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Resolución nº 744/2026 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta De Andalucía, de 06 de Noviembre de 2026
14 Noviembre 2026
Resolución nº 719/2026 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta De Andalucía, de 06 de Noviembre de 2026
14 Noviembre 2026
Resolución nº 342/2026 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 12 de Noviembre de 2026
14 Noviembre 2026
Resolución nº 443/2026 del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, de 04 de Noviembre de 2026
10 Noviembre 2026
Resolución nº 445/2026 del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, de 04 de Noviembre de 2026
10 Noviembre 2026
Resolución nº 719/2026 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta De Andalucía, de 06 de Noviembre de 2026
La Resolución 719/2026, dictada por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía el 6 de noviembre de 2026, resuelve un recurso especial en materia de contratación interpuesto contra la adjudicación de los lotes 1 y 2 de un acuerdo marco sanitario de gran relevancia económica y técnica, promovido por el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, adscrito al Servicio Andaluz de Salud. El contrato tiene por objeto el suministro sucesivo de reactivos y material fungible destinados a la realización de determinaciones diagnósticas in vitro para la detección de Helicobacter pylori y de virus respiratorios mediante técnicas automatizadas de RT-PCR, para los centros adscritos a la Central Provincial de Compras de Sevilla.
El tribunal analiza un conflicto clásico pero especialmente delicado en la contratación pública: la tensión entre la discrecionalidad técnica de la Administración al valorar criterios dependientes de juicio de valor y el deber de motivación suficiente exigido por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. La recurrente, clasificada en segundo lugar en el lote 1, impugnó la adjudicación por entender que su oferta fue indebidamente desestimada mediante una motivación meramente formal, sin una verdadera valoración de sus mejoras técnicas, y por considerar además que la adjudicación al otro licitador había incorporado elementos ajenos al objeto contractual. También pretendió extender la impugnación al lote 2, aunque no había concurrido a ese lote.
La resolución se apoya de forma intensa en los artículos 44.1.b, 44.2.c, 46.1, 48, 50.1.d, 52, 57.3 y 57.4 de la LCSP, así como en los artículos 145.5.a, 145.6, 145.7, 146.2.b, 146.3, 150.1, 151.1, 151.2, 157.5, 122.1 y 136.2 de la misma ley. También toma en consideración el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, sobre rectificación de errores, el artículo 35.1 y el 88.6 de esa misma norma, así como el principio general del artículo 1 y los principios de igualdad de trato y no discriminación del artículo 132 de la LCSP. La recurrente invocó además el artículo 1288 del Código Civil para defender que las ambigüedades del pliego no podían perjudicarla.
El tribunal, tras examinar el expediente, distingue con claridad entre dos planos. Por un lado, declara la inadmisión por falta de legitimación activa respecto del lote 2, porque la empresa recurrente no presentó oferta a ese lote y, por tanto, no podía obtener con el recurso un beneficio jurídico cierto ni resultar adjudicataria de ese contrato. Por otro, reconoce legitimación para impugnar el lote 1, al haber quedado la recurrente clasificada inmediatamente detrás de la adjudicataria y existir una posibilidad real de adjudicación a su favor si prosperaban sus pretensiones.
En el fondo del asunto, el tribunal rechaza buena parte de las alegaciones procedimentales. Considera que no existió un vicio invalidante por la ausencia de un acuerdo formal y expreso de exclusión antes de la apertura del sobre económico, porque lo relevante es que la evaluación técnica se efectuó con anterioridad a la apertura de los criterios automáticos, cumpliéndose así el artículo 146.2.b de la LCSP. También entiende que las impugnaciones contra las sucesivas rectificaciones de pliegos son extemporáneas, ya que debieron haberse recurrido en el momento en que fueron publicadas y antes de presentar oferta, no pudiendo convertirse ahora en una impugnación indirecta de documentos firmes y consentidos. Del mismo modo, resta trascendencia anulatoria a las discordancias detectadas entre la resolución de adjudicación y algunos datos publicados en el perfil de contratante.
Sin embargo, el tribunal sí aprecia un defecto relevante en la valoración del lote 1: la motivación técnica otorgada a la oferta de la recurrente es insuficiente. La comisión técnica había calificado su oferta como Base, con 0 puntos, limitándose esencialmente a reproducir la definición del nivel previsto en el pliego, sin exponer las razones concretas por las que las características técnicas y funcionales de esa proposición no merecían ninguna valoración positiva dentro de los subcriterios del apartado 2.1. En cambio, la oferta de la adjudicataria sí había sido descrita con referencias concretas a su rendimiento, carga continua, capacidad de procesamiento e integración en la cadena analítica. El tribunal entiende que esa asimetría no cumple las exigencias mínimas de motivación del artículo 151 de la LCSP, porque la recurrente no puede conocer de forma suficiente por qué su propuesta fue descartada en la práctica con una puntuación nula, ni tampoco combatir con precisión esa decisión.
La resolución, no obstante, no acepta que exista probado un error manifiesto o una arbitrariedad material en la valoración técnica. El tribunal afirma que la recurrente pretende sustituir el juicio técnico de la comisión por una apreciación técnica paralela propia, lo que no es admisible en sede de recurso, salvo que se acredite un error patente o una desviación evidente, algo que aquí no se considera suficientemente demostrado. Tampoco aprecia que la valoración de la adjudicataria se haya construido sobre elementos completamente ajenos al objeto del contrato, porque la referencia a la compatibilidad con la plataforma analítica, la rentabilidad, la eficiencia y la capacidad funcional del sistema sí guarda conexión con los criterios del pliego y con el propio suministro licitado.
En consecuencia, la resolución acuerda una estimación parcial del recurso: anula la adjudicación del lote 1 y ordena la retroacción de actuaciones al momento de emisión del informe técnico de valoración, para que se elabore una nueva motivación suficiente, concreta y comprensible sobre la puntuación de ambas ofertas. El tribunal dispone que, una vez emitido ese nuevo informe, el procedimiento continúe conforme a Derecho. A la vez, mantiene intacta la conclusión relativa al lote 2, al carecer la recurrente de legitimación para discutirlo. También acuerda el levantamiento de la suspensión automática del procedimiento y ordena al órgano de contratación que comunique al tribunal las actuaciones que adopte para cumplir la resolución, de conformidad con los artículos 57.3 y 57.4 de la LCSP.
En términos prácticos, la resolución no confirma definitivamente la adjudicación del lote 1 ni ordena su adjudicación directa a la recurrente, sino que obliga a rehacer la fase de valoración técnica con una motivación reforzada. Es un pronunciamiento de gran interés para la contratación pública andaluza porque reafirma que la discrecionalidad técnica existe, pero no exime de explicar de manera suficiente por qué una oferta concreta no merece pasar el umbral mínimo cuando el pliego utiliza escalas abiertas y formulaciones amplias.
Número de Resolución: 719/2026, correspondiente al recurso 692/2026, dictada por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. La resolución se identifica como acto administrativo definitivo en vía administrativa dentro del procedimiento de recurso especial en materia de contratación.
Fecha: La resolución fue dictada en Sevilla el 6 de noviembre de 2026. La resolución no indica una fecha distinta de notificación o publicación en el texto reproducido, aunque sí precisa actuaciones anteriores relevantes, como la notificación de la adjudicación a la recurrente el 15 de octubre de 2026 y la entrada del recurso en el tribunal el 23 de octubre de 2026.
Tribunal: El órgano resolutor es el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, concretamente su Sección Segunda. La resolución se adopta en sesión del día de la fecha. El texto no identifica individualmente a sus miembros, por lo que no constan nombres propios de magistrados o vocales, sino la composición orgánica por sección.
Expediente: El procedimiento principal de contratación se tramita bajo el expediente CONTR 2026 0000137087. La resolución se refiere a ese expediente en relación con el acuerdo marco promovido por el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Organismo: El órgano de contratación es el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, adscrito al Servicio Andaluz de Salud, organismo que a su vez se integra en la administración autonómica y aparece descrito como agencia administrativa adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.
Objeto del Contrato: Se trata de un acuerdo marco con una única empresa para la contratación del suministro de tracto sucesivo y por precios unitarios de reactivos y material fungible para la realización de determinaciones diagnósticas in vitro destinadas a la detección de Helicobacter pylori y de virus respiratorios mediante técnicas automatizadas de RT-PCR, para todos los centros adscritos a la Central Provincial de Compras de Sevilla. El contrato se divide en 5 lotes, de los cuales el lote 1 comprende reactivos y medios de contraste para la determinación del antígeno de Helicobacter pylori en heces, y el lote 2 se refiere al suministro de tubos y perlas recubiertas GC. La resolución enfatiza que se trata de un suministro sanitario técnico y especializado, con valoración basada en criterios objetivos y también en criterios sujetos a juicio de valor.
Partes Intervinientes: La parte recurrente es la entidad identificada en la resolución como xx, licitadora que concurrió al lote 1 y quedó clasificada en segundo lugar. La adjudicataria, igualmente identificada como xx, fue la empresa finalmente adjudicataria de los lotes 1 y 2 por resolución de 13 de octubre de 2026. El órgano de contratación es el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. También intervienen la Mesa de Contratación y la comisión técnica encargada de la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor. El tribunal menciona, además, las alegaciones de la adjudicataria y del órgano de contratación. La recurrente actuó con representación, aunque la resolución reproducida no detalla el nombre del representante.
Importe de Licitación: El valor estimado del acuerdo marco asciende a 4.306.732,29 euros. La adjudicación impugnada de los lotes 1 y 2 se efectuó por un importe total de 1.748.436,69 euros IVA incluido, desglosado en 1.241.735,88 euros para el lote 1 y 506.700,81 euros para el lote 2. La recurrente ofreció para el lote 1 un precio unitario de 8,869542 euros, con una baja del 0,78 % sobre el precio de licitación, y para el lote 2 indicó un precio de 2,980593 euros, igual al precio de licitación, aunque no concurrió realmente a ese lote en el sentido de haber sido impugnado por ella. En la documentación publicada en el perfil de contratante la recurrente denunció discordancias entre importes y base imponible.
Comunidad Autónoma: El procedimiento se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con incidencia directa en la contratación sanitaria pública autonómica. La resolución aplica el marco normativo propio de la contratación pública estatal, pero inserto en el funcionamiento institucional andaluz y en la competencia del tribunal autonómico.
El procedimiento se inicia con la publicación, el 15 de abril de 2026, del anuncio de licitación del acuerdo marco tanto en el Diario Oficial de la Unión Europea como en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. Desde ese mismo momento los pliegos quedaron a disposición de los interesados. La licitación se articuló por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con una configuración compleja por lotes y con un valor estimado global de más de cuatro millones de euros. El objeto, por su naturaleza sanitaria, presentaba una componente técnico-funcional muy relevante, lo que explica que uno de los criterios de adjudicación tuviera peso decisivo en la selección final.
Poco después de la publicación inicial, el órgano de contratación dictó una primera resolución de corrección o rectificación el 24 de abril de 2026, publicada el 27 de abril, mediante la cual se alteró un elemento muy relevante del lote 1. Se suprimió la exigencia de que el adjudicatario aportara determinados equipos, y se sustituyó por la previsión de que el reactivo ofertado debía ser compatible e integrarse en la plataforma analítica existente en los laboratorios de los centros destinatarios, garantizando su correcta utilización. La recurrente sostuvo que esta modificación no era un simple error material, sino una redefinición del objeto contractual.
A continuación, el 6 de mayo de 2026, se dictó otra resolución publicada el 7 de mayo, por la que se corrigió el criterio de adjudicación del anexo I del cuadro resumen, rebajando la puntuación máxima del criterio de características técnicas y funcionales de los productos ofertados de 30 a 20 puntos. La recurrente defendió que este cambio alteraba sustancialmente la lógica del sistema de valoración. El expediente incorpora además una nueva rectificación de 11 de mayo de 2026, publicada ese mismo día, con modificación del apartado 3.3 del pliego de prescripciones técnicas relativa a los plazos de entrega, fijando un plazo máximo de 72 horas para pedidos ordinarios y de 48 horas para pedidos urgentes. La recurrente criticó que ninguno de esos cambios vino acompañado de ampliación del plazo de presentación de ofertas, aunque el plazo siguió fijado hasta el 18 de mayo de 2026.
Tras la presentación de las ofertas, la comisión técnica emitió un informe de valoración de los criterios no automáticos con fecha 18 de junio de 2026. Ese informe resultó decisivo, porque la recurrente obtuvo una puntuación de 0 puntos en el criterio técnico sujeto a juicio de valor y quedó por debajo del umbral mínimo exigido de 10 puntos. La propia recurrente sostuvo que ese informe no desarrollaba razonamiento alguno, no analizaba los seis subcriterios previstos en el pliego y se limitaba a una motivación estereotipada. Ese informe se publicó en el perfil de contratante el 1 de julio de 2026 a las 9:55:40 horas.
Ese mismo 1 de julio de 2026, la mesa de contratación celebró la sesión identificada como acta número 28/2026, en la que se procedió a la apertura del sobre número 3, correspondiente a las ofertas económicas y criterios automáticos. La recurrente adujo que en esa sesión no constaba aprobación expresa del informe técnico ni acuerdo formal de exclusión. La resolución del tribunal constata, sin embargo, que la valoración técnica ya estaba hecha y publicada antes de abrir el sobre económico, aunque también reconoce que no existió una decisión formal expresa de exclusión en ese momento.
Posteriormente, en la sesión de la mesa de contratación de 9 de julio de 2026, recogida en el acta número 29/2026, se aprobó la clasificación de las proposiciones presentadas por los licitadores admitidos y se acordó requerir a la empresa propuesta como adjudicataria la documentación previa a la adjudicación de los lotes 1 y 2. La recurrente subrayó que en esa clasificación sus ofertas figuraban con precios competitivos, y que la mesa continuó el procedimiento respecto de la adjudicataria pese a que esta tuvo que subsanar varias incidencias documentales. El expediente muestra que la adjudicataria fue requerida en más de una ocasión para subsanar defectos de documentación previa, con referencias a las actas 34/2026, 37/2026 y 39/2026.
La adjudicación definitiva se acordó por resolución de 13 de octubre de 2026, mediante la cual se adjudicaron los lotes 1 y 2 a la empresa finalmente adjudicataria. La resolución fijó los importes de adjudicación ya citados y, según la recurrente, en su antecedente quinto indicaba que las ofertas admitidas eran la de la adjudicataria y la suya. Sin embargo, la comunicación remitida a la recurrente el 15 de octubre de 2026 no utilizaba un lenguaje claro de exclusión, sino que hablaba de un motivo de exclusión basado en la definición del nivel Base de la escala técnica. Ese extremo fue criticado por la recurrente, que entendió que la notificación era insuficiente y contradicha por la propia resolución.
El 23 de octubre de 2026, la recurrente interpuso recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. Paralelamente, solicitó acceso al expediente y a diversa documentación técnica y de trabajo de la comisión, así como la ampliación del plazo para completar el recurso. El tribunal, sin embargo, dejó constancia de que no había mediado una solicitud previa de acceso al órgano de contratación en los términos exigidos por el artículo 52 de la LCSP, razón por la cual mediante acuerdo de Pleno de 30 de octubre de 2026 se denegó el acceso solicitado para completar el recurso, sin perjuicio de la tramitación ordinaria del procedimiento. Una vez recabadas las alegaciones del órgano de contratación y de la adjudicataria, el asunto quedó visto para resolución.
La empresa recurrente articuló una impugnación amplia y muy trabajada, centrada en la idea de que su oferta había sido injustamente apartada del procedimiento sin una valoración real, transparente y suficientemente motivada. Su tesis principal era que la adjudicación del lote 1 se había apoyado en una motivación meramente tautológica: se le atribuyó la calificación de Base y 0 puntos porque no aportaba mejoras técnicas relevantes, pero sin explicar qué se había entendido por mejora, qué aspectos de su oferta se habían analizado, ni por qué las prestaciones que sí había incluido no merecían ninguna puntuación. En apoyo de esa idea invocó el artículo 35.1 de la Ley 39/2015 y el artículo 151 de la LCSP, subrayando que la motivación no puede reducirse a una simple reproducción de la escala prevista en el pliego.
La recurrente insistió en que el informe técnico era insuficiente porque no desarrollaba ninguno de los seis subcriterios del criterio 2.1, no mencionaba las características concretas de su oferta, no comparaba su propuesta con la de la adjudicataria, y tampoco explicaba qué requisitos mínimos se habían tomado como referencia para distinguir cumplimiento de mejora. Afirmó además que el pliego no definía qué debía entenderse por mejora, pese a que el apartado 14 del cuadro resumen trataba las mejoras como elemento relevante para la calificación. Desde su perspectiva, la motivación omitida le generaba una indefensión material porque conocía la puntuación, pero no las razones precisas de la misma.
En un segundo bloque argumental, la recurrente denunció error manifiesto y arbitrariedad. Sostuvo que su oferta sí contenía mejoras técnicas relevantes y enumeró varias de ellas, entre las que destacó la inclusión de todo el material fungible, la posibilidad de preanalítica sin centrifugación, la autotoma y la compatibilidad con medios Cary-Blair. Según su exposición, estas características tenían un valor funcional y económico muy superior al reconocido por el informe técnico. Especialmente relevante, a su juicio, era que su solución hacía innecesario el lote 2, lo que supondría para la Administración un ahorro de hasta 506.700,81 euros, precisamente el importe al que se había adjudicado ese lote. La recurrente conectó esta idea con el artículo 1 de la LCSP, insistiendo en la eficiencia en el uso de los fondos públicos.
También alegó la recurrente que la valoración otorgada a la adjudicataria se había construido sobre elementos que, tras la rectificación del pliego, ya no formaban parte del objeto del contrato. A su juicio, el lote 1 no incluía equipamiento alguno, sino solo reactivos integrables en la plataforma existente. Sin embargo, la oferta de la adjudicataria había sido calificada de excelente por referencias a su analizador: rendimiento de 180 pruebas por hora, carga continua, capacidad de absorber picos de demanda, integración en la cadena analítica y otras ventajas propias del sistema instalado. La recurrente entendía que se estaba puntuando la condición de operador ya instalado y, por tanto, se vulneraban los artículos 145.5.a, 145.6, 1 y 132 de la LCSP.
En cuanto a la tramitación, la recurrente sostuvo que la mesa de contratación no había excluido formalmente su oferta antes de abrir el sobre económico, pese a que la evaluación técnica debía realizarse con anterioridad a la de los criterios automáticos, conforme al artículo 146.2.b de la LCSP. Alegó que las actas de la mesa no recogían aprobación del informe técnico ni un acuerdo de exclusión, por lo que la decisión se habría adoptado de hecho por una comisión asesora sin el debido soporte formal. A ello añadió la invocación de los artículos 146.3, 150.1 y 326.2.b de la LCSP, así como del 157.5, para reforzar que la mesa no puede quedar sustituida por un informe técnico.
La recurrente cuestionó también las sucesivas modificaciones de los pliegos. Entendió que la supresión de la obligación de aportar analizadores y la sustitución por la integración en la plataforma existente era una modificación sustancial del objeto contractual, no una mera corrección de error. Del mismo modo, atacó el cambio de la escala de puntuación del criterio técnico, al pasar la calificación base de 10 a 0 puntos y fijarse un umbral mínimo de 10, entendiendo que eso transformaba el criterio en un requisito de admisión encubierto. A su juicio, la corrección excedía de lo permitido por el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 y por el artículo 122.1 de la LCSP, que solo permiten rectificar errores materiales, de hecho o aritméticos. Además, criticó que no se ampliara el plazo de presentación de ofertas pese a las modificaciones, con cita expresa del artículo 136.2 de la LCSP.
La recurrente añadió alegaciones sobre defectos de notificación y publicación. Entendió que la comunicación recibida no cumplía el contenido mínimo del artículo 151.2 de la LCSP, porque no exponía de forma suficiente las razones de desestimación ni las ventajas de la oferta adjudicataria. También denunció que la publicación en el perfil de contratante era incompleta e inexacta, pues omitía el lote 1, indicaba un único licitador y reflejaba importes que no coincidían con la resolución. Aunque no formuló estas cuestiones como motivos autónomos de nulidad, sí las empleó para reforzar la idea de que el procedimiento había carecido de rigor.
Por último, la recurrente pidió, con carácter principal, la anulación de la adjudicación del lote 1 y la retroacción al momento de evaluación del criterio 2.1; subsidiariamente, que se declarara que su oferta debía alcanzar al menos 12,5 puntos y se continuara el procedimiento con una nueva clasificación; y además que se anulase por conexión la adjudicación del lote 2 o, al menos, se suspendiera su formalización. Sobre este último punto afirmó que, aunque no presentó oferta a ese lote, existía una relación instrumental entre ambos, de modo que la adjudicación del lote 2 podía resultar inútil si se estimaba su recurso respecto del lote 1.
El órgano de contratación se opuso al recurso y defendió la validez de todo el procedimiento en términos muy similares a los que luego acepta parcialmente el tribunal. Su principal argumento fue que sí existía motivación suficiente de la adjudicación, pues la resolución de 13 de octubre de 2026 recogía la clasificación de ofertas y la notificación identificaba el motivo por el que la recurrente no alcanzó el umbral mínimo. Según su criterio, el informe técnico de 18 de junio de 2026 era suficiente porque describía la oferta de la adjudicataria con precisión y calificaba la de la recurrente como base al no aportar mejoras técnicas relevantes. Subrayó además que los pliegos, en especial el anexo I del cuadro resumen, fijaban ya de antemano la escala de puntuación y que la recurrente no impugnó esos pliegos en su momento.
La Administración también negó la existencia de error manifiesto o arbitrariedad. Sostuvo que la mera discrepancia con el juicio técnico no basta para desvirtuar la presunción de acierto del informe de valoración, doctrina asentada por la jurisprudencia y por la propia práctica de los tribunales de recursos contractuales. Recordó que no toda prestación adicional debe considerarse automáticamente una mejora relevante, y que la comisión técnica es quien debe decidir, dentro de los límites del pliego, si las características ofertadas merecen una calificación superior. Invocó expresamente la Resolución 174/2026 del propio tribunal y la doctrina de la discrecionalidad técnica.
Frente a la alegación de igualdad de trato, el órgano sostuvo que la corrección del pliego no impedía valorar la funcionalidad del reactivo y su integración en la plataforma analítica. Aclaró que no se estaba puntuando la mera aportación de equipos, sino la forma en que el producto respondía a las necesidades asistenciales y operativas de los laboratorios. En su opinión, referencias como el rendimiento, la carga continua o la compatibilidad con la plataforma no eran ajenas al objeto contractual, sino plenamente pertinentes para valorar la calidad del suministro. Negó, por tanto, que se hubiera puntuado una ventaja derivada de ser operador ya establecido.
También rechazó la supuesta infracción procedimental. Afirmó que la evaluación técnica se había realizado antes de la apertura del sobre económico, como exige el artículo 146.2.b de la LCSP, y que la falta de un acuerdo formal y separado de exclusión no tenía efectos invalidantes, porque la no continuidad de la recurrente derivaba simplemente de no haber alcanzado el umbral mínimo. En cuanto a las rectificaciones de pliegos, recordó que fueron publicadas con antelación suficiente y que la recurrente no las impugnó, por lo que no podía ahora cuestionarlas indirectamente. Y respecto de la publicación en el perfil de contratante, sostuvo que las eventuales discrepancias entre la resolución y la información publicada no alteraban la validez del acto administrativo dictado.
La adjudicataria se alineó en términos generales con el órgano de contratación. Insistió en la falta de legitimación de la recurrente para impugnar el lote 2, dado que no había presentado oferta a ese lote y, por tanto, no podía alegar un interés legítimo real y directo. Sobre el fondo, defendió la suficiencia de la motivación del informe técnico y negó que existiera error patente. Sostuvo que la recurrente pretendía imponer su propia apreciación técnica a la de la comisión evaluadora, lo que no es compatible con la discrecionalidad técnica ni con la presunción de validez de los informes especializados.
La adjudicataria añadió que la recurrente estaba formulando una impugnación indirecta y extemporánea de los pliegos y rectificaciones, pues aceptó el contenido de la licitación al presentar oferta y no recurrió en su momento las modificaciones que ahora critica. También afirmó que el hecho de que una oferta tenga prestaciones adicionales no obliga a considerarlas mejoras relevantes, y que la comparación que realiza la recurrente entre lotes distintos es metodológicamente incorrecta. En relación con la mesa de contratación, defendió que lo determinante es que la valoración técnica se hubiera realizado antes de abrir los sobres automáticos, sin exigir un acuerdo formal y autónomo de exclusión. Por último, negó que los defectos de publicación tuvieran trascendencia invalidante.
El tribunal comienza resolviendo una cuestión previa esencial: el acceso al expediente solicitado por la recurrente. Recuerda que el artículo 52 de la LCSP otorga a los interesados la posibilidad de examinar el expediente, pero esa facultad es instrumental y no constituye un fin en sí mismo. También subraya que, si el interesado desea ese acceso antes de interponer o completar el recurso, debe solicitarlo al órgano de contratación, que está obligado a facilitarlo en los plazos previstos. Como en este caso la recurrente no había realizado esa solicitud previa, el tribunal confirma la denegación del acceso para completar el recurso y da por seguida la tramitación ordinaria.
A continuación, el tribunal separa el análisis en dos grandes bloques: infracciones procedimentales e infracciones sustantivas. En el plano procedimental, rechaza que exista un vicio por no haberse adoptado un acuerdo formal de exclusión antes de abrir el sobre económico. A su juicio, lo relevante es que el informe técnico estuviera emitido y publicado antes de la apertura del sobre 3, y que la mesa tuviera conocimiento de ese informe en un momento anterior a la apertura de los criterios automáticos, cumpliéndose así el artículo 146.2.b de la LCSP. Aunque reconoce que no constaba una mención expresa y autónoma de la exclusión en las actas, considera que la mesa asumió implícitamente el contenido del informe y sus consecuencias, y que no puede deducirse de esa ausencia formal una invalidez del procedimiento.
El tribunal también desestima la queja sobre las modificaciones de los pliegos. Considera que se trata de una impugnación extemporánea, porque las rectificaciones fueron publicadas durante el plazo de licitación y la recurrente pudo haberlas recurrido entonces si entendía que no eran simples errores materiales. Incluso admite que no se amplió el plazo de presentación de ofertas, pero estima que la recurrente no acreditó una indefensión efectiva ni una merma real de su derecho de defensa. Por ello, sin prejuzgar la legalidad sustantiva de esas rectificaciones, el tribunal no entra a anularlas porque la impugnación llegó fuera de tiempo.
Del mismo modo, rechaza la alegación relativa a los defectos de notificación y publicación. Entiende que la recurrente sí conocía las razones esenciales de la decisión, como demuestra el propio contenido de su recurso, y que por ello no puede apreciarse indefensión material. También concluye que las discrepancias entre la resolución de adjudicación y la información publicada en el perfil de contratante no bastan por sí solas para anular el acto administrativo, sin perjuicio de que puedan ser corregidas o aclaradas por el órgano de contratación. En suma, los aspectos formales denunciados no arrastran la nulidad del procedimiento.
El núcleo decisivo de la resolución está en la motivación técnica del lote 1. El tribunal parte de la doctrina consolidada sobre discrecionalidad técnica, citando expresamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular la sentencia de 16 de diciembre de 2014 y la de 24 de septiembre de 2014, así como la doctrina del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional. También trae a colación la jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea, especialmente las sentencias de 13 de diciembre de 2013 y 14 de junio de 2023, para recordar que la motivación puede ser sucinta, pero debe permitir entender por qué una oferta ha sido mejor valorada que otra.
Aplicando esa doctrina al caso concreto, el tribunal observa que el pliego del lote 1 configuraba el criterio 2.1 con seis subcriterios y una escala de valoración amplia, desde Base hasta Excelente, con puntuaciones intermedias para niveles de mejora cada vez más relevantes. Precisamente por esa amplitud, el tribunal considera que la motivación debía ser lo bastante concreta como para explicar por qué una oferta concreta no superaba el umbral mínimo. Y ahí encuentra el problema: respecto de la oferta de la recurrente, el informe se limita a decir que solo cumple los requisitos mínimos sin aportar mejoras técnicas relevantes, sin desarrollar qué apartados técnicos se analizaron, qué características fueron insuficientes o por qué no merecían puntuación. En cambio, la oferta de la adjudicataria sí recibe una explicación somera pero concreta de sus ventajas funcionales.
Esa asimetría lleva al tribunal a concluir que la motivación de la puntuación de la recurrente es insuficiente a los efectos del artículo 151 de la LCSP. No porque falte toda explicación, sino porque la ofrecida no permite conocer de forma efectiva la ratio decidendi de la puntuación de 0 puntos ni facilita un ejercicio real de contradicción. El tribunal enfatiza que la motivación no exige un análisis exhaustivo punto por punto, pero sí la expresión suficiente de las razones técnicas que determinan la elección. Aquí, la recurrente no puede saber con claridad por qué sus características funcionales no fueron consideradas mejora alguna.
Ahora bien, el tribunal no acoge la pretensión de la recurrente en cuanto a que se declare directamente que su oferta merecía 12,5 puntos o que se reconozca un error material patente. Considera que no ha quedado probado un error manifiesto ni una valoración arbitraria en sentido estricto. Lo que sí aprecia es una insuficiencia de motivación que impide mantener la adjudicación del lote 1. En otras palabras, el tribunal no sustituye el juicio técnico de la comisión por el suyo propio, pero sí exige que ese juicio se motive correctamente. Esa es la base jurídica de la estimación parcial.
Respecto de la alegación sobre la supuesta valoración de elementos ajenos al objeto del contrato, el tribunal no comparte la tesis de la recurrente. Entiende que, aunque se haya eliminado la obligación de aportar equipos, el contrato sigue siendo un suministro de reactivos para una plataforma analítica existente, de modo que la compatibilidad, la rentabilidad, la eficiencia y el rendimiento siguen siendo aspectos funcionales directamente vinculados al objeto. En consecuencia, no ve probado que la valoración de la oferta de la adjudicataria se apoyara en elementos completamente extraños al contrato ni que se haya vulnerado el principio de igualdad de trato en ese punto.
Por ello, la resolución adopta una decisión de estimación parcial. Anula la adjudicación del lote 1 y ordena retrotraer las actuaciones al momento de emisión del informe técnico de valoración, para que el órgano técnico competente emita una nueva motivación, concreta y suficiente, sobre la puntuación de las ofertas. El tribunal precisa que la retroacción debe hacerse respetando los principios de igualdad de trato, transparencia y no discriminación, y conservando los actos y trámites que no resulten afectados por la infracción apreciada. En cambio, no admite la impugnación del lote 2 por falta de legitimación.
Finalmente, en aplicación del artículo 57.3 de la LCSP, acuerda el levantamiento de la suspensión automática del procedimiento de adjudicación, y conforme al artículo 57.4 obliga al órgano de contratación a comunicar al tribunal las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la resolución. La resolución queda así cerrada con la advertencia de que es definitiva en vía administrativa y solo cabe contra ella recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a los artículos 10.1.k y 46.1 de la Ley 29/1998.
La decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía deja un escenario mixto pero jurídicamente muy claro. Por un lado, mantiene intacta la autonomía del lote 2, al considerar que la empresa recurrente no tenía legitimación para impugnarlo porque nunca participó en ese lote. Esto tiene una consecuencia inmediata y muy importante: la recurrente no logra proyectar sobre ese lote los efectos de su recurso, ni puede paralizarlo por vía indirecta con el argumento de que existe una supuesta conexión funcional o económica con el lote 1.
Por otro lado, la resolución sí desactiva la adjudicación del lote 1 porque la valoración técnica de la oferta de la recurrente no estuvo suficientemente motivada. Esto obliga al órgano de contratación a retrotraer el procedimiento al momento de la evaluación técnica, emitir un nuevo informe con una explicación concreta y suficiente de por qué la oferta quedó en nivel Base, y solo después continuar con la tramitación que proceda. La consecuencia práctica es que la adjudicación del lote 1 no queda consolidada y el expediente debe rehacerse parcialmente desde el punto en que se produjo la insuficiencia de motivación.
La resolución tiene una repercusión inmediata para la recurrente, que no obtiene la adjudicación automática, pero sí consigue que su oferta vuelva a ser examinada con garantías reforzadas. Para la adjudicataria, en cambio, el efecto es la pérdida de una adjudicación que parecía cerrada, al menos hasta que el órgano técnico rehaga la valoración y el procedimiento se reencauce. Para el órgano de contratación, la obligación es clara: debe emitir una nueva motivación técnica y comunicar al tribunal el cumplimiento de la resolución.
En términos institucionales, la resolución es especialmente relevante porque confirma varios criterios de interés general. Primero, reitera que la discrecionalidad técnica existe, pero no ampara una motivación vacía o puramente formularia. Segundo, reafirma que los pliegos firmes no pueden combatirse de forma indirecta cuando no se recurrieron en tiempo y forma. Tercero, insiste en que la legitimación para recurrir se vincula a un interés legítimo real y actual, y no a una expectativa abstracta de beneficio sobre un lote al que no se concurrió. Y cuarto, deja claro que las irregularidades puramente formales en la publicación o en la secuencia documental no producen por sí solas nulidad si no generan una indefensión material o un quebranto real del procedimiento.
La resolución, por tanto, no crea un criterio radicalmente nuevo, pero sí refuerza y precisa una línea ya consolidada: cuando el pliego utiliza escalas de valoración amplias y abiertas, la comisión técnica debe motivar con mayor intensidad por qué una oferta no alcanza siquiera el mínimo. Esa exigencia no elimina la discrecionalidad, pero sí impone un estándar más exigente de transparencia y control. En la práctica, este pronunciamiento puede tener una utilidad notable en futuros recursos de contratación sanitaria y técnica, donde la frontera entre cumplimiento mínimo y mejora relevante suele ser especialmente conflictiva.
En definitiva, el fallo mejora la seguridad jurídica porque no desordena el procedimiento, sino que corrige el punto exacto en el que el tribunal aprecia un déficit de motivación. También preserva la continuidad del contrato en la medida en que no anula todo el expediente, sino solo la adjudicación del lote 1 y únicamente para rehacer la valoración técnica. Es una resolución que no desautoriza la contratación pública cuestionada en su conjunto, pero sí recuerda con contundencia que una oferta no puede quedar excluida en la práctica sin una explicación técnica suficientemente clara, concreta y verificable.
El Tribunal parte de que el acceso al expediente en el recurso especial tiene un carácter instrumental y no autónomo, pues solo sirve para completar el recurso ya interpuesto. Aplicando el artículo 52 de la LCSP, rechaza la solicitud de acceso formulada por la recurrente porque no consta que lo hubiera pedido previamente al órgano de contratación dentro del plazo legal. Sobre esa base, mantiene la denegación acordada por el Pleno y recuerda que, conforme a su propia doctrina y a la del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales**, el acceso no puede operar al margen de los requisitos previstos legalmente.
El Tribunal aplica un criterio estricto de interés legítimo: la estimación del recurso debe poder producir un beneficio cierto y efectivo para quien recurre o evitarle un perjuicio real. En el caso del lote 2, concluye que la recurrente carece de legitimación porque no presentó oferta a ese lote y, por tanto, nunca pudo resultar adjudicataria de él. La eventual anulación no le reportaría una ventaja jurídica propia ni directa. En cambio, respecto del lote 1 sí reconoce legitimación, porque la recurrente quedó clasificada en segundo lugar y una estimación del recurso podría desembocar en la adjudicación a su favor. El Tribunal apoya este razonamiento en su doctrina consolidada y en la doctrina general del Tribunal Supremo sobre el interés legítimo.
El Tribunal rechaza que exista una infracción procedimental por no haberse dictado un acuerdo formal e independiente de exclusión antes de abrir el sobre 3. Considera suficiente que la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor se hubiera realizado antes de la apertura de los criterios automáticos, como exige el artículo 146.2.b) de la LCSP, y que ello quedara reflejado documentalmente. También interpreta el artículo 151.1 y 151.2 de la LCSP en el sentido de que la comunicación formal de la exclusión no es exigible con anterioridad a la adjudicación. Aunque el acta no recogiera expresamente la asunción del informe técnico, el Tribunal entiende que la mesa aceptó implícitamente sus consecuencias al continuar el procedimiento. Por ello, no aprecia vicio invalidante alguno.
El Tribunal no entra a enjuiciar la legalidad material de las rectificaciones de los pliegos, pero sí concluye que la impugnación de esas modificaciones es extemporánea. Razona que, una vez publicadas las correcciones en el perfil de contratante, la recurrente debió combatirlas en ese momento si entendía que excedían de una mera rectificación de error. Como no lo hizo, no puede reabrir ahora ese debate a través del recurso contra la adjudicación. Además, el Tribunal señala que la recurrente no acreditó una indefensión real derivada de la falta de ampliación del plazo de presentación de ofertas. Las referencias al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, al artículo 122.1 y al artículo 136.2 de la LCSP, así como al artículo 145.7 de la LCSP y al artículo 1288 del Código Civil**, quedan así reconducidas a una cuestión que el Tribunal considera tardíamente planteada.
La cuestión central del fondo se resuelve combinando la doctrina de la discrecionalidad técnica con la exigencia de motivación suficiente. El Tribunal recuerda que la valoración de ofertas mediante criterios sujetos a juicio de valor goza de presunción de acierto, pero esa presunción no cubre una motivación inexistente o meramente formularia. Cita la doctrina del Tribunal Supremo, la del Tribunal General de la Unión Europea, la de la Audiencia Nacional y la del Tribunal Constitucional para subrayar que la motivación no necesita ser exhaustiva, pero sí suficiente para que el licitador conozca las razones esenciales de la decisión.
Aplicando ese criterio al caso, aprecia que el informe técnico sí concretó, aunque de forma sucinta, por qué la oferta de la adjudicataria merecía la calificación de excelente. Sin embargo, respecto de la oferta de la recurrente se limitó a reproducir la categoría de "base" y a afirmar que solo cumplía los requisitos mínimos sin aportar mejoras relevantes, sin explicar por qué las características ofrecidas no bastaban para una puntuación superior. El Tribunal entiende que esa motivación no permite conocer de forma suficiente la "ratio decidendi" ni defenderse con eficacia, por lo que aprecia insuficiencia motivadora y anula la adjudicación del lote 1 con retroacción al momento de emisión del informe técnico. No obstante, rechaza que exista un error técnico patente o probado en la valoración de fondo de la oferta.
El Tribunal desestima la alegación de que se hubieran valorado elementos ajenos al objeto del contrato. Entiende que, aunque la corrección del PPT eliminó la obligación de aportar equipamiento, el objeto seguía siendo el suministro de reactivos para determinaciones diagnósticas mediante técnicas automatizadas. Dentro de ese marco, considera legítimo valorar la rentabilidad, la eficiencia y la compatibilidad del producto con la plataforma analítica existente, en la medida en que esos extremos están contemplados en el criterio de adjudicación. Por ello, no aprecia vulneración de los artículos 1, 132, 145.5.a) y 145.6 de la LCSP** ni una discriminación por favorecer al operador ya instalado. El Tribunal rechaza que se haya probado una valoración de la mera condición de operador establecido.
En relación con la notificación y la publicación, el Tribunal entiende que los defectos denunciados no alcanzan relevancia anulatoria. Aplica el artículo 151.1 y 151.2 de la LCSP** en el sentido de que la notificación debe ser suficiente para permitir un recurso fundado, pero concluye que la recurrente conocía las razones esenciales de la decisión y pudo articular su defensa. Por ello, aunque existieran discordancias entre la resolución y lo publicado en el perfil de contratante, no aprecia indefensión material ni efectos invalidantes automáticos.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Código Civil, artículo 1288.
Constitución Española, artículo 24 y artículo 103.1.
Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decreto 332/2011, de 2 de noviembre.
Artículo 35.1 de la Ley 39/2015.
Artículo 88.6 de la Ley 39/2015.
Artículo 109.2 de la Ley 39/2015.
Artículos 1, 44.1.b), 44.2.c), 48, 50.1.d), 52, 53, 57.3, 57.4, 116.4.c), 122.1, 132, 136.2, 145.5.a), 145.6, 145.7, 146.2.b), 146.3, 150.1, 151.1, 151.2, 157.5 y 326.2.b) de la LCSP.
Artículos 10.1.k) y 46.1 de la Ley 29/1998.
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