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Resolución nº 330/2026 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 04 de Noviembre de 2026
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Resolución nº 331/2026 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 04 de Noviembre de 2026
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Resolución nº 331/2026 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 04 de Noviembre de 2026
La Resolución 331-2026, de 4 de noviembre de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, resuelve un recurso especial en materia de contratación promovido por EXERCYCLE, S.L. (BH FITNESS) contra la adjudicación del contrato de suministro denominado Suministro de material destinado a la adecuación de las instalaciones deportivas municipales de Mogán, identificado con el expediente 913/2026.
El conflicto nace en el marco de un procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, con pluralidad de criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, promovido por el Ayuntamiento de Mogán. El contrato fue configurado como mixto de suministro y servicios, de carácter administrativo, con un valor estimado de 696.301,42 euros, IGIC excluido, y sin división en lotes, conforme a la justificación incorporada al pliego. La licitación se publicó en el DOUE el 29 de mayo de 2026, tras el envío del anuncio el 27 de mayo de 2026, y también en la Plataforma de Contratación del Sector Público en la misma fecha. El plazo de presentación de ofertas concluyó el 2 de julio de 2026 a las 23:59 horas.
La resolución analiza, en primer lugar, la admisibilidad del recurso y, de manera especial, la legitimación activa de la recurrente conforme a los artículos 48 y 55.b de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, LCSP. El Tribunal parte de una idea central: aunque EXERCYCLE, S.L. participó en la licitación y resultó la cuarta clasificada, ello no basta por sí solo para acreditar un interés legítimo suficiente a efectos del recurso especial. La clave está en que la recurrente no combate la posición de la empresa situada en segundo lugar, BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L., de modo que, aun estimándose sus alegaciones sobre la valoración de su propia oferta o sobre la adjudicataria, no obtendría la adjudicación del contrato ni una ventaja jurídica real y directa. Por ello, el Tribunal entiende que no concurre el presupuesto material exigido por el artículo 48 LCSP, esto es, un perjuicio cierto o una utilidad concreta derivada de la eventual estimación del recurso.
La resolución también hace un análisis obiter dicta del fondo del asunto, es decir, aunque declara la inadmisión por falta de legitimación, entra incidentalmente a valorar tres cuestiones planteadas por la recurrente. En relación con el criterio subjetivo de memoria técnica, el Tribunal considera que el informe técnico pudo requerir una motivación más explícita y que, en principio, habría procedido retrotraer actuaciones para completar dicha motivación, a la luz de la doctrina sobre discrecionalidad técnica, motivación suficiente y control de la arbitrariedad. En cuanto al subcriterio de mejora de ampliación de equipamiento de cardio, aprecia que el propio órgano de contratación reconoce un error material o aritmético y se allana parcialmente, admitiendo que la puntuación correcta de EXERCYCLE, S.L. debía ser 8 puntos y no 4. Y, finalmente, respecto al criterio automático de oferta económica, el Tribunal entiende que, por aplicación literal de la cláusula 12.1 del PCAP y del artículo 1281 del Código Civil, la mejor oferta debía recibir el máximo de 30 puntos, y no 29,97, como había ocurrido.
Pese a esta apreciación favorable a la recurrente en dos de los tres motivos examinados, la decisión final es la inadmisión del recurso por falta de legitimación activa, al no existir un beneficio jurídico cierto que pudiera derivarse para la licitadora de una eventual estimación. El Tribunal concluye que no puede abrirse una vía de control abstracto o de legalidad general en un recurso especial de contratación, ni convertirse este en una acción popular. Asimismo, declara que no existe mala fe ni temeridad, por lo que no procede la sanción prevista en el artículo 58.2 LCSP. La resolución agota la vía administrativa y solo cabe impugnarla ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, conforme a los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Número de Resolución: 331-2026, correspondiente a la resolución dictada el 4 de noviembre de 2026 por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en el recurso especial en materia de contratación promovido por EXERCYCLE, S.L. (BH FITNESS).
Fecha: La resolución está fechada el 4 de noviembre de 2026. En el texto se hace referencia a actuaciones previas relevantes de junio, julio y agosto de 2026, especialmente a la publicación de la licitación, a la adjudicación y a la interposición del recurso. No consta en el texto una fecha específica de notificación de la resolución, aunque sí se indica expresamente que la misma agota la vía administrativa y que el plazo para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa es de dos meses desde su notificación.
Tribunal: El órgano resolutor es el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, actuando su Titular. La resolución no identifica nominalmente a los miembros concretos, sino que se firma por el titular del Tribunal, lo que confirma que se trata de un pronunciamiento dictado por el órgano especializado autonómico competente en materia de recursos contractuales.
Expediente: 913/2026. Se trata del expediente de contratación vinculado al suministro destinado a la adecuación de las instalaciones deportivas municipales de Mogán.
Organismo: Ayuntamiento de Mogán, concretamente a través de su Alcaldesa-Presidenta en la fase de aprobación del expediente y de la Junta de Gobierno Local en la fase de aceptación de propuestas y adjudicación del contrato.
Objeto del Contrato: Contrato denominado Suministro de material destinado a la adecuación de las instalaciones deportivas municipales de Mogán. La resolución precisa que se trata de un contrato mixto de suministro y servicios, en régimen administrativo, cuyo núcleo principal es el suministro, en modalidad de compra, de material deportivo para adecuación de instalaciones municipales, incorporando además la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del material suministrado. El contrato se configura sin lotes, al amparo de la justificación contenida en los pliegos, y con una duración asociada a la oferta adjudicataria de cuatro años, sin posibilidad de prórroga.
Partes Intervinientes:
Importe de Licitación: El valor estimado del contrato asciende a 696.301,42 euros, IGIC excluido. El pliego desglosa una base relativa al suministro de 678.301,42 euros, sobre la que se aplica la oferta económica. En la adjudicación, la oferta de ETENON FITNESS, S.L.U. se desglosa en 654.270,00 euros para el suministro, más 45.798,90 euros de IGIC, y en el apartado de mantenimiento en 9.000 euros por cada uno de los dos años del servicio, más el IGIC correspondiente, con una duración total de cuatro años. La resolución no precisa el presupuesto base de licitación total más allá de esos datos, pero sí deja claro el carácter competitivo del criterio económico y la ausencia de baja sobre el servicio de mantenimiento.
Comunidad Autónoma: Canarias. La resolución se dicta en el marco del sistema autonómico de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma de Canarias y se apoya en el Decreto 10/2015, de 12 de febrero, así como en el convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Mogán.
La secuencia de hechos que desemboca en esta resolución está muy bien delimitada y permite reconstruir el itinerario completo de la licitación. El proceso arranca con el Decreto 2026/2797, dictado por la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mogán el 27 de mayo de 2026, mediante el cual se aprueban el expediente de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Ese mismo día se envía el anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea, donde se publica el 29 de mayo de 2026, y también se difunde en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29 de mayo. El plazo para presentar proposiciones queda fijado hasta el 2 de julio de 2026 a las 23:59 horas.
El contrato se estructura como un procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria. El valor estimado fijado en los pliegos asciende a 696.301,42 euros, IGIC excluido, y el contrato se concibe como mixto de suministro y servicios, aunque con predominio del suministro. La documentación contractual prevé expresamente que no procede la división en lotes, por las razones indicadas en el propio expediente. El objeto se define como el suministro de material para la adecuación de instalaciones deportivas municipales, junto con el servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo del material.
Durante el plazo habilitado, concurren cuatro empresas: EXERCYCLE, S.L., F&H FITNESS EQUIPAMENTS, S.L., ETENON FITNESS, S.L.U. y BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L.. En sesión de la Mesa de Contratación de 3 de julio de 2026, se abren los archivos electrónicos correspondientes a la documentación administrativa de las ofertas y se acuerda la admisión de las cuatro licitadoras. A continuación, se procede a la apertura del archivo electrónico número 2, relativo a la parte técnica o evaluable mediante juicio de valor, y se solicita informe a la Unidad de Servicios Públicos para que valore y puntúe las memorias técnicas presentadas.
El 10 de julio de 2026, la Mesa de Contratación acepta íntegramente el informe técnico elaborado por la Jefa del Servicio de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos sobre las memorias técnicas. Ese informe queda publicado en la PCSP. En la misma sesión se abre el archivo electrónico número 3, correspondiente a la oferta económica y a los criterios sometidos a evaluación posterior, y se solicita un nuevo informe técnico para proceder a la valoración completa de las proposiciones y formular propuesta razonada de adjudicación.
El 13 de julio de 2026, la Mesa de Contratación vuelve a reunirse y acepta por unanimidad el informe técnico de la misma fecha relativo a las ofertas del archivo número 3. En esta sesión propone como adjudicataria a ETENON FITNESS, S.L.U., que obtiene 84,60 puntos. El resto de las puntuaciones finales quedan distribuidas así: BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. con 83,72 puntos, F&H FITNESS EQUIPAMENTS, S.L. con 79,95 puntos y EXERCYCLE, S.L. con 78,22 puntos. La propuesta de adjudicación destaca que la oferta de ETENON incluye un precio de 654.270,00 euros para el suministro, con el IGIC correspondiente, y un coste de 9.000 euros por cada uno de los dos años del servicio de mantenimiento, más el IGIC, configurándose una duración de cuatro años sin prórroga.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mogán, en sesión ordinaria de 14 de julio de 2026, acepta los acuerdos adoptados por la Mesa de Contratación y requiere a la propuesta como adjudicataria para que aporte la documentación prevista en la cláusula 19 del PCAP. Posteriormente, el 22 de julio de 2026, la Mesa examina la documentación presentada por la empresa propuesta y concluye que está completa, extremo que se certifica el 27 de julio de 2026. Finalmente, la Junta de Gobierno Local, en sesión de 28 de julio de 2026, adjudica formalmente el contrato a favor de ETENON FITNESS, S.L.U. La adjudicación se publica en la PCSP y se notifica a las demás licitadoras ese mismo día.
El recurso especial se interpone por EXERCYCLE, S.L. mediante escrito presentado el 6 de agosto de 2026 en el Registro General del Ayuntamiento de Mogán. El Ayuntamiento lo remite a la sede electrónica del Gobierno de Canarias el 11 de agosto de 2026, fecha en la que entra en el órgano competente. El recurso se centra de manera exclusiva en la evaluación de tres aspectos: el criterio de memoria técnica, la puntuación del subcriterio de mejora relativo a la ampliación de equipamiento de cardio y la puntuación de la oferta económica. La recurrente invoca falta de motivación, vulneración de los principios de transparencia, igualdad y seguridad jurídica, y sostiene que existen errores materiales y criterios añadidos indebidamente en la valoración.
Ese mismo 11 de agosto de 2026, el Tribunal requiere al Ayuntamiento de Mogán para que remita el expediente, el informe preceptivo y la relación de interesados, conforme al artículo 56.2 LCSP. El 12 de agosto de 2026, el Ayuntamiento remite la documentación solicitada, incluyendo el expediente, un informe técnico de la Jefa del Servicio de Cultura, Deportes, Juventud y Festejos y un informe jurídico de la Jefa del Servicio de Contratación. En ese informe jurídico el órgano de contratación propone la admisión del recurso, la estimación parcial en lo relativo a la mejora de cardio por haberse advertido un error involuntario en la valoración y la desestimación del resto de alegaciones.
El 17 de agosto de 2026, el recurso se traslada a la adjudicataria y a las restantes licitadoras para alegaciones, conforme al artículo 56.3 LCSP. Sin embargo, transcurrido el plazo concedido de cinco días hábiles, ninguna de las interesadas formula alegaciones. Este silencio procesal cobra relevancia porque deja sin contradicción la postura de la Administración sobre el error detectado en la mejora de cardio, aunque no altera la cuestión de fondo sobre la legitimación activa de la recurrente.
EXERCYCLE, S.L. (BH FITNESS) articula su recurso con una estrategia clara: cuestionar la corrección de la valoración obtenida en la licitación con la esperanza de alterar el orden de clasificación y acercarse a la adjudicación. Sus alegaciones se dirigen a tres frentes.
En primer lugar, combate la valoración efectuada en el criterio de memoria técnica, regulado en la cláusula 12.4 del PCAP. La empresa sostiene que el órgano técnico habría introducido, con posterioridad a la presentación de ofertas, un sistema de puntuación desagregado o una estructura de subfactores no prevista expresamente en los pliegos, lo que, a su juicio, modificaba de forma sustancial las reglas de valoración conocidas por los licitadores. Considera que ello supone una infracción de los principios de transparencia, igualdad de trato y seguridad jurídica, al alterar ex post las condiciones de competencia.
La recurrente también impugna la puntuación correspondiente al subcriterio de mejora de ampliación de equipamiento de cardio, previsto en la cláusula 12.3 del PCAP. Sostiene que, siendo sus máquinas ofertadas equivalentes en cantidad a las del resto de licitadoras, recibió una puntuación inferior sin una explicación suficiente. En esencia, denuncia una falta de motivación y una valoración errónea de un apartado objetivo del pliego, lo que, a su entender, compromete la validez de la clasificación final.
El tercer motivo se refiere al criterio de oferta económica, regulado en la cláusula 12.1 del PCAP. La recurrente entiende que, si el pliego dice que a la oferta económicamente más ventajosa se le asignará el máximo de puntos, la mejor oferta debía obtener 30 puntos completos y no 29,97. Su alegación no es meramente aritmética, sino que pretende mostrar una aplicación incorrecta de la fórmula de valoración o una contradicción entre la regla general del pliego y el cálculo finalmente realizado. En su visión, la puntuación económica habría sido aplicada de forma no estrictamente acorde con la literalidad del pliego.
De fondo, la recurrente intenta sostener que estas irregularidades en la motivación y puntuación de los criterios técnicos y automáticos han alterado el resultado final y que, de corregirse, podría producirse una modificación sustancial del orden de clasificación. Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto la valoración de la memoria técnica y se retrotraigan las actuaciones para realizar una nueva valoración conforme a los pliegos y a los principios de objetividad, igualdad y transparencia.
El Ayuntamiento de Mogán, a través de su informe jurídico y de los informes técnicos incorporados al expediente, sostiene una posición parcialmente matizada y, en algunos extremos, abiertamente favorable a la recurrente. Su principal línea de defensa consiste en afirmar que la cláusula 12.4 del PCAP ya había definido de forma suficiente los aspectos a valorar en la memoria técnica, de modo que los supuestos desarrollos o desgloses empleados por los técnicos no serían nuevos criterios, sino concreciones metodológicas de los contenidos previamente fijados en el pliego. El órgano de contratación insiste en que la recurrente conocía perfectamente el contenido y alcance de la memoria técnica, tanto por la estructura de su propia oferta como por la forma en que presentó sus apartados.
En materia de motivación técnica, el Ayuntamiento se apoya en la discrecionalidad técnica y en la presunción de acierto de los informes emitidos por los órganos especializados. Con cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, defiende que no es exigible una exposición exhaustiva de cada razonamiento interno seguido por los técnicos, bastando con una motivación clara, suficiente y comprensible que permita conocer las razones de la puntuación.
Ahora bien, en relación con el subcriterio de ampliación de equipamiento de cardio, el propio órgano de contratación admite expresamente que hubo un error involuntario en la valoración. Reconoce que la puntuación correcta de la recurrente debió ser de 8 puntos y no de 4, lo que desplazaría su posición a la tercera plaza con 82,22 puntos. Este reconocimiento se formula como un allanamiento parcial, compatible con la doctrina que admite que la Administración se conforme con las pretensiones del recurrente siempre que no se incurra en una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
Respecto a la oferta económica, la Administración defiende que la fórmula prevista en el pliego debía aplicarse literalmente y que no cabía sustituirla por una asignación automática del máximo de 30 puntos solo por ser la oferta más ventajosa. Su tesis es que la mención general del pliego debe interpretarse conjuntamente con la fórmula matemática establecida, que sería la verdadera regla específica de cálculo.
La resolución deja claro que, pese a haberse trasladado el recurso a la adjudicataria y al resto de licitadoras, ninguna de ellas formuló alegaciones. En consecuencia, no existe una defensa procesal específica de la adjudicataria en el expediente analizado por el Tribunal. Este silencio es relevante desde el punto de vista procedimental, pero no impide que el Tribunal conozca del recurso ni que valore por sí mismo la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad.
De forma implícita, el resultado de la adjudicataria queda protegido por la inadmisión del recurso. La ausencia de alegaciones impide conocer una posición contradictoria sobre el fondo, pero no afecta a la apreciación principal del Tribunal: la recurrente, al ser la cuarta clasificada y no impugnar la posición de la segunda licitadora, carece de interés legítimo útil para obtener la adjudicación del contrato.
La resolución pivota sobre una idea decisiva: la legitimación activa es un requisito indispensable para entrar a examinar el fondo. El Tribunal recuerda que el artículo 48 LCSP exige que quien recurre ostente un interés legítimo, individual o colectivo, que resulte perjudicado o pueda resultar afectado por la decisión impugnada. A su vez, el artículo 55.b LCSP permite inadmitir el recurso cuando falte esa legitimación. Sobre esta base, el Tribunal construye el núcleo de su decisión.
Primero examina la competencia y constata que el Tribunal es competente por virtud del convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán, en conexión con el artículo 46 LCSP y el Decreto 10/2015. Después confirma que el contrato es susceptible de recurso especial por tratarse de un contrato de suministro cuyo valor estimado supera el umbral legal del artículo 44.1.a LCSP, y que el acto impugnado, la adjudicación, es recurrible conforme al artículo 44.2.c LCSP. Asimismo, considera cumplido el requisito temporal del artículo 50.1.c LCSP y la presentación en forma y lugar según el artículo 51 LCSP.
Sin embargo, cuando entra en la legitimación, el Tribunal adopta una doctrina estricta. Reproduce la jurisprudencia constitucional sobre el concepto de interés legítimo, especialmente la STC 38/2010, con apoyo en las SSTC 52/2007 y 119/2008, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente la sentencia de 15 de marzo de 2005, que vincula el interés legítimo con una relación material entre sujeto y objeto de la pretensión, capaz de producir un beneficio concreto o de evitar un perjuicio real. También recuerda que no basta el llamado interés de legalidad, es decir, la mera pretensión de que se revise la legalidad del acto por sí misma.
Aplicando esa doctrina al caso concreto, el Tribunal concluye que el hecho de que EXERCYCLE, S.L. haya participado en la licitación no basta para reconocerle legitimación activa. Lo decisivo es que la recurrente no impugna la valoración, admisión o puntuación de la empresa situada en segunda posición, BODYTONE INTERNATIONAL SPORT, S.L. Por ello, incluso si se estimaran sus alegaciones respecto de la adjudicataria o de su propia puntuación, la recurrente no alcanzaría la primera posición ni obtendría la adjudicación. El eventual éxito del recurso no le proporcionaría un beneficio cierto, directo y efectivo. En otras palabras, falta el nexo útil entre la eventual estimación y la mejora de su esfera jurídica.
El Tribunal refuerza esta conclusión con referencias a su propia doctrina y a resoluciones previas, como las 284/2020, 169/2019, 29/2025 y 302/2025, en las que ya se había señalado que la condición de licitador no equivale automáticamente a legitimación para recurrir cualquier acto de la licitación. Asimismo, cita la Sentencia de 14 de enero de 2026 del TSJ de la Comunidad Valenciana, que resuelve un supuesto semejante en el que una cuarta clasificada impugnaba la adjudicación sin cuestionar las posiciones intermedias, y en el que se negó la legitimación por inexistencia de utilidad material del recurso.
Aun así, y aquí reside uno de los rasgos más llamativos de la resolución, el Tribunal entra obiter dicta en el fondo de las alegaciones. Sobre la memoria técnica, considera que la motivación del informe técnico podría haberse expresado con mayor claridad y que, en caso de haber sido necesario resolver el fondo, habría procedido retrotraer el expediente para completar la motivación, sin sustituir el juicio técnico. Sobre la mejora de cardio, asume el allanamiento parcial del Ayuntamiento y considera correcta la puntuación de 8 puntos para la recurrente. Y sobre la oferta económica, entiende que la interpretación literal del pliego imponía otorgar el máximo de 30 puntos a la mejor oferta.
Pese a ello, el fallo final es claro: inadmisión del recurso por falta de legitimación activa, sin imposición de sanción por mala fe o temeridad. El Tribunal aplica así el artículo 55.b LCSP y rechaza la posibilidad de transformar el recurso especial en un cauce de impugnación abstracta o de depuración general de la legalidad. Además, declara expresamente que no concurre la mala fe o temeridad del artículo 58.2 LCSP, por lo que no impone multa ni sanción alguna.
La consecuencia práctica inmediata de esta resolución es que la adjudicación del contrato a favor de ETENON FITNESS, S.L.U. permanece en pie, al no haberse admitido el recurso presentado por EXERCYCLE, S.L.. Aunque el Tribunal reconoce, de forma incidental, que la recurrente tenía razón en dos de los tres motivos y que el órgano de contratación había detectado un error en la puntuación de la mejora de cardio, nada de ello altera el resultado procesal principal: la recurrente no tiene legitimación útil para obtener la adjudicación del contrato porque no ha atacado la posición de la empresa segunda clasificada. La falta de impugnación de esa segunda posición se revela así decisiva.
Desde el punto de vista práctico, la resolución supone que el contrato sigue su curso con la adjudicataria inicialmente seleccionada. No se ordena retroacción alguna del procedimiento, no se anula la adjudicación y no se reabre la fase de valoración. La observación del Tribunal sobre la memoria técnica y sobre la oferta económica queda en el plano doctrinal, sin eficacia anulatoria directa. Distinto sería el caso del error en la mejora de cardio, que el propio Ayuntamiento reconoce, pero que tampoco modifica el desenlace final porque la posición de la recurrente seguiría sin bastar para alcanzar la adjudicación.
El pronunciamiento también deja una enseñanza procesal muy clara: en el recurso especial en materia de contratación no basta con denunciar irregularidades de la oferta propia o de la adjudicataria. Es imprescindible demostrar que la eventual estimación del recurso puede traducirse en una ventaja real y concreta para el recurrente. Si existe una licitadora intermedia cuya posición no se combate, el recurso puede quedar sin utilidad jurídica suficiente. Esta es la razón última de la inadmisión.
La resolución confirma además que los pliegos siguen siendo la referencia central de toda licitación, y que su interpretación debe hacerse con rigor, especialmente cuando el pliego mezcla fórmulas de valoración con afirmaciones generales aparentemente automáticas. También pone de relieve que la motivación de las puntuaciones técnicas debe ser clara y comprensible, aunque no necesariamente exhaustiva en términos de reconstrucción mental del evaluador. Y subraya que los errores materiales reconocidos por la Administración pueden ser corregidos, pero ello no siempre basta para reabrir la licitación si el recurrente carece de interés legítimo útil.
Esta resolución tiene una relevancia notable en términos de seguridad jurídica y delimitación del recurso especial en materia de contratación. En primer lugar, reafirma con firmeza un criterio ya asentado en la jurisprudencia y en la práctica de los tribunales administrativos de contratación: la legitimación activa no se presume por el mero hecho de haber presentado oferta, sino que exige una utilidad real derivada de la eventual estimación del recurso. Con ello se evita que el recurso especial se convierta en una acción popular o en un instrumento de fiscalización abstracta de la legalidad administrativa.
En segundo lugar, la resolución refuerza la exigencia de una conexión material entre la pretensión impugnatoria y el beneficio posible para el recurrente. La doctrina aplicada por el Tribunal no es novedosa en sentido estricto, pero sí resulta especialmente pedagógica porque la proyecta sobre un supuesto muy concreto: una cuarta clasificada que impugna la adjudicación sin discutir la posición de la segunda clasificada. El Tribunal muestra así que el orden de clasificación no es un dato accesorio, sino decisivo para valorar la legitimación.
En tercer lugar, la resolución tiene interés porque, aunque inadmite el recurso, no rehúye pronunciarse sobre el fondo de manera obiter dicta. Esa técnica permite dejar sentado que, si hubiera existido legitimación, el Tribunal habría apreciado defectos de motivación en la memoria técnica, un error material en la mejora de cardio y una incorrecta aplicación del criterio económico. Esto refuerza la transparencia del razonamiento administrativo y ofrece una guía interpretativa útil para futuras licitaciones similares. En particular, llama la atención la lectura literal que hace el Tribunal de la cláusula económica y su apoyo en el artículo 1281 del Código Civil, al considerar que el tenor claro del pliego no requería una interpretación compleja.
La resolución también confirma la importancia de la doctrina sobre discrecionalidad técnica. El Tribunal recuerda que los órganos especializados gozan de presunción de acierto, pero esa presunción no ampara la falta de motivación ni la arbitrariedad. Por tanto, aunque no anula el acto por falta de legitimación, sí deja constancia de que la motivación de los juicios de valor debe ser suficientemente explícita para permitir el control de legalidad. Este recordatorio fortalece la transparencia del procedimiento y obliga a las mesas y órganos técnicos a extremar el cuidado en la redacción de sus informes.
Desde la perspectiva de la contratación pública, la decisión confirma más que modifica criterios interpretativos. En particular, reafirma:
En términos de precedentes, la resolución no crea una línea totalmente nueva, pero sí reafirma una doctrina ya existente con especial claridad y con apoyo en precedentes estatales y autonómicos. Su utilidad futura es evidente para casos en los que un licitador impugne una adjudicación sin extender sus críticas a todos los competidores que le preceden. En esas situaciones, la resolución sirve como recordatorio de que la legitimación no se mide solo por la condición de participante, sino por la posibilidad real de obtener una ventaja jurídica efectiva.
Finalmente, la resolución aporta un mensaje de equilibrio institucional. Por un lado, protege la continuidad del procedimiento de contratación al impedir impugnaciones carentes de utilidad concreta. Por otro, no blinda la actuación administrativa frente al control, ya que deja abierta la crítica técnica sobre la motivación y la corrección de determinadas puntuaciones. Esa combinación entre rigor procesal y vigilancia material es la que mejor refleja el sentido del sistema de recursos contractuales: garantizar transparencia, legalidad y competencia, pero solo en la medida en que la parte recurrente conserve un interés legítimo real y no meramente abstracto.
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