El debate sobre la sostenibilidad en la industria farmacéutica ha impulsado una nueva investigación que propone un modelo integral para evaluar la madurez del “decent work” o trabajo decente dentro de las cadenas de suministro del sector. Este modelo responde a la necesidad de que los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) no solo incluyan indicadores medioambientales o de transparencia, sino también condiciones laborales justas, seguras y equitativas para todos los actores de la cadena. El concepto de trabajo decente, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), abarca empleo productivo, ingresos adecuados, seguridad laboral, protección social, igualdad de oportunidades y libertad de asociación. Su aplicación es crucial dada la dimensión global de las cadenas de suministro farmacéuticas, que operan en contextos geográficos, regulatorios y sociales muy diversos. El modelo estructurado de madurez busca diagnosticar y mejorar la implementación del trabajo decente, y se construye a partir de cuatro dimensiones principales: infraestructura, funciones económicas, funciones sociales y funciones ambientales.

La dimensión de infraestructura evalúa aspectos como políticas formales de trabajo decente, monitoreo y auditoría, digitalización e integración de criterios sociales en los sistemas de gestión. Las funciones económicas se centran en la distribución equitativa de valor, el fortalecimiento de proveedores locales, la inversión en capacitación y el respeto a los derechos laborales. Las funciones sociales incluyen la inclusión, el bienestar y el respeto a la diversidad, mientras que las funciones ambientales abordan la sostenibilidad en términos de salud ocupacional, impacto ambiental y gestión de residuos. Este modelo, desarrollado mediante un enfoque cualitativo, es innovador al vincular directamente los objetivos del trabajo decente con la sostenibilidad empresarial, integrándolo como parte central del desempeño social de la cadena de suministro. No propone una solución única, sino que reconoce una evolución progresiva hacia la excelencia social, enfatizando la colaboración y trazabilidad social a lo largo de toda la cadena de valor, incluyendo fabricantes de principios activos, distribuidores y servicios terciarizados. Su implementación puede generar beneficios tangibles como mejora de la reputación corporativa, atracción de talento, reducción de conflictos laborales y anticipación a futuras regulaciones.