Resumen de la Resolución 443/2026 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Resumen de la Resolución

La Resolución 443/2026, dictada por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic el 4 de noviembre de 2026, aborda un recurso especial en materia de contratación interpuesto por LORGEN GENÉTICA PROTEÓMICA, SL, representada por J.A.J.C., contra el anuncio y los pliegos de una licitación promovida por LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA para el servicio de determinación de pruebas analíticas especiales. El expediente administrativo era el LRC 11/2026-PH.

El conflicto se centraba, en esencia, en la impugnación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de una contratación dividida en cuatro lotes, aunque el recurso se dirigía específicamente contra los lotes 2, 3 y 4, vinculados a pruebas de genética humana, citogenética y genética prenatal. La recurrente sostenía que los pliegos no incorporaban correctamente determinadas exigencias derivadas del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, y que además vulneraban el régimen de protección de datos al limitar el deber de confidencialidad a cinco años.

Sin embargo, antes de entrar en el fondo del debate, el Tribunal constató un dato decisivo: el órgano de contratación había declarado desierta la licitación de los lotes impugnados por falta de presentación de ofertas. Esa circunstancia llevó al Tribunal a apreciar una pérdida sobrevenida del objeto del recurso, con apoyo en los artículos 150.3 de la LCSP y 84.2 de la Ley 39/2015, y a declarar la inadmisión del recurso, sin entrar a examinar los demás requisitos de admisibilidad ni las cuestiones de fondo relativas al ENS, al análisis de riesgos o al plazo del deber de confidencialidad.

La resolución también acuerda levantar la suspensión cautelar del procedimiento, acordada previamente mediante la Resolución S-62/2026, de 3 de septiembre, al amparo del artículo 58.2 de la LCSP. Asimismo, declara que no concurre temeridad ni mala fe en la interposición del recurso, por lo que no procede imponer sanción alguna conforme al mismo artículo 58.2.

El Tribunal concluye, por tanto, que la controversia inicial ha quedado sin objeto jurídico real, dado que ya no existe un procedimiento vivo sobre los lotes impugnados. No obstante, deja expresamente abierto que, si el órgano de contratación impulsa un nuevo procedimiento de licitación, la empresa recurrente podrá impugnarlo de nuevo en tiempo y forma si considera que persisten las mismas infracciones.

Detalles Generales de la Resolución

• Número de Resolución: Resolución núm. 443/2026, correspondiente al recurs N-2026-0552. La resolución se identifica formalmente con ambos datos, número de resolución y número de recurso, lo que permite individualizar con precisión el expediente judicial-administrativo resuelto por el Tribunal.

• Fecha: La resolución está fechada en Barcelona, 4 de noviembre de 2026. En el texto se indica expresamente que fue aprobada en esa fecha, y que la decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros del Tribunal en sesión celebrada ese mismo día. La resolución también recoge hitos temporales relevantes previos, como la suspensión cautelar acordada el 3 de septiembre de 2026 y las declaraciones de desierto de 5 y 29 de octubre de 2026.

• Tribunal: La decisión fue dictada por el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, órgano administrativo especializado en la resolución de recursos en materia de contratación pública en Cataluña. En el encabezamiento y pie de la resolución constan M. Àngels Alonso Rodríguez y Carme Lucena Cayuela, en calidad de Secretaria y Presidenta, respectivamente. La resolución deja constancia de que fue aprobada por unanimidad de los miembros del Tribunal.

• Expediente: El expediente de contratación impugnado es el LRC 11/2026-PH. Se trata del procedimiento seguido por LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA para contratar el servicio de determinación de pruebas analíticas especiales. El recurso especial se registró con el número N-2026-0552 ante el Tribunal.

• Organismo: El órgano de contratación es LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA, también identificado en la resolución como LRC. Se trata de la entidad que promovió la licitación y que, posteriormente, acordó declarar desiertos los lotes objeto de impugnación.

• Objeto del Contrato: El contrato tenía por objeto el servicio de determinación de pruebas analíticas especiales. La licitación se estructuró en cuatro lotes:

  • Lote 1: pruebas especiales de bioquímica, hematología, inmunología y otras áreas ajenas a la genética.
  • Lote 2: pruebas de genética humana, incluyendo técnicas NGS y otras técnicas.
  • Lote 3: pruebas de citogenética.
  • Lote 4: pruebas genéticas prenatales.

  El recurso se dirigía contra los lotes 2, 3 y 4, que eran los que interesaban a la empresa recurrente por su actividad en el ámbito de la genética y del diagnóstico especializado.

• Partes Intervinientes:

  • La recurrente fue LORGEN GENÉTICA PROTEÓMICA, SL, representada por J.A.J.C.. En el recurso manifestó interés en participar en los lotes 2, 3 y 4.
  • El órgano de contratación fue LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA.
  • No consta en la resolución la intervención de un adjudicatario concreto, porque no llegó a producirse adjudicación en los lotes impugnados. De hecho, el expediente terminó siendo declarado desierto por falta de ofertas.
  • No aparecen en la resolución otros interesados personados ni terceros con alegaciones propias.

• Importe de Licitación: El valor estimado global del contrato era de 4.305.529,94 euros según el quadre de característiques específiques remitido como documento 017 del expediente, aunque en la plataforma de contratación se había publicado una cifra ligeramente distinta, de 4.312.617,34 euros. En lo que respecta a los lotes impugnados, la resolución detalla los siguientes valores estimados:

  • Lote 2: 1.702.919,81 euros según el expediente, y 1.710.008,21 euros según la PSCP.
  • Lote 3: 195.585,12 euros.
  • Lote 4: 452.156,69 euros.

  La resolución no ofrece el presupuesto base de licitación ni el detalle completo del valor estimado del lote 1 en los fundamentos jurídicos, aunque sí deja constancia de que el contrato superaba el umbral que permite el recurso especial en materia de contratación.

• Comunidad Autónoma: El procedimiento se desarrolló en Cataluña, bajo el marco institucional de la Generalitat de Catalunya y con tramitación a través de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP). En lo normativo, resulta aplicable la legislación estatal de contratos públicos y la normativa autonómica catalana que regula el Tribunal y su funcionamiento.

Antecedentes de la resolución

La secuencia de hechos que desembocó en esta resolución revela un procedimiento de contratación inicialmente activo, posteriormente paralizado por la interposición de un recurso especial y, finalmente, vaciado de contenido por la decisión del propio órgano de contratación de dejar desierta la licitación.

Todo comienza el 4 de agosto de 2026, cuando LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA publicó el anuncio de la licitación en el Diari Oficial de la Unió Europea, concretamente en el suplemento S 148. Al día siguiente, 5 de agosto, el anuncio se incorporó también al perfil de contratante alojado en la PSCP, donde se puso a disposición de los interesados la documentación de la licitación, entre ella el PCAP y el PPT.

La licitación se diseñó en cuatro lotes diferenciados, con una clara separación funcional entre pruebas analíticas generales y pruebas de especialización genética. Esa división por lotes permitía la concurrencia de operadores con perfiles técnicos distintos, aunque la recurrente manifestó interés especialmente en los lotes 2, 3 y 4, que se correspondían con áreas propias de su actividad.

El plazo inicial de presentación de ofertas finalizaba el 10 de septiembre de 2026 a las 14:00:00 horas. Sin embargo, la entidad contratante amplió dicho plazo hasta el 16 de septiembre de 2026 a las 14:00:00 horas, a raíz de la detección de errores tipográficos en el PPT y en el cuadro de características específicas. Este dato resulta relevante porque evidencia que el órgano de contratación ya había introducido correcciones en la documentación de la licitación antes de que se resolviera el recurso, lo que muestra una tramitación no exenta de incidencias formales.

El 25 de agosto de 2026, antes de que finalizara el plazo de presentación de ofertas, LORGEN GENÉTICA PROTEÓMICA, SL interpuso recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Lo hizo contra el anuncio y los pliegos de la licitación, y declaró su interés en concurrir a los lotes 2, 3 y 4. La impugnación se articuló, por tanto, en la fase previa a la adjudicación, cuando todavía estaba abierta la posibilidad de modificar la documentación contractual y reconducir el procedimiento.

Ese mismo día, la Secretaría Técnica del Tribunal trasladó el recurso al órgano de contratación y le requirió la remisión del expediente y del informe correspondiente. Además, pidió que el órgano contratante se pronunciara expresamente sobre la medida cautelar interesada por la recurrente, tal y como exigen los artículos 49.2 y 56.2 de la LCSP. La tramitación cautelar era especialmente importante porque el recurso se dirigía contra los pliegos y, de no suspenderse el procedimiento, el proceso de licitación podría continuar y hacer ilusoria la eventual estimación del recurso.

El 3 de septiembre de 2026, el Tribunal dictó la Resolución S-62/2026, mediante la cual acordó la suspensión cautelar del procedimiento de contratación respecto de los lotes 2, 3 y 4. La medida cautelar paralizó esos lotes en tanto se resolvía el recurso, preservando la utilidad del pronunciamiento final mientras el expediente quedaba en pausa.

Posteriormente, el 17 de septiembre de 2026, el órgano de contratación completó la remisión del expediente y presentó su informe. En él defendió la legalidad de los pliegos y pidió la desestimación íntegra del recurso. Además, acompañó un certificado de la herramienta Sobre Digital que acreditaba que no se había recibido ninguna oferta. Este dato, que en aquel momento todavía no venía acompañado de una decisión formal de desierto, anticipaba ya la falta de concurrencia efectiva en la licitación.

La situación cambió de forma decisiva el 29 de octubre de 2026, cuando el propio órgano de contratación informó al Tribunal de que había dictado dos resoluciones declarando desierta la licitación. Primero, el 5 de octubre, declaró desierto el lote 1 por falta de presentación de ofertas. Después, el 29 de octubre, hizo lo mismo respecto de los lotes 2, 3 y 4, también por ausencia total de licitadores. Ambas resoluciones fueron publicadas en el perfil de contratante en fechas 6 de octubre y 29 de octubre, respectivamente, y el espacio virtual de la licitación pasó al estado de anulación o declaración desierta.

Esa secuencia procesal resultó determinante para la decisión final del Tribunal, porque la litis ya no versaba sobre una licitación viva susceptible de adjudicación, sino sobre un procedimiento extinguido por falta de ofertas. Esa circunstancia privó al recurso de cualquier efecto útil inmediato.

Argumentos de las partes

Alegaciones de la empresa recurrente

La empresa LORGEN GENÉTICA PROTEÓMICA, SL construyó su recurso sobre dos bloques principales de impugnación.

En primer lugar, sostuvo que los pliegos eran nulos porque, tratándose de un contrato sujeto al Reial decret 311/2022, no incorporaban una previsión suficiente sobre el análisis de riesgos exigible en materia de seguridad de la información. A juicio de la recurrente, los pliegos debían haber concretado la categoría de seguridad aplicable a cada lote, y entendía que en los lotes 2, 3 y 4 la exigencia debía ser de nivel ALTO. Desde esa óptica, la omisión de una referencia expresa al análisis de riesgos y a la categoría concreta de seguridad comprometía la regularidad del procedimiento y la adecuación del contrato al marco del Esquema Nacional de Seguridad.

En ese mismo plano, la recurrente también defendió que la conformidad con el ENS debía configurarse como un requisito de participación, de carácter excluyente, y no como una mera obligación de ejecución o como una exigencia difusa posterior a la adjudicación. Dicho de otro modo, entendía que el licitador debía acreditar ya en el trámite previo a la adjudicación que cumplía con el ENS, de forma que la falta de esa acreditación debía impedir la admisión a la licitación.

El segundo bloque de la impugnación se centró en la protección de datos y la confidencialidad. LORGEN consideró que los pliegos infringían el régimen jurídico aplicable al establecer que el deber de confidencialidad se prolongaba durante cinco años, cuando, en su criterio, ese deber debía configurarse con carácter indefinido o, al menos, no limitarse temporalmente de manera tan concreta. La empresa entendía que, por la naturaleza sensible de la información tratada en el contrato, la duración del deber de secreto no podía agotarse a los cinco años fijados por la documentación contractual.

Con base en todo ello, la recurrente solicitó la suspensión cautelar del procedimiento, la modificación de los pliegos conforme a sus pretensiones y la apertura de un nuevo plazo de presentación de ofertas. La lógica de su petición era clara: si los pliegos eran inválidos en los extremos denunciados, el procedimiento debía retrotraerse para permitir una nueva licitación con reglas correctas y transparentes.

Defensa del órgano de contratación

El LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA se opuso al recurso y pidió su desestimación íntegra. Según su informe, los pliegos eran plenamente conformes a derecho y reflejaban de forma clara y vinculante el régimen jurídico aplicable a la protección y tratamiento de la información y de los datos que manejara la entidad, así como de los que debieran manejar los futuros contratistas durante la ejecución.

La resolución no detalla en extenso una batería de argumentos jurídicos específicos del órgano de contratación, pero sí deja constancia de su tesis central: los pliegos ya incorporaban una sujeción suficiente al marco normativo de protección y tratamiento de la información, por lo que no existía la infracción denunciada por la recurrente. En otras palabras, la administración contratante defendía que la documentación de la licitación no necesitaba introducir las previsiones concretas que exigía la impugnante o que, en todo caso, esas previsiones ya estaban implícita o explícitamente cubiertas por el diseño de la contratación.

Además, el órgano de contratación aportó un certificado del sistema Sobre Digital que acreditaba que no se había presentado ninguna oferta. Ese elemento, aunque inicialmente se aportó como dato de hecho y no como argumento jurídico autónomo, acabó siendo decisivo porque reveló la falta de concurrencia real y reforzó la posterior declaración de desierto.

Posición de los interesados y de la eventual adjudicataria

No consta en la resolución la intervención de una empresa adjudicataria ni de otros licitadores con alegaciones independientes. Ello se explica porque el procedimiento no llegó a una fase de adjudicación real: al no presentarse ofertas, no existió una adjudicación susceptible de ser combatida por un tercero con interés opuesto.

La ausencia de oposiciones de otros participantes refuerza la imagen de una licitación sin concurrencia efectiva. Desde la perspectiva procesal, esto hizo que el Tribunal se enfrentara a un recurso impugnando unos pliegos que ya no estaban llamados a desplegar sus efectos en un procedimiento vivo.

Decisión del Tribunal

La clave de la resolución reside en una cuestión preliminar que el Tribunal sitúa por delante de cualquier análisis material: la pérdida sobrevenida del objeto del recurso. Tras constatar que el órgano de contratación había declarado desierta la licitación de los lotes 2, 3 y 4, el Tribunal concluyó que ya no existía un procedimiento de contratación sobre el que pudiera proyectarse una tutela útil.

El razonamiento se apoya en los artículos 150.3 de la LCSP y 84.2 de la Ley 39/2015, esta última de aplicación supletoria en virtud de la disposición final cuarta, apartado 1, de la LCSP. La declaración de desierto se entiende como una forma anormal de terminación del procedimiento contractual, y esa terminación hace desaparecer el objeto material de la impugnación. Si ya no hay procedimiento en curso, ni posibilidad de adjudicación, ni efectos jurídicos inmediatos de los pliegos discutidos, la controversia pierde utilidad práctica.

El Tribunal cita además una doctrina consolidada de la propia institución, remitiéndose a resoluciones como las 408/2026, 397/2026, 261/2026, 171/2026, 75/2026, 119/2025, 68/2025, 298/2022 y 344/2019, así como a resoluciones de otros órganos especializados, entre ellas las 1565/2024 y 1556/2024 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la 149/2019 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía y los acuerdos 8/2022, 91/2021 y 15/2019 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Esta remisión evidencia que la pérdida de objeto no es una solución aislada, sino un criterio reiterado en materia de contratación pública cuando el procedimiento ya no puede producir efectos.

A nivel jurisprudencial, la resolución se apoya en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2011, recurso 511/2009, que definió la pérdida sobrevenida del objeto como la aparición de una realidad extraprocesal que priva de interés legítimo a la tutela solicitada. El Tribunal reproduce la idea esencial de esa doctrina: si ha desaparecido la utilidad material del proceso, carece de sentido mantenerlo abierto. La resolución añade que este supuesto no debe confundirse con la satisfacción extraprocesal de la pretensión, porque la desaparición del objeto obedece aquí a una causa ajena a la voluntad de las partes y vinculada a razones de orden público procesal.

Una vez constatado ese escenario, el Tribunal acuerda inadmitir el recurso especial por pérdida sobrevenida de su objeto. Y lo hace expresamente sin prejuzgar el resto de requisitos de admisión ni el fondo del asunto. Es una precisión importante: el órgano no entra a valorar si la recurrente estaba legitimada de forma correcta, si el recurso era tempestivo o si las alegaciones sobre el ENS y la confidencialidad eran o no fundadas. Todo ello queda desplazado por la desaparición del procedimiento de referencia.

El fallo también dispone el levantamiento de la suspensión cautelar acordada mediante la Resolución S-62/2026, al amparo del artículo 58.2 de la LCSP. Esa suspensión había paralizado el procedimiento para evitar perjuicios mientras se resolvía el recurso, pero al desaparecer el objeto de la licitación en los lotes impugnados, la medida cautelar pierde su razón de ser.

Junto a ello, el Tribunal declara que no aprecia temeridad ni mala fe en la interposición del recurso, por lo que no impone la sanción prevista en el artículo 58.2 de la LCSP. Es decir, aunque el recurso termina siendo inadmitido, el Tribunal no considera que la empresa actuara con un propósito abusivo o manifiestamente infundado merecedor de sanción.

Finalmente, la resolución ordena notificar la decisión a todas las partes y deja constancia de que pone fin a la vía administrativa. Añade también que es directamente ejecutiva y que contra ella cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el plazo de dos meses, conforme a los artículos 10.1 k) y 46.1 de la Ley 29/1998, y al artículo 59 de la LCSP.

Conclusión

El efecto inmediato de esta resolución es claro: el recurso de LORGEN GENÉTICA PROTEÓMICA, SL no prospera, pero no porque el Tribunal haya validado los pliegos impugnados, sino porque el procedimiento contra el que se dirigía ya no existía en términos jurídicos útiles. La consecuencia práctica es la inadmisión por pérdida sobrevenida del objeto, una solución procesal que evita pronunciarse sobre el fondo cuando ya no hay licitación viva susceptible de reparación.

Esto tiene varias consecuencias directas. En primer lugar, queda levantada la suspensión que paralizaba los lotes 2, 3 y 4, aunque la realidad del expediente es que esos lotes ya habían sido declarados desiertos. En segundo lugar, desaparece cualquier posibilidad de que el recurso determine una modificación inmediata de los pliegos o una nueva apertura del plazo de ofertas en ese procedimiento concreto. En tercer lugar, el órgano de contratación conserva la posibilidad de impulsar un nuevo procedimiento de licitación, tal y como la propia resolución señala expresamente.

Ese último aspecto es especialmente relevante. El Tribunal advierte que la declaración de desierto y la futura apertura de un nuevo procedimiento no cierran definitivamente la puerta a la impugnación. Si el LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA convoca una nueva licitación, la empresa recurrente podrá volver a acudir al recurso especial si considera que se reproducen los defectos denunciados o aparecen otros nuevos. La resolución, por tanto, no consagra una especie de convalidación definitiva de los pliegos, sino que simplemente constata que ya no son impugnables dentro de este expediente concreto por haber perdido vigencia efectiva.

Desde la perspectiva de las partes, la consecuencia inmediata para la administración es doble: por un lado, se cierra el recurso y se desbloquea formalmente la situación cautelar; por otro, debe decidir cómo articular la nueva contratación sin los lotes que han quedado desiertos. Para la empresa recurrente, la resolución supone el fracaso de su intento de corregir los pliegos en esta sede, pero no le cierra definitivamente el camino si se produce una nueva convocatoria.

La resolución destaca también por una idea de gran importancia práctica en contratación pública: la existencia de un recurso no impide por sí sola que el órgano de contratación deje desierto un procedimiento si concurren los presupuestos legales, y esa decisión puede determinar la desaparición del objeto del litigio. En este caso, además, el hecho de que no se recibieran ofertas en ninguno de los lotes impugnados vació completamente la controversia, convirtiendo la impugnación en un debate abstracto.

Impacto y Relevancia

Esta resolución refuerza de manera muy visible la doctrina de la pérdida sobrevenida del objeto en el ámbito de los recursos especiales en materia de contratación. Su relevancia no radica en un pronunciamiento de fondo sobre el Esquema Nacional de Seguridad ni sobre el régimen de confidencialidad y protección de datos, sino en la forma en que el Tribunal gestiona procesalmente la desaparición del procedimiento impugnado. En términos de seguridad jurídica, el criterio es claro: si la licitación desaparece por haber sido declarada desierta, el recurso contra pliegos pierde su utilidad práctica y debe inadmitirse.

Ese enfoque aporta previsibilidad al sistema. Los operadores económicos saben que el recurso especial está diseñado para obtener una tutela efectiva sobre procedimientos reales y no para resolver controversias abstractas desvinculadas de una licitación vigente. El Tribunal, además, se alinea con una línea doctrinal estable no solo propia, sino también de otros órganos administrativos y de la jurisdicción contencioso-administrativa. La cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2011 cumple precisamente esa función: anclar el criterio administrativo en una noción procesal sólida y ampliamente consolidada.

También tiene importancia desde el punto de vista de la transparencia. La resolución deja constancia de que la declaración de desierto fue publicada en el perfil de contratante y de que el expediente pasó al estado de anulación o declaración desierta. Esto muestra que la administración contratante no mantuvo artificialmente viva una licitación inoperante, sino que formalizó su finalización y la hizo accesible públicamente. Esa publicidad fortalece la trazabilidad del procedimiento y permite comprender por qué el recurso deja de tener objeto.

En cuanto a los criterios interpretativos sobre contratación pública, la resolución no modifica el estado de la doctrina sobre el ENS, el análisis de riesgos o el deber de confidencialidad, porque no entra a valorarlos. Sin embargo, sí confirma un criterio procesal muy importante: la inadmisión por desaparición del objeto cuando la licitación ha quedado desierta es plenamente procedente aunque el recurso se hubiera interpuesto contra pliegos y aunque previamente se hubiera acordado una suspensión cautelar. En otras palabras, la cautelar no blinda la existencia del proceso si el contrato queda extinguido por otra causa.

La decisión también tiene implicaciones para futuros casos similares. Cuando un operador económico impugne pliegos y, durante la tramitación del recurso, el órgano de contratación declare desierta la licitación, el órgano revisor probablemente aplicará este mismo esquema: primero comprobará si el procedimiento sigue vivo; si no lo está, inadmitirá por pérdida sobrevenida del objeto. Eso reduce tiempos procesales y evita pronunciamientos teóricos en expedientes ya extinguidos.

Desde una perspectiva más amplia, la resolución reafirma un principio de racionalidad administrativa: el recurso especial no puede convertirse en un instrumento para mantener artificialmente abierta una controversia sobre un contrato que ya no existe. Al mismo tiempo, protege el derecho de defensa de la empresa recurrente al dejar claro que una nueva licitación abrirá de nuevo la vía impugnatoria. Esa combinación entre cierre procesal y preservación futura de la tutela es uno de los rasgos más destacables de la decisión.

En suma, se trata de una resolución técnicamente sencilla en su fallo final, pero jurídicamente muy útil para comprender cómo los tribunales de contratación administran la relación entre la impugnación de pliegos, la suspensión cautelar y la desaparición sobrevenida del procedimiento. No crea un precedente nuevo en sentido estricto, pero sí reafirma una línea interpretativa estable, con efectos directos sobre la práctica de la contratación pública en Cataluña y, por extensión, sobre el modo en que las empresas deben planificar sus recursos cuando el expediente puede extinguirse antes de que se dicte resolución sobre el fondo.

Doctrina aplicada por el tribunal

Pérdida sobrevenida del objeto por la declaración de desierto de la licitación

El tribunal parte de la resolución dictada por el órgano de contratación el 29 de octubre de 2026, por la que se declararon desiertos los lotes 2, 3 y 4 por falta de presentación de ofertas. A partir de ese dato, entiende que se ha producido una desaparición sobrevenida del objeto del recurso, porque el acto impugnado ha perdido ya toda utilidad real para la recurrente.

Para sustentar esta conclusión, el tribunal encuadra la declaración de desierto como una forma anormal de terminación del procedimiento de contratación, de acuerdo con el artículo 150.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público y el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de aplicación supletoria conforme a la disposición final cuarta, apartado primero, de la propia LCSP. En esa línea, afirma que, desaparecida la finalidad práctica del recurso, ya no procede mantener su examen.

La resolución enlaza este criterio con la doctrina ya mantenida por el propio Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en diversas resoluciones anteriores, y con la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2011, recurso 511/2009, que define la pérdida sobrevenida del objeto como una circunstancia externa al proceso que hace innecesaria la tutela solicitada.

Sobre esa base, el tribunal acuerda la inadmisión del recurso sin entrar a valorar ni el fondo de la impugnación ni el resto de requisitos de admisión. Añade, además, que la eventual nueva licitación que se tramite podrá ser impugnada de nuevo por la recurrente, si así lo considera oportuno.

Efectos procesales de la inadmisión: levantamiento de la suspensión y ausencia de sanción

Una vez apreciada la pérdida sobrevenida del objeto, el tribunal deja sin efecto la medida cautelar acordada previamente respecto de los lotes 2, 3 y 4. Lo hace expresamente con apoyo en el artículo 58.2 de la LCSP**, al considerar que la suspensión cautelar ya no puede mantenerse sobre un procedimiento que ha quedado sin objeto litigioso.

En la misma resolución, el tribunal declara que no aprecia temeridad ni mala fe en la interposición del recurso. Como consecuencia, tampoco impone la sanción prevista en el propio artículo 58.2 de la LCSP**. La decisión se limita, por tanto, a la inadmisión del recurso y al restablecimiento de la situación procedimental derivada de la desaparición del objeto impugnado.

Conclusión Doctrinal

• La declaración de desierto de los lotes impugnados provoca la pérdida sobrevenida del objeto del recurso y determina su inadmisión.
• El tribunal no entra a examinar el fondo ni el resto de requisitos de admisión una vez constatada esa desaparición del objeto.
• La suspensión cautelar acordada sobre los lotes 2, 3 y 4 queda sin efecto.
• No se aprecia temeridad ni mala fe, por lo que no procede sanción.
• La nueva licitación que pueda convocarse permanece abierta a una eventual nueva impugnación, si concurren los presupuestos legales.

Doctrina - Jurisprudencia - Legislación

Resoluciones

• Resolución núm. 443/2026 (recurs N-2026-0552), de 4 de noviembre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
• Resolución S-62/2026, de 3 de septiembre de 2026, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, por la que se acordó la suspensión cautelar del procedimiento respecto de los lotes 2, 3 y 4.
• Resolución de 5 de octubre de 2026 del LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA, por la que se declaró desierta la licitación del lote 1.
• Resolución de 29 de octubre de 2026 del LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA, por la que se declararon desiertos los lotes 2, 3 y 4.

Sentencias

• Tribunal Supremo: Sentencia de 14 de marzo de 2011, recurso 511/2009.

Legislación

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público: artículos 44.1 a), 44.2 a), 49.2, 56.2, 58.2, 59, 150.3 y disposición final cuarta, apartado primero.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: artículo 84.2.
• Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa: artículos 10.1 k) y 46.1.
• Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero.
• Real decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.