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De esta forma, Andalucia gastará en 2016 algo más de 1.000 euros por habitante, mientras que País Vasco alcanzará los 1.584 euros. Hay que reconocer el esfuerzo que hacen para recuperar el gasto perdido, que ha llevado a Andalucia a incrementar un 4,35% su gasto por habitante en 2016, mientras que País Vasco lo ha hecho en un 0.8%.

Lo primero que hay que recordar es que dicho gasto es una decisión autonómica, pero las restricciones presupuestarias obligaron a las autonomias a reducir su gasto público (ver EG núm 753) que se materializó en 2012 y se generalizó en 2013 con bajadas de la partida sanitaria en 15 de las 17 CC.AA. Si se hubiera querido mantener la inversión sanitaria se hubieran requerido fondos adicionales pero ¿de dónde?

Precisamente, Ciudadanos ha insistido en que las autonomías deberían tener cierta flexibilidad para la creación de impuestos autonómicos cuyos fondos puedan ser destinados a Sanidad. El inconveniente principal de esta medida vendría por parte de los habitantes de una comunidad autónoma sometidos a una presión fiscal ausente en otros territorios. La ventaja es clara: suficiencia financiera para la sanidad. En cualquier caso, desde C's afirman que las urnas serían las que aprobarían o no una gestion correcta de los impuestos y su destino a la sanidad pública, siendo ésta una de las cuestiones que más valoran los votantes.

El Consejo Económico y Social (CES) ya ha alertado sobre la desigualdad en el gasto sanitario entre CC.AA. Dicho organismo ya ha acusado el cambio de tendencia en 2016 con el incremento de las partidas sanitarias, pero la brecha está abierta.

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