Casi dos meses después de que se destapara, Esteve continúa sin poder desmarcarse del llamado ‘caso 3%’. Los avances en la investigación policial y la detención del tesorero de Convergencia Demócrática de Catalunya (CDC) no han hecho más avalar las sospechas sobre la ilicitud de las donaciones de varias empresas a las fundaciones del partido. Entre ellas se encuentra el laboratorio, que tiene el 'honor' de ser la compañía no dedicada a la construcción con mayor aportación.

Joan y Antoni Esteve dirigieron el laboratorio durante la época investigada.
El peso del sector de la construcción en las donaciones a las fundaciones CatDem y Barcelona Fòrum – ambas ligadas a CDC- es mayoritario, como muestran los primeros objetivos de las pesquisas policiales. Pero mayoritario no es exclusivo, y entre los diez mayores benefactores también se encuentran compañías ajenas al ladrillo. Entre ellas destaca Esteve, que con una aportación de 672.500 euros supera a las otras dos entidades ajenas a la construcción: Cirsa (500.000 euros) y Pronovias (120.000).

El grupo farmacéutico catalán, que entre 2008 y 2013 donó 452.500 euros a CatDem y 220.000 a Barcelona Fòrum a través de seis empresas – Laboratorios Esteve, Esteve Química, Pensa Pharma, Quimifina, Amilcar y Nutridiver-, es el tercer mayor ‘mecenas’ de las supuestas receptoras de comisiones ilegales entre 2008 y 2013 . Así las cosas, únicamente es superado por Grupo Agbar (1,6 millones) y Copisa (1,06 millones), que se encuentra entre las afectadas por las detenciones.

Pese a su aparición entre las mayores benefactoras de CatDem y Barcelona Fòrum, no ha trascendido aún que la investigación emprendida a petición de la Fiscalía Anticorupción haya avanzado en el caso del laboratorio catalán.

Según los datos ofrecidos por El País, las dos fundaciones relacionadas con CDC recibieron un total de 10,4 millones de euros en forma de donaciones procedentes, en su mayor parte, de empresas que a su vez eran adjudicatarias de grandes contratos públicos. La investigación emprendida por la Fiscalía Anticorrupción mantiene la tesis de que dichos fondos eran en realidad comisiones ilegales a cambio de dichas adjudicaciones otorgadas por gobiernos de Convergencia, que a su vez los recibía como pago a supuestos trabajos ficticios.