Contrato: Contrato de servicios para el control de acceso de un edificio de FUNCATRA, configurado expresamente como contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. El pliego describe funciones de entrada y salida, control de accesos, supervisión de instalaciones, apoyo logístico y tareas afines necesarias para el servicio. El contrato no se divide en lotes según la cláusula 2 del PCAP, aunque en el relato del expediente aparece alguna referencia puntual a lote 2.

• Partes Intervinientes:

  • Recurrente: SERIN GLOBAL CANARIAS, S.L., representada por don FVR, en su condición de administrador solidario.
  • Adjudicataria: ANDANZA EMPLEA, S.L.
  • Órgano de contratación: Gerencia de FUNCATRA.
  • Mesa de Contratación: órgano de asistencia que interviene en la admisión, subsanación, valoración y propuesta de adjudicación.
  • Otras licitadoras: ENVERA EMPLEO S.L.U., INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES, S.L., TSM SERVICIOS INTEGRALES, S.L. y, según el expediente, también se menciona ANDANZA EMPLEA, S.L. y otras participantes en el procedimiento.

• Importe de Licitación:

  • Presupuesto máximo de licitación, IGIC incluido: 83.211,87 euros.
  • Valor estimado del contrato, sin IGIC: 192.319,97 euros.
  • El expediente no recoge en la resolución el precio concreto ofertado por la adjudicataria ni las demás puntuaciones detalladas, aunque sí indica que la Mesa evaluó las ofertas con criterios de adjudicación y propuso la adjudicación a favor de ANDANZA EMPLEA, S.L.

• Comunidad Autónoma: Canarias. El procedimiento se tramita en el ámbito del sector público autonómico canario, con aplicación del marco normativo específico de la Comunidad Autónoma sobre Centros Especiales de Empleo y contratos reservados.

Antecedentes de la resolución

La licitación se inició mediante Resolución de 18 de marzo de 2026 del Gerente de FUNCATRA, por la que se aprobó el expediente de contratación y los pliegos que regirían el procedimiento. La convocatoria se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público, PLACSP, el 19 de marzo de 2026, fecha en la que también quedaron accesibles los pliegos. Desde ese momento quedó definido el marco jurídico del procedimiento, sometido a un procedimiento abierto, con tramitación ordinaria, pluralidad de criterios y sometido a regulación armonizada, de acuerdo con lo indicado en el PCAP.

El contrato tenía una configuración singular, porque se trataba de un contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, en los términos de la disposición adicional cuarta de la LCSP. La cláusula 1 del PCAP ya lo dejaba claro al establecer que el objeto del contrato era el servicio de control de accesos de un edificio de FUNCATRA, mediante contrato reservado a CEEIS. La cláusula 2 precisaba que el contrato no se dividía en lotes, justificando esa decisión en razones incluidas en el propio pliego. Y la cláusula 5 fijaba las cifras económicas esenciales: un presupuesto máximo de licitación de 83.211,87 euros, con IGIC incluido, y un valor estimado de 192.319,97 euros, sin IGIC.

El PCAP prestaba especial atención a los requisitos de aptitud para contratar. La cláusula 9.4 exigía que las entidades licitadoras acreditaran estar constituidas y registradas como Centro Especial de Empleo conforme al artículo 7 del Real Decreto 2273/1985, y añadía una declaración responsable sobre la plantilla: al menos un 70 por ciento de trabajadores con diversidad funcional o movilidad reducida, con referencia al artículo 43 del Real Decreto Legislativo 1/2013. Además, la cláusula 10.1 insistía en que las empresas licitadoras debían ostentar la condición de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, en virtud de la disposición adicional cuarta de la LCSP. El pliego también fijaba que la documentación se presentaría en dos archivos electrónicos: uno para la capacidad, solvencia y declaraciones, y otro para la oferta económica y los criterios evaluables mediante fórmula.

Dentro del plazo de licitación presentaron oferta distintas entidades, entre ellas ANDANZA EMPLEA, S.L., ENVERA EMPLEO S.L.U., SERIN GLOBAL CANARIAS, S.L., INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES, S.L. y TSM SERVICIOS INTEGRALES, S.L.. El expediente refleja una referencia al lote 2, aunque el pliego establecía que el contrato no se dividía en lotes. En todo caso, lo relevante es que la fase de admisión y comprobación de aptitud se centró en determinar si las empresas reunían la condición exigida de CEEIS.

En la sesión de la Mesa de Contratación de 8 de abril de 2026, se abrieron los archivos electrónicos número 1 y se revisó la documentación de los licitadores. En el caso de ANDANZA EMPLEA, S.L., la Mesa comprobó que había presentado correctamente el DEUC y los anexos exigidos, pero manifestó dudas sobre su condición de Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, porque no podía verificar de forma inmediata su inscripción en el registro correspondiente al tener domicilio social fuera de Canarias. Por ello, acordó solicitar aclaraciones en aplicación del artículo 96 de la LCSP y la admitió provisionalmente.

A raíz de ello, el 9 de abril de 2026 el órgano de contratación requirió a ANDANZA EMPLEA, S.L. para que aclarara expresamente si ostentaba la condición de CEEIS y, en su caso, aportara la documentación acreditativa, bien la inscripción registral o documentación equivalente que demostrara el cumplimiento del artículo 43.4 del TRLGDPDIS. La empresa respondió dentro del plazo con una Resolución del Subdirector de Economía Social y Emprendimiento del Servicio Canario de Empleo, n. 323/2026, de 14 de enero de 2026, por la que se modificaba su calificación e inscripción como Centro Especial de Empleo, quedando inscrita como naturaleza de iniciativa social. El documento recogía datos identificativos, el número de inscripción, la naturaleza jurídica, el ámbito territorial de actividad y la referencia a una actualización anual del volumen de negocio.

Con esa documentación, la Mesa, en sesión de 14 de abril de 2026, decidió admitir definitivamente a ANDANZA EMPLEA, S.L. al considerar acreditada su condición de CEEIS. En esa misma sesión se excluyó a otra licitadora, TSM SERVICIOS INTEGRALES, S.L., porque declaró expresamente que no ostentaba la condición de CEEIS, lo que la Mesa consideró un requisito esencial para participar en la licitación reservada.

La fase de valoración de ofertas económicas se desarrolló después. En la sesión de 16 de abril de 2026, la Mesa abrió los archivos electrónicos número 2 y detectó que la oferta de INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES, S.L. incurría en presunción de anormalidad conforme a la cláusula 17 del PCAP, por lo que le requirió justificación de viabilidad. Posteriormente, en la sesión de 11 de mayo de 2026, tras examinar el informe técnico-jurídico emitido sobre las justificaciones presentadas, la Mesa propuso rechazar esa oferta por no quedar acreditada su viabilidad. De esta manera, el proceso siguió con las ofertas restantes.

El 13 de mayo de 2026, la Mesa evaluó las ofertas de las licitadoras finalmente admitidas aplicando los criterios de adjudicación del pliego y propuso adjudicar el contrato a ANDANZA EMPLEA, S.L.. El acta correspondiente se publicó el 15 de mayo de 2026 en la PLACSP. Más tarde, el 15 de mayo de 2026, la Mesa requirió a la empresa propuesta como adjudicataria para que aportara la documentación acreditativa prevista en la cláusula 20 del PCAP, relativa a la acreditación de requisitos previos antes de la adjudicación formal.

En este segundo trámite, la Mesa celebró sesión el 2 de junio de 2026 y detectó que, aunque la adjudicataria había aportado documentación, todavía debía completar la acreditación de ciertos extremos. En particular, la Mesa quiso verificar si la actividad de control de accesos estaba comprendida dentro de las actividades autorizadas, inscritas o calificadas del CEEIS, pues la resolución administrativa del Servicio Canario de Empleo parecía referirse a otras actividades. Por ello, requirió subsanación para que se aportara documentación emitida por órgano competente que permitiera comprobar que la actividad del contrato se encontraba incluida en la actividad desarrollada por el centro antes del final del plazo de ofertas. La Mesa vinculó esta petición a la cláusula 9 del PCAP y al artículo 140 LCSP.

La adjudicataria atendió el requerimiento y presentó documentación adicional que incluía, entre otros extremos, la resolución del Servicio Canario de Empleo de 14 de enero de 2026, el acta de Junta General Extraordinaria y Universal de 25 de noviembre de 2024 por la que se amplió el objeto social, y la certificación del Registro Mercantil de Ciudad Real de 13 de enero de 2025. En ese acta social se incorporó expresamente la actividad de servicios de portería, recepción, conserjería, telefonía y controles de acceso, tanto en instalaciones públicas como privadas. La Mesa, en sesión de 16 de junio de 2026, consideró que esa documentación acreditaba suficientemente que la actividad licitada estaba comprendida en el objeto social de la mercantil y que la condición de CEEIS seguía intacta. En consecuencia, declaró cumplido satisfactoriamente el requerimiento documental y elevó propuesta definitiva de adjudicación.

Finalmente, por Resolución de 25 de junio de 2026, el Gerente de FUNCATRA adjudicó el contrato a favor de ANDANZA EMPLEA, S.L.. El anuncio de adjudicación se publicó ese mismo día en la PLACSP. No consta en el expediente remitido al Tribunal la notificación individual de la adjudicación a las interesadas, aunque sí la publicación del acto en la plataforma.

Al día siguiente, 26 de junio de 2026, SERIN GLOBAL CANARIAS, S.L. presentó ante el órgano de contratación un escrito de alegaciones cuestionando la decisión de la Mesa de considerar acreditada la condición de CEEIS de la adjudicataria para ejecutar las prestaciones licitadas. Solicitó que se incorporara al expediente la contestación del Servicio Canario de Empleo, que se recabara informe específico sobre si la actividad de control de accesos formaba parte de la actividad calificada de ANDANZA EMPLEA, S.L., y que se suspendiera la adjudicación hasta recibir dicho informe. El Gerente de FUNCATRA, mediante resolución de 26 de junio de 2026, denegó lo solicitado al entender que la adjudicación ya se había dictado y que contra ella cabía recurso especial en materia de contratación.

El 1 de julio de 2026, SERIN GLOBAL CANARIAS, S.L. interpuso formalmente recurso especial en materia de contratación ante la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En él insistía en que la adjudicataria no había acreditado adecuadamente su habilitación como CEEIS respecto del objeto concreto del contrato. Sostenía que la resolución del Servicio Canario de Empleo solo mencionaba actividades distintas a las del contrato, que la Mesa había mostrado dudas al requerir aclaraciones y que la adjudicación se había basado en una interpretación insuficiente del pliego y del régimen de los contratos reservados. Con ello, solicitó la anulación de la adjudicación, la exclusión de ANDANZA EMPLEA, S.L. y, en su defecto, la retroacción de actuaciones para nueva comprobación motivada.

El 2 de julio de 2026, el Tribunal dio traslado del recurso al órgano de contratación y requirió expediente e informe conforme al artículo 56.2 LCSP. FUNCATRA remitió el expediente y un informe el 6 de julio de 2026 defendiendo la legalidad de la adjudicación. El 7 de julio de 2026, el Tribunal dio traslado del recurso a la adjudicataria y al resto de licitadoras para formular alegaciones. El 9 de julio de 2026, ANDANZA EMPLEA, S.L. se opuso al recurso, remitiéndose a argumentos similares a los del órgano de contratación y citando la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en particular la resolución que el expediente recoge como 538/2016, de 8 de julio.

Argumentos de las partes

1. Argumentos de la empresa recurrente

La tesis central de SERIN GLOBAL CANARIAS, S.L. era que la adjudicación debía anularse porque la adjudicataria no había acreditado con suficiencia la habilitación exigida por el pliego para participar en un contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. La recurrente no cuestionaba que ANDANZA EMPLEA, S.L. estuviera reconocida como Centro Especial de Empleo en abstracto, sino que afirmaba que esa calificación no era bastante para este contrato concreto, porque la resolución administrativa de calificación no se refería de forma expresa a la actividad de control de accesos, que era la prestación objeto de licitación.

La recurrente subrayó que la propia Mesa de Contratación había requerido a la adjudicataria una aclaración adicional, lo cual, a su juicio, demostraba que existían dudas reales sobre si la actividad objeto del contrato quedaba comprendida dentro del ámbito para el que la empresa estaba calificada. Desde esa perspectiva, entendía que la Mesa y el órgano de contratación no podían limitarse a verificar la mera inscripción como CEEIS, sino que debían comprobar de forma específica que la actividad licitada estaba incluida en la calificación administrativa o, al menos, que el órgano competente había reconocido expresamente que la empresa podía desarrollar esa concreta actividad dentro del régimen reservado.

También reprochó al órgano de contratación una supuesta falta de motivación suficiente. A su juicio, no se explicó con el debido rigor por qué el hecho de que la empresa tuviera un objeto social amplio permitía dar por acreditado que la actividad de control de accesos estaba cubierta por la resolución administrativa de calificación como CEEIS. Consideró que esa interpretación desnaturalizaba el régimen de contratación reservada y debilitaba la finalidad social de la reserva, porque permitía que una entidad fuera adjudicataria sin una acreditación específica vinculada a la prestación concreta.

La recurrente invocó, además, principios generales como la diligencia en la instrucción de los procedimientos, la buena administración, la seguridad jurídica y la necesidad de controlar de forma estricta el cumplimiento de los requisitos habilitantes en licitaciones reservadas. En su visión, el Tribunal debía corregir una adjudicación que se había apoyado en una documentación que no demostraba suficientemente la aptitud legal de la empresa para ejecutar el contrato.

En lo petitorio, solicitó, en primer lugar, la declaración de no conformidad a Derecho de la resolución de adjudicación y su anulación. En segundo término, pidió que se excluyera a ANDANZA EMPLEA, S.L. y se adjudicara el contrato a SERIN GLOBAL CANARIAS, S.L. como siguiente licitadora mejor clasificada. Subsidiariamente, pidió la retroacción del procedimiento para que se practicara una nueva comprobación y se dictara una resolución suficientemente motivada.

2. Defensa del órgano de contratación

La Gerencia de FUNCATRA rechazó frontalmente la tesis del recurso. Su principal argumento fue que la recurrente partía de una interpretación equivocada del PCAP y del régimen jurídico de los contratos reservados. Según el órgano de contratación, la cláusula 9.4 exigía simplemente estar constituida y registrada como Centro Especial de Empleo, mientras que la cláusula 10.1 añadía la exigencia de ser Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social, pero en ningún momento el pliego imponía que la inscripción registral o la calificación administrativa tuviera que referirse de manera expresa a la concreta actividad de la licitación.

FUNCATRA defendió que la condición relevante era la de CEEIS y que la exigencia de inscripción en el registro oficial se cumplía con independencia de las actividades concretamente mencionadas en la resolución administrativa, siempre que el objeto social de la empresa guardara relación con el contrato. Esta interpretación se apoyaba en el artículo 7 del Real Decreto 2273/1985, que regula la calificación e inscripción de los centros, y en la lógica del régimen de contratación reservada de la disposición adicional cuarta LCSP, que no contiene una exigencia de correspondencia exacta entre actividad registrada y prestación contractual.

El órgano de contratación compartió el criterio de la Mesa en el sentido de que el requisito habilitante es la condición jurídica de CEEIS, no una enumeración pormenorizada de cada actividad posible dentro del registro administrativo. Por eso entendió que la resolución de calificación aportada por ANDANZA EMPLEA, S.L. era suficiente para acreditar su aptitud, y que la documentación adicional presentada en fase de subsanación demostraba también que la actividad de control de accesos formaba parte de su objeto social y, por tanto, de su capacidad de obrar.

El órgano de contratación sostuvo además que la actuación de la Mesa había sido prudente y respetuosa con la legalidad, porque solicitó aclaraciones y documentación complementaria antes de adjudicar, precisamente para evitar cualquier duda. Una vez examinada la ampliación del objeto social y la certificación registral mercantil, se consideró razonablemente acreditado que la empresa podía ejecutar el contrato. El informe concluyó pidiendo la desestimación íntegra del recurso.

3. Posición de la adjudicataria

ANDANZA EMPLEA, S.L. se opuso también al recurso con argumentos coincidentes en lo esencial con los del órgano de contratación. Insistió en que estaba inscrita como Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social en el registro oficial competente de la Comunidad Autónoma de Canarias y que esa calificación era plenamente válida para concurrir a licitaciones reservadas. Añadió que el régimen jurídico de los CEEIS no exige que la resolución de calificación enumere de forma taxativa cada prestación concreta que el centro puede ejecutar en el futuro.

La adjudicataria subrayó que la normativa aplicable no impone una reserva por actividades concretas, sino por la condición del centro, y que la referencia a una actividad en la resolución administrativa tiene un valor descriptivo o informativo, no excluyente. En este punto invocó la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en particular la resolución citada como 538/2016, de 8 de julio, que sostiene que la inscripción en el registro oficial y el reconocimiento de la condición de CEEIS son bastantes para habilitar a la empresa a concurrir a contratos reservados, siempre que las prestaciones estén dentro de su objeto social.

Además, la empresa recalcó que había ampliado su objeto social con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de ofertas, incorporando expresamente los servicios de portería, recepción, conserjería, telefonía y controles de acceso. Desde su punto de vista, eso cerraba cualquier posible objeción sobre capacidad de obrar o sobre adecuación del objeto social a la prestación licitada. En suma, sostuvo que no existía ningún déficit habilitante y que la impugnación se basaba en una lectura excesivamente rígida del pliego y de la normativa.

Decisión del Tribunal

El Tribunal comienza su razonamiento afirmando su competencia para resolver el recurso, con apoyo en el artículo 46.1 LCSP y en el artículo 2.1 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias. También aprecia la legitimación de SERIN GLOBAL CANARIAS, S.L. conforme al artículo 48 LCSP, ya que había participado en la licitación y había quedado en segundo lugar en la clasificación final. Igualmente constata la representación de don FVR.

En cuanto a la procedencia del recurso, el Tribunal señala que la impugnación se dirige contra la adjudicación de un contrato de servicios cuyo valor estimado supera los cien mil euros, por lo que encaja en los supuestos del artículo 44.1.a) y 44.2.c) LCSP. También examina el plazo de interposición y concluye que el recurso se presentó dentro del plazo legal de quince días hábiles previsto en el artículo 50.1 LCSP, teniendo en cuenta las reglas de notificación electrónica de la disposición adicional decimoquinta y la forma de presentación del artículo 51.3 LCSP.

Una vez superado el examen de admisibilidad, el Tribunal entra en el fondo. Y aquí sitúa el centro del debate en una cuestión concreta: determinar si ANDANZA EMPLEA, S.L. acreditó de forma suficiente la habilitación necesaria para ejecutar el contrato y, en especial, si su condición de CEEIS debía entenderse referida a la prestación de control de accesos.

La resolución desarrolla primero el marco normativo de los Centros Especiales de Empleo. Cita el artículo 43 del TRLGDPDIS para recordar que los centros especiales de empleo tienen por objeto realizar una actividad productiva de bienes o servicios y asegurar empleo remunerado a las personas con discapacidad, con una plantilla integrada al menos en un 70 por ciento por trabajadores con discapacidad. También destaca el apartado 4 de ese artículo, que define los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social como aquellos promovidos y participados mayoritariamente por entidades sin ánimo de lucro o con carácter social, siempre que reinviertan íntegramente sus beneficios en la creación de oportunidades de empleo y mejora de competitividad social.

A continuación, invoca el artículo 7 del Real Decreto 2273/1985, que regula la calificación e inscripción de los Centros Especiales de Empleo en un registro administrativo oficial. Ese precepto exige acreditar la personalidad del titular, justificar la viabilidad económica, disponer de la plantilla exigida y contar con personal técnico y de apoyo adecuado. El Tribunal razona que, de esta normativa, lo relevante es la previa calificación e inscripción del centro, no la adscripción registral a una actividad cerrada y excluyente. La misma idea se refuerza con el Decreto 79/1986, de 9 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Canarias, que crea el registro autonómico y regula la calificación e inscripción de estos centros, y con la competencia atribuida a la Subdirección de Economía Social y Emprendimiento del Servicio Canario de Empleo.

Después, la resolución examina la disposición adicional cuarta de la LCSP, que regula los contratos reservados. El Tribunal destaca que esta previsión legal permite reservar contratos a CEEIS y empresas de inserción, pero no exige que la actividad concreta para la que esté inscrito el centro coincida literalmente con la prestación objeto del contrato. Lo decisivo es que la entidad tenga la condición legal habilitante y que el pliego la haya reservado a ese tipo de operadores. En el caso analizado, el anuncio y el PCAP sí hicieron constar que se trataba de un contrato reservado a CEEIS, conforme exige la ley.

Sobre la base de esa normativa, el Tribunal analiza las cláusulas 9.4 y 10.1 del PCAP y concluye que lo único exigido como requisito indispensable era que las licitadoras reunieran la condición de CEEIS y la acreditaran mediante certificación registral. Nada en el pliego imponía que la resolución administrativa de calificación tuviera que identificar la actividad de control de accesos de forma expresa y singularizada. Por tanto, el pliego no puede interpretarse como si hubiera creado un requisito adicional no previsto en la ley ni en sus propias cláusulas. El Tribunal hace valer aquí el principio de que los pliegos son la lex contractus, citando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular la STS de 19 de marzo de 2001, y los artículos 122.2 y 139.1 LCSP. Esa vinculación obliga tanto a la Administración como a los licitadores.

En este punto, el Tribunal también trae a colación su propia doctrina previa y la del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Cita, entre otras, las resoluciones 294/2026, de 2 de octubre, 093/2026, de 17 de marzo, 267/2023, de 26 de octubre, 179/2025, de 30 de junio y 237, 239 y 240/2023, de 28 de septiembre. Todas ellas sostienen que la previa inscripción en un registro administrativo oficial exigido para el desarrollo de una actividad económica constituye un genuino requisito de habilitación empresarial o profesional, exigible conforme a los artículos 65.2 y 140.4 LCSP, y que ese requisito es indisponible para los pliegos. Los pliegos no pueden inventar una habilitación distinta ni exigir que la inscripción esté vinculada a condiciones más restrictivas que las previstas legalmente.

El Tribunal aplica esa doctrina al caso concreto y concluye que la adjudicataria acreditó de forma adecuada y suficiente que tenía la naturaleza jurídica de CEEIS, y por tanto la habilitación legal necesaria para ejecutar las prestaciones licitadas. Además, quedó probado que el servicio de control de accesos formaba parte de su objeto social, por lo que también se verificaba su capacidad de obrar conforme al artículo 66.1 LCSP. La resolución administrativa del Servicio Canario de Empleo, lejos de debilitar la posición de la empresa, seguía reconociendo su inscripción y calificación como CEEIS, y la mención a otras actividades no impedía participar en el contrato reservado.

Especial importancia tiene el respaldo que el Tribunal encuentra en la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Según la resolución citada, la referencia a una actividad concreta en la calificación registral no puede provocar por sí sola la exclusión de una licitadora por falta de capacidad, porque esa referencia cumple una función meramente informativa. El Tribunal canario asume plenamente esa tesis y la hace extensiva al caso enjuiciado.

Por todo ello, el recurso se desestima íntegramente. Como consecuencia procesal, el Tribunal acuerda también el levantamiento de la suspensión ope legis del procedimiento de adjudicación conforme al artículo 57.3 LCSP, y declara que no aprecia mala fe ni temeridad en la interposición del recurso, de modo que no impone sanción alguna en virtud del artículo 58.2 LCSP.

Conclusión

La resolución confirma la adjudicación a favor de ANDANZA EMPLEA, S.L. y deja sin efecto cualquier duda sobre su capacidad para ejecutar el contrato reservado. Desde el punto de vista práctico, la consecuencia inmediata es clara: el contrato adjudicado por FUNCATRA puede seguir su curso normal sin necesidad de retrotraer actuaciones ni repetir la evaluación. La suspensión automática derivada del recurso queda levantada, de modo que la Administración puede continuar con la ejecución del expediente y, en su caso, con la formalización contractual si aún no se hubiera producido.

Para la recurrente, SERIN GLOBAL CANARIAS, S.L., el fallo supone la pérdida definitiva de la pretensión de ser adjudicataria en sustitución de la empresa seleccionada. El Tribunal no considera que la documentación aportada por la adjudicataria sea insuficiente ni aprecia que el órgano de contratación haya actuado con infracción del pliego o de la LCSP. Tampoco ordena nueva comprobación alguna, por lo que no hay margen para una revisión interna adicional en sede administrativa.

La resolución tiene además un efecto relevante en la interpretación de los contratos reservados a CEEIS. El Tribunal deja sentado que la exigencia de estar calificado e inscrito como Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social no se convierte en una exigencia de coincidencia literal entre la actividad registral y la prestación concreta licitada. Lo esencial es la condición jurídica de CEEIS, la validez de la inscripción y la adecuación del objeto social a la prestación. Ese criterio evita interpretaciones excesivamente formalistas que podrían restringir de forma injustificada la competencia en este tipo de contratos reservados.

Otro aspecto destacable es que la resolución refuerza la idea de que los pliegos no pueden añadir requisitos de habilitación no previstos por la normativa aplicable. Este pronunciamiento resulta especialmente importante para la seguridad jurídica, porque recuerda a los órganos de contratación que solo pueden exigir aquello que la ley permite y en los términos en que la ley lo permite. Al mismo tiempo, protege a los operadores económicos que se ajustan al régimen jurídico de los centros especiales de empleo, evitando exclusiones basadas en lecturas restrictivas o meramente literales de menciones registrales.

En términos de política pública de contratación, la resolución también contribuye a mantener la continuidad del servicio y la eficacia de la reserva social. Los contratos reservados a CEEIS persiguen una finalidad de inclusión laboral y de promoción del empleo de personas con discapacidad. Si se interpretara que la actividad debe figurar de forma exhaustiva y exacta en la resolución de calificación, el sistema podría volverse demasiado rígido y obstaculizar el acceso de entidades socialmente idóneas a contratos que precisamente se reservan para ellas. La decisión del Tribunal preserva, por tanto, la finalidad social de la reserva sin sacrificar los controles jurídicos esenciales.

Impacto y Relevancia

Esta resolución tiene una relevancia notable porque confirma y consolida un criterio interpretativo ya venido aplicando por diversos tribunales de recursos contractuales: la inscripción y calificación como CEEIS actúan como auténtico título habilitante suficiente, siempre que la entidad cumpla con los requisitos legales y que el contrato reservado haya sido correctamente configurado en el pliego. No hace falta que la actividad concreta objeto del contrato aparezca de manera expresa y nominal en la resolución administrativa de calificación, salvo que una norma específica lo imponga, cosa que aquí no sucede.

Desde la perspectiva de la seguridad jurídica, el pronunciamiento es valioso porque reduce la incertidumbre sobre cómo deben interpretarse las reservas de contratación a favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social. El Tribunal separa con claridad dos planos distintos: por un lado, la habilitación jurídica general para contratar como CEEIS; por otro, la adecuación material del objeto social a la prestación contratada. Esa distinción evita confundir un requisito de aptitud empresarial con una descripción concreta de actividades registrales. El mensaje es claro: lo relevante es que exista cobertura legal suficiente, no una coincidencia textual perfecta entre registros y objeto contractual.

En cuanto a la transparencia, la resolución también aporta un criterio útil para las mesas de contratación y para los órganos de control. Primero, porque valida que las mesas puedan pedir aclaraciones y documentación complementaria cuando existan dudas razonables. Segundo, porque deja claro que esas dudas no se convierten automáticamente en una causa de exclusión. Lo determinante es el resultado final de la comprobación documental y jurídica. En este caso, la Mesa actuó con prudencia al requerir aclaración y subsanación, y el Tribunal entiende que ese comportamiento fue correcto. Por tanto, la resolución promueve un modelo de contratación prudente, pero no excesivamente rígido.

Otro elemento relevante es la reafirmación del principio de vinculación al pliego. El Tribunal insiste en que los pliegos son la lex contractus, y que ni la Administración ni los licitadores pueden apartarse de su contenido. Pero añade una precisión importante: esa vinculación no autoriza a leer en el pliego exigencias no escritas. En otras palabras, la vinculación al pliego no sirve para ampliar artificiosamente los requisitos habilitantes más allá de la ley. Esta idea resulta especialmente útil en futuras licitaciones reservadas, porque obliga a redactar pliegos claros, exactos y compatibles con el marco normativo.

En el plano de los precedentes, la resolución no introduce una ruptura doctrinal, sino que reafirma una línea ya consolidada. El Tribunal cita de forma expresa sus propias resoluciones anteriores y la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, lo que muestra una voluntad de coherencia. El criterio puede resumirse así: la mención a una actividad concreta en el registro o en la calificación de un CEEIS es de carácter informativo, no excluyente, y no puede ser utilizada para privar de capacidad a una entidad correctamente inscrita y socialmente habilitada. Este enfoque será probablemente útil en futuros recursos contra adjudicaciones de contratos reservados, especialmente cuando se discuta si la actividad concreta figura o no de forma nominal en la inscripción administrativa.

En términos de continuidad del servicio, el fallo evita una paralización innecesaria del expediente. Si el recurso hubiera sido estimado, podría haberse producido una retroacción del procedimiento, una nueva valoración o incluso una alteración completa de la adjudicación. Al desestimarlo, el Tribunal permite que la contratación siga su curso sin demoras adicionales, algo importante en servicios como el control de accesos, que tienen una proyección inmediata sobre la organización interna del edificio y la prestación ordinaria del servicio.

Por último, la resolución tiene interés porque protege la función social de los contratos reservados. Estos contratos no buscan crear barreras de acceso, sino todo lo contrario: reservar oportunidades reales de contratación pública a entidades cuyo objeto social está ligado a la inclusión de personas con discapacidad. El Tribunal recuerda que la finalidad del sistema no se cumple exigiendo formalismos excesivos, sino verificando con rigor la condición legal del operador y la adecuación de su actividad. Esa es, probablemente, la principal enseñanza de la resolución: la reserva social debe leerse con sentido finalista, pero dentro de la estricta legalidad administrativa.