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Resolución nº 719/2026 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta De Andalucía, de 06 de Noviembre de 2026
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Resolución nº 342/2026 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 12 de Noviembre de 2026
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Resolución nº 443/2026 del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, de 04 de Noviembre de 2026
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Resolución nº 445/2026 del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, de 04 de Noviembre de 2026
10 Noviembre 2026
Resolución nº 342/2026 del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 12 de Noviembre de 2026
La Resolución núm. 342/2026, de 12 de noviembre, dictada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, pone fin a un recurso especial en materia de contratación presentado por ODONSERTEC, S.L. contra la adjudicación del contrato de suministro de dispositivos de Radiología Intraoral Digital de Alta Frecuencia con 7 sistema lectores de placas de fósforo para la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, expediente SUM/2026/0000143469 (60/S/26/SU/GE/ASS/0048).
La cuestión jurídica central no gira sobre el fondo técnico de la adjudicación ni sobre la alegada falta de capacitación técnica de la adjudicataria, sino sobre un presupuesto previo y determinante: si el contrato impugnado era o no susceptible de recurso especial en materia de contratación. El Tribunal responde de forma tajante que no lo era, porque el valor estimado del contrato ascendía a 58.100 euros, sin IGIC, cifra claramente inferior al umbral previsto en el artículo 44.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que exige, para los contratos de suministro y de servicios, un valor estimado superior a 100.000 euros para que proceda el recurso especial.
A partir de esa premisa, el Tribunal aplica el artículo 55.c) LCSP, que le habilita a declarar la inadmisión cuando el recurso se dirija contra actos no susceptibles de impugnación por esta vía especial. En consecuencia, no entra a valorar la alegación de fondo formulada por la recurrente sobre la supuesta falta de capacidad técnica de la adjudicataria, ni examina otros posibles requisitos procesales o materiales del recurso. La resolución declara la inadmisión por razón objetiva de cuantía, da traslado del recurso al órgano de contratación a efectos de conocimiento y, finalmente, recuerda que la decisión agota la vía administrativa y solo puede ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, concretamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conforme a los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
En términos jurídicos, esta resolución reafirma un criterio básico del sistema de recursos en contratación pública: el recurso especial no depende solo de que exista un acto de adjudicación, sino también de que el contrato pertenezca al ámbito material y cuantitativo que la ley reserva para esta vía extraordinaria. Si el contrato no supera el umbral legal, el Tribunal carece de base para revisar el fondo por esta vía, aunque la parte recurrente denuncie posibles irregularidades técnicas o de solvencia. El resultado práctico es la consolidación de la adjudicación a favor de KYT IMPLANTES DENTALES S.L., sin que la impugnación especial produzca una revisión del contenido material del expediente.
Número de Resolución: 342/2026, identificada además como resolución de fecha 12 de noviembre de 2026. En el encabezado se consigna expresamente como resolución núm. 342/2026, lo que permite su plena individualización dentro de la serie anual del Tribunal.
Fecha: La resolución fue dictada el 12 de noviembre de 2026. En el relato de antecedentes también constan fechas relevantes del procedimiento: la licitación se publicó el 21 de septiembre de 2026, el plazo de presentación de ofertas concluyó el 6 de octubre de 2026 a las 23:00 horas, la adjudicación se publicó mediante la resolución núm. 6033/2026, de 3 de noviembre de 2026, y el recurso especial se presentó el 6 de noviembre de 2026.
Tribunal: La resolución emana del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el texto disponible no se identifica el nombre propio de la persona titular o de los miembros concretos que la dictan, sino únicamente la referencia institucional al órgano resolutor y la firma final como Titular del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, no consta en este extracto una composición colegiada con nombres individualizados, sino la intervención del titular del órgano.
Expediente: El expediente de contratación se identifica como SUM/2026/0000143469 (60/S/26/SU/GE/ASS/0048). La resolución menciona expresamente ambos códigos, el de la Plataforma de Contratación del Sector Público y el interno o complementario del expediente administrativo.
Organismo: El órgano de contratación es la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria. Es el organismo que promueve el procedimiento y adopta el acuerdo de adjudicación impugnado.
Objeto del Contrato: El contrato tiene por objeto el suministro de dispositivos de Radiología Intraoral Digital de Alta Frecuencia con 7 sistema lectores de placas de fósforo. Se trata de un contrato de suministro vinculado al equipamiento sanitario y odontológico, destinado a la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. La resolución no desarrolla el contenido técnico completo del equipo, pero sí deja claro que se trata de una prestación de suministro de material de radiología intraoral digital, con lectores de placas de fósforo.
Partes Intervinientes:
Importe de Licitación: La cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas particulares fija un valor estimado del contrato de 58.100 euros, sin IGIC. La resolución no proporciona el presupuesto base de licitación desglosado, ni el importe de adjudicación, ni la cuantía de la oferta presentada por cada licitador. Sí consta que el contrato quedó por debajo del umbral de 100.000 euros exigido por el artículo 44 LCSP para el recurso especial en contratos de suministro.
Comunidad Autónoma: El procedimiento se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Canarias. El régimen organizativo del Tribunal deriva del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, además de la normativa básica estatal contenida en la LCSP.
El procedimiento se inicia con la publicación, el 21 de septiembre de 2026, del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Ese mismo día se publican también los pliegos rectores del procedimiento, tanto el pliego de prescripciones técnicas como el pliego de cláusulas administrativas particulares. El objeto del contrato ya se ha descrito: suministro de dispositivos de radiología intraoral digital de alta frecuencia con lectores de placas de fósforo, destinado a la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.
Desde el primer momento, el expediente se tramita mediante procedimiento abierto simplificado de tramitación ordinaria, fórmula propia de contratos de cuantía contenida y de tramitación más ágil que la del procedimiento abierto ordinario. El PCAP establece, además, como órgano de contratación a la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria y fija el plazo de presentación de ofertas hasta el 6 de octubre de 2026 a las 23:00 horas. También se consigna en la cláusula 7 del pliego que el valor estimado del contrato asciende a 58.100 euros sin IGIC, dato que será decisivo para la resolución del recurso.
A la licitación concurren, según se desprende de la resolución de adjudicación núm. 6033/2026, de 3 de noviembre de 2026, dos licitadoras: ODONSERTEC, S.L. y KYT IMPLANTES DENTALES S.L.. De ellas, la segunda resulta adjudicataria. La resolución de adjudicación se publica en la PCSP y, como elemento relevante del contexto procesal, incluye un pie de recurso que informa de la posibilidad de interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, con fundamento en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esa indicación es significativa porque evidencia que el propio órgano de contratación considera que la adjudicación no agota la vía administrativa y que el cauce ordinario de impugnación sería el de alzada, no el recurso especial, aunque esta referencia no sustituye ni altera por sí sola el régimen legal objetivo de impugnabilidad.
Pese a ello, ODONSERTEC, S.L. decide acudir a la vía del recurso especial en materia de contratación y presenta su escrito el 6 de noviembre de 2026, a través de la Sede Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En su impugnación, la mercantil sostiene, en esencia, que la adjudicataria carece de la capacidad técnica necesaria para resultar adjudicataria. Además, solicita la adopción de una medida cautelar de suspensión, aunque la resolución no desarrolla una valoración autónoma de esa pretensión cautelar porque el examen preliminar sobre la procedencia del recurso hace innecesario entrar en el fondo.
Una vez recibido el recurso, el Tribunal examina primero la cuestión de su propia competencia y, sobre todo, la susceptibilidad del contrato de ser impugnado por la vía especial. Esa verificación previa se convierte en el núcleo del caso. La resolución concluye que el contrato, por su valor estimado de 58.100 euros, está por debajo del umbral legal de los 100.000 euros previsto para los contratos de suministro en el artículo 44.1.a) LCSP. Por ello, la impugnación especial no puede prosperar. La inadmisión se fundamenta no en la extemporaneidad, ni en la falta de legitimación, ni en un defecto formal del escrito, sino en un problema estructural de la propia vía empleada: el acto recurrido no es susceptible de recurso especial por no alcanzar el umbral económico que la ley exige.
La recurrente, ODONSERTEC, S.L., centra su impugnación en la alegación de que la adjudicataria carece de la capacitación técnica exigible para ejecutar adecuadamente el contrato. El texto de la resolución no reproduce con detalle el conjunto de razonamientos fácticos o documentales que la mercantil pudiera haber articulado para sustentar esa afirmación, pero sí deja claro que ese es el motivo de fondo aducido contra el acuerdo de adjudicación.
Desde una perspectiva jurídica, esa clase de alegación suele conectarse con la verificación de los requisitos de solvencia técnica o profesional, la correcta acreditación de la aptitud para contratar y el cumplimiento de las exigencias fijadas en los pliegos y en la LCSP. Sin embargo, en este caso el Tribunal no llega a valorar si la adjudicataria reunió o no los requisitos técnicos, porque antes constata que el recurso especial no es procesalmente procedente. En otras palabras, la pretensión de la recurrente queda sin examen sustantivo por una razón de admisibilidad objetiva.
La recurrente también solicita la suspensión cautelar del acuerdo de adjudicación. Esta petición revela que la empresa pretendía evitar que el contrato avanzara hacia la formalización o ejecución mientras se resolvía el recurso. No obstante, al ser inadmitido el recurso por falta de objeto susceptible de impugnación especial, la medida cautelar queda sin recorrido práctico dentro de esta vía.
La resolución no recoge un escrito de oposición del órgano de contratación en términos desarrollados, ni desglosa una defensa argumental extensa de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Sin embargo, del razonamiento del Tribunal se desprende que la clave de la respuesta institucional reside en la propia configuración legal del recurso especial. El órgano de contratación había adjudicado el contrato a KYT IMPLANTES DENTALES S.L. mediante la resolución núm. 6033/2026, y la resolución ahora analizada parte de ese acto para examinar si era o no revisable por la vía especial.
La defensa implícita del expediente se apoya, por tanto, en la naturaleza del procedimiento seguido: un procedimiento abierto simplificado de tramitación ordinaria para un contrato de suministro cuyo valor estimado es de 58.100 euros, cantidad que no supera el umbral legal. De ese modo, aunque la adjudicación fue susceptible de impugnación por alguna vía administrativa o jurisdiccional, no lo era por el cauce excepcional del recurso especial en materia de contratación.
La resolución también pone de relieve un dato de contexto que refuerza esta conclusión: la propia adjudicación incluía como pie de recurso la indicación de que cabía recurso de alzada conforme a la Ley 39/2015. Sin que ello sea por sí mismo decisivo, sí sugiere que el órgano de contratación entendía el acto como sometido al régimen ordinario de impugnación administrativa y no al sistema especial de recursos contractuales.
La resolución no expone alegaciones expresas de la adjudicataria KYT IMPLANTES DENTALES S.L. ni de otros interesados, al menos en el extracto disponible. Tampoco se describen observaciones formales de terceros personados. Por tanto, no consta que la adjudicataria formulara una oposición argumentada en este incidente concreto, o al menos no se reproduce en los antecedentes y fundamentos transcritos.
No obstante, desde la lógica del procedimiento, la posición de la adjudicataria habría estado alineada con la legalidad de la adjudicación y con la improcedencia del recurso especial por razón de cuantía. La resolución, al inadmitir el recurso, deja intacta su posición de adjudicataria y no entra a cuestionar la validez técnica de su oferta ni la acreditación de su solvencia.
La decisión del Tribunal es clara y rotunda: inadmitir el recurso especial en materia de contratación interpuesto por ODONSERTEC, S.L.. La inadmisión se apoya en un motivo único y determinante: el contrato impugnado no es susceptible de recurso especial porque su valor estimado, 58.100 euros sin IGIC, es inferior al umbral legal de 100.000 euros exigido por el artículo 44.1.a) LCSP para los contratos de suministro.
El razonamiento jurídico del Tribunal se desarrolla en dos pasos perfectamente encadenados. En primer lugar, afirma su competencia para resolver el recurso conforme al artículo 46.1 LCSP, en relación con los artículos 2 y 3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero, que crea el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias. Esa competencia, sin embargo, no equivale a competencia para conocer del fondo en cualquier supuesto: la ley sólo atribuye al Tribunal el conocimiento de aquellos recursos especiales que versen sobre actos y contratos incluidos en el ámbito del artículo 44 LCSP.
En segundo lugar, el Tribunal recuerda que el artículo 44 LCSP limita el recurso especial a determinados contratos de obras, suministros y servicios cuando superen los umbrales económicos legalmente fijados. Para los contratos de suministro y de servicios, el valor estimado debe ser superior a 100.000 euros. Como en este caso el contrato asciende a 58.100 euros, el Tribunal concluye que el acto de adjudicación no es recurrible por esta vía.
A continuación, el Tribunal se apoya en el artículo 55.c) LCSP, que autoriza la inadmisión cuando el recurso se haya interpuesto contra actos no susceptibles de impugnación conforme al artículo 44. Ese precepto funciona como una causa de cierre procesal: una vez comprobado que el contrato no supera el umbral, la resolución no puede entrar en el examen de otros requisitos, ni siquiera de los motivos de fondo. Por eso la resolución afirma expresamente que la inadmisión impide analizar el resto de requisitos y conocer los motivos materiales invocados.
El Tribunal, por tanto, no entra a valorar si efectivamente la adjudicataria carecía de la capacitación técnica alegada por la recurrente. Tampoco se pronuncia sobre la medida cautelar de suspensión solicitada. La lógica procesal es sencilla: si el recurso especial no cabe, no tiene sentido resolver sobre el fondo ni sobre medidas instrumentales vinculadas a una vía inexistente en ese caso concreto.
La parte dispositiva contiene tres mandatos concretos:
La resolución añade que es definitiva en vía administrativa y que contra ella solo cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde la notificación, conforme a los artículos 10.1 y 46.1 LJCA.
Un aspecto relevante es que la resolución no cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, ni doctrina consolidada de otras salas, ni resoluciones anteriores del propio Tribunal sobre el mismo extremo. Su fundamentación es estrictamente legal y se apoya en el dato objetivo de la cuantía contractual. Esa ausencia de apoyo jurisprudencial no debilita la decisión, sino que muestra que el caso se resuelve sobre una premisa normativa elemental y no controvertida.
La consecuencia inmediata y práctica de la resolución es que el recurso de ODONSERTEC, S.L. queda fuera de la vía especial de contratación y, por tanto, no se revisa la adjudicación en cuanto al fondo técnico denunciado. Esto supone que la adjudicación a favor de KYT IMPLANTES DENTALES S.L. permanece incólume en este incidente, sin perjuicio de las acciones que la recurrente pudiera intentar por los cauces jurídicos que realmente resulten procedentes.
En términos operativos, la resolución permite que el procedimiento de contratación continúe su curso normal, ya que la pretensión suspensiva no obtiene acogida y el Tribunal no aprecia una base legal para paralizar el expediente mediante el recurso especial. La administración contratante recibe además traslado formal del recurso, pero ello se produce solo a efectos de conocimiento y eventual tramitación ordinaria, no porque el Tribunal abra una revisión de fondo.
Desde la perspectiva de la recurrente, la decisión obliga a replantear la estrategia procesal. Si lo que se pretende es combatir la adjudicación o las condiciones del procedimiento, deberá acudirse, en su caso, a la vía administrativa ordinaria que resulte procedente, o directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa si concurren los presupuestos legales. La resolución señala expresamente que contra ella cabe recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Canarias en el plazo de dos meses, lo que marca la salida jurisdiccional posible frente a la inadmisión.
Lo más destacable de la resolución es su precisión en la aplicación del umbral económico del artículo 44 LCSP. El Tribunal no entra en debates colaterales ni en consideraciones de oportunidad: verifica el dato del valor estimado, constata que es de 58.100 euros y extrae la consecuencia jurídica que la ley impone. Esto refuerza la idea de que el recurso especial en materia de contratación es una vía excepcional, de acceso tasado, y no un remedio general para impugnar cualquier adjudicación.
Esta resolución tiene un impacto relevante en la seguridad jurídica porque reafirma un criterio claro y perfectamente delimitado: el recurso especial en materia de contratación no puede utilizarse cuando el contrato no alcanza los umbrales de cuantía establecidos en el artículo 44 LCSP. El Tribunal aplica el filtro legal de manera estricta y evita que la vía especial se convierta en un cauce universal de impugnación. Esa precisión protege la previsibilidad del sistema y reduce el riesgo de impugnaciones indebidamente formuladas por una vía no prevista para el caso concreto.
Desde el punto de vista de la transparencia, la resolución también resulta relevante porque evidencia la necesidad de que los operadores económicos identifiquen correctamente el régimen jurídico del contrato antes de recurrir. La propia publicación del expediente en la PCSP, la información sobre el valor estimado y la naturaleza del procedimiento permitían advertir que el contrato estaba por debajo del umbral del recurso especial. La resolución, por tanto, actúa como recordatorio práctico de que la transparencia en la contratación pública no solo exige publicar la licitación y la adjudicación, sino también manejar correctamente el sistema de impugnación aplicable.
En cuanto a la continuidad del servicio o del contrato, la decisión favorece la agilidad administrativa. Al inadmitirse el recurso, no se produce una suspensión real del expediente por esta vía ni se abre un incidente de revisión sustantiva que pudiera retrasar la formalización o la ejecución del contrato. En contratos de suministro sanitario, aunque de cuantía moderada, la celeridad puede ser relevante para la disponibilidad de equipamiento técnico necesario en la atención primaria. La resolución contribuye, por tanto, a que el expediente no quede bloqueado por una impugnación formulada al margen del cauce adecuado.
En el plano interpretativo, la resolución confirma y no modifica el criterio legal sobre el ámbito objetivo del recurso especial. No crea un nuevo precedente ni introduce una doctrina novedosa, sino que aplica de forma estricta la regla ya conocida: en contratos de suministro, si el valor estimado no supera los 100.000 euros, no cabe recurso especial. Esa confirmación tiene valor práctico porque consolida una línea de actuación que debe ser tenida en cuenta tanto por licitadores como por órganos de contratación y asesores jurídicos.
También es relevante que el Tribunal utilice el artículo 55.c) LCSP como fundamento directo de la inadmisión. Esto refuerza la idea de que la falta de recurribilidad objetiva no es una cuestión meramente formal, sino una causa suficiente para cerrar el procedimiento sin entrar en el fondo. En la práctica, esta doctrina evita que los tribunales administrativos de contratación inviertan recursos en analizar cuestiones materiales cuando la ley no les atribuye competencia para ello en ese caso concreto.
Otro elemento destacable es la relación entre la resolución impugnada y el pie de recurso que ofrecía la adjudicación, en el que se mencionaba la alzada. Aunque el Tribunal no construye su decisión sobre esa referencia, sí deja entrever una realidad importante: el sistema de recursos debe ser identificado correctamente desde la propia actuación administrativa, pero la calificación del recurso no depende de la simple indicación contenida en el acto impugnado, sino de la norma aplicable. Esa idea es especialmente útil para futuros casos, porque evita confusiones entre el recurso especial y los recursos administrativos ordinarios.
En definitiva, esta resolución reafirma un criterio de cierre procesal estricto, protege la coherencia del sistema de recursos de la LCSP y recuerda a los licitadores que no toda adjudicación puede combatirse mediante recurso especial. Su relevancia no reside en una construcción doctrinal novedosa, sino en la claridad con la que aplica la norma a un supuesto muy concreto. Para casos similares, el mensaje es inequívoco: si el valor estimado no supera el umbral legal, la vía especial está vedada y la impugnación debe reconducirse al cauce correcto.
La resolución aplica de forma directa el artículo 44.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que limita la procedencia del recurso especial en materia de contratación respecto de los contratos de suministro a aquellos cuyo valor estimado sea superior a 100.000 euros. En el caso examinado, el contrato impugnado tenía un valor estimado de 58.100 euros**, sin IGIC, por lo que el tribunal concluye que el acto de adjudicación no era susceptible de recurso especial.
Sobre esa base, la resolución enlaza con el artículo 55.c) de la LCSP, que permite declarar la inadmisión cuando el recurso se dirige contra actos no susceptibles de impugnación conforme al artículo 44. La aplicación combinada de ambos preceptos lleva al tribunal a inadmitir el recurso interpuesto por ODONSERTEC, S.L. contra la adjudicación del contrato de suministro a KYT IMPLANTES DENTALES S.L..
La consecuencia doctrinal que extrae la resolución es clara: una vez constatado que el contrato no alcanza el umbral legal, no procede entrar a examinar ni el resto de requisitos de admisibilidad ni los motivos de fondo invocados, incluida la alegación relativa a la falta de capacitación técnica de la adjudicataria.
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