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Contratación Pública

Detalles Generales de la Resolución

• Resolución nº: 47/2025
• Fecha de Resolución: 15 de enero de 2025
• Expediente: 513/2024
• Objeto: Suministro de medicamentos de uso humano respetuosos con el medio ambiente para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática
• Recurso: Interpuesto por ACCORD HEALTHCARE, S.L. contra los pliegos de licitación
• Organismo: Dirección General de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana
• Tribunal: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
• Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
• Importe de Licitación: 35.181.114,54 euros

Resumen de la Resolución

1. Antecedentes del Caso

La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana inició una licitación centralizada para la adquisición de medicamentos destinados al tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, con un enfoque en la sostenibilidad ambiental.

El anuncio de licitación se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 8 de julio de 2024 y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) el 9 de julio de 2024. Los pliegos estuvieron disponibles a partir del 11 de octubre de 2024, estableciendo el 9 de noviembre de 2024 como fecha límite para la presentación de proposiciones.

Sin embargo, según un certificado emitido por el órgano de contratación el 6 de noviembre de 2024, ninguna empresa presentó oferta dentro del plazo.

El 4 de noviembre de 2024, ACCORD HEALTHCARE, S.L. interpuso un recurso contra los pliegos de licitación, alegando que ciertos criterios de adjudicación eran discriminatorios y limitaban la concurrencia en la licitación.

2. Motivo del Recurso

El recurso se centró en impugnar la cláusula 12 del Cuadro de Características, que regulaba los criterios de adjudicación, en especial el siguiente apartado:

"Problemas de desabastecimiento documentado"
Se valorará no haber tenido ningún problema de desabastecimiento en los seis meses anteriores a la fecha en que se realice la valoración.

• Sin problemas de abastecimiento: 10 puntos
• Con problemas de abastecimiento: 0 puntos

La recurrente alegó que este criterio era:

• No vinculado al objeto del contrato, ya que evaluaba hechos pasados de la empresa y no la oferta en sí.
• Inadecuado y desproporcionado, pues no medía la calidad ni la capacidad de suministro en la licitación actual.
• Discriminatorio, ya que favorecía a ciertas empresas y perjudicaba a aquellas que hubieran sufrido problemas de stock en el pasado, sin evaluar su capacidad real de entrega en el futuro.

3. Argumentación del Órgano de Contratación

La Conselleria de Sanidad defendió la validez del criterio impugnado, argumentando que:

• Está vinculado al objeto del contrato, ya que los medicamentos incluidos en la licitación son esenciales y su suministro ininterrumpido es crítico.
• Es un criterio objetivo, basado en información oficial publicada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
• No es discriminatorio, pues se aplica a todos los licitadores de forma uniforme y su propósito es garantizar un suministro seguro y constante.

Además, el órgano de contratación insistió en que la continuidad del suministro es un aspecto fundamental en el sector sanitario, y que el criterio impugnado era una forma de asegurarlo.

4. Decisión del Tribunal

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales examinó el recurso a la luz de resoluciones anteriores y llegó a las siguientes conclusiones:

1. El criterio de adjudicación impugnado no es válido, ya que no está dirigido a evaluar la oferta presentada por los licitadores, sino antecedentes históricos de las empresas.
2. La evaluación de problemas de desabastecimiento pasados es un criterio de solvencia, no de adjudicación, por lo que no puede utilizarse para puntuar las ofertas en la licitación.
3. Si la administración quiere evitar problemas de suministro, debe establecer condiciones especiales de ejecución del contrato en lugar de incluir este requisito en la fase de adjudicación.
4. El criterio impugnado genera una ventaja para empresas que no han tenido problemas de stock en el pasado, penalizando a aquellas que sí los tuvieron, sin considerar su capacidad actual de suministro.

5. Resolución Final

En base a estos fundamentos, el Tribunal resolvió:

• Estimar el recurso interpuesto por ACCORD HEALTHCARE, S.L.
• Declarar nulo el criterio de adjudicación impugnado (apartado 3 de la cláusula 12 del Cuadro de Características).
• Levantar la suspensión del procedimiento de contratación.

Esta resolución es definitiva en vía administrativa, aunque cabe la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses desde la notificación.

Conclusión

El fallo del Tribunal reafirma que los criterios de adjudicación en las licitaciones deben evaluar las ofertas presentadas y no los antecedentes de los licitadores. Si bien garantizar el suministro ininterrumpido de medicamentos es una necesidad legítima, la forma de lograrlo debe ser a través de condiciones de ejecución y no mediante restricciones en la fase de adjudicación.

En consecuencia, la Conselleria de Sanidad deberá modificar los pliegos y eliminar el criterio impugnado para continuar con la licitación de manera acorde a la normativa de contratación pública.

Doctrina Utilizada por el Tribunal en la Resolución 47/2025

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) fundamentó su decisión en doctrina consolidada sobre los criterios de adjudicación en la contratación pública, basándose en resoluciones anteriores y en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

1. Diferenciación entre Criterios de Solvencia y Criterios de Adjudicación

El Tribunal reiteró que los criterios de adjudicación deben estar vinculados al objeto del contrato y servir para evaluar las ofertas presentadas, no las características o antecedentes de la empresa licitadora.

Esta distinción ha sido clave en resoluciones previas, como:

• Resolución 295/2014, donde se indicó que los criterios de adjudicación deben referirse a la calidad de la oferta y no a la experiencia o solvencia del licitador.
• Resolución 1359/2022, que anuló un criterio de adjudicación basado en la ausencia de expedientes de inmovilización o rotura de stock, por considerarlo un criterio de solvencia y no de adjudicación.

Conclusión: El Tribunal ratificó que un criterio que evalúa el historial de abastecimiento de una empresa en los seis meses previos es un criterio de solvencia, no de adjudicación, y por lo tanto no puede ser utilizado en la fase de valoración de ofertas.

2. Requisitos de los Criterios de Adjudicación

El Tribunal citó el artículo 145 de la LCSP, que establece que los criterios de adjudicación deben:

• Estar vinculados al objeto del contrato (art. 145.5 LCSP).
• Ser objetivos y no discriminatorios.
• Garantizar una competencia efectiva entre los licitadores.

En la Resolución 764/2019, el Tribunal ya había aclarado que un criterio de adjudicación es válido si afecta significativamente a la ejecución del contrato, no si simplemente evalúa hechos pasados de la empresa.

Conclusión: En este caso, el criterio impugnado no estaba vinculado al objeto del contrato, sino a hechos pasados de la empresa, lo que lo hacía contrario a derecho.

3. Prohibición de Criterios que Predeterminen el Resultado de la Licitación

El Tribunal también se apoyó en la Resolución 622/2022, donde estableció que los criterios de adjudicación no pueden predeterminar el resultado de la licitación.

En este caso, el criterio de desabastecimiento:

• Otorgaba automáticamente 10 puntos a ciertos licitadores y 0 puntos a otros, sin permitir una evaluación real de la oferta.
• No permitía la competencia efectiva entre empresas que pudieran haber mejorado su capacidad de suministro desde un problema previo.

Conclusión: Este tipo de criterio restringe la libre concurrencia y beneficia injustamente a algunas empresas sobre otras.

4. Alternativas para Garantizar el Suministro sin Vulnerar la Libre Competencia

El Tribunal señaló que, si el órgano de contratación quiere prevenir problemas de abastecimiento, debe utilizar condiciones especiales de ejecución del contrato, como:

• Obligar a los adjudicatarios a mantener un stock mínimo de seguridad.
• Imponer penalizaciones por incumplimiento de plazos de entrega.

Esta postura se basó en el artículo 190 de la LCSP, que establece que el órgano de contratación tiene facultades para supervisar la ejecución del contrato y exigir su cumplimiento, sin necesidad de restringir la fase de adjudicación.

Conclusión: El Tribunal aclaró que hay medidas legales adecuadas para garantizar el suministro sin necesidad de vulnerar la competencia en la fase de adjudicación.

5. Principios Generales de la Contratación Pública

Finalmente, el Tribunal recordó que los procedimientos de licitación deben respetar principios básicos de la contratación pública, como:

• Libre concurrencia y igualdad de trato (art. 1 y 132 LCSP).
• No discriminación y transparencia (art. 139 LCSP).

El criterio impugnado vulneraba estos principios, ya que generaba una ventaja indebida para ciertos licitadores y discriminaba a otros de manera automática.

Conclusión General de la Doctrina Aplicada

El Tribunal utilizó doctrina consolidada para concluir que el criterio de adjudicación impugnado era ilegal y discriminatorio, ya que:

1. No evaluaba la oferta actual, sino hechos pasados de la empresa (criterio de solvencia, no de adjudicación).
2. No estaba vinculado al objeto del contrato.
3. Restringía injustamente la competencia y predeterminaba el resultado de la licitación.
4. Existen otras vías legales para garantizar el suministro sin afectar la libre concurrencia.

Por todo ello, el Tribunal estimó el recurso y anuló el criterio de adjudicación, reiterando su doctrina sobre la correcta aplicación de la normativa de contratación pública.