Noticia de Contratación

La mayoría de los expertos consideran como causa principal del aumento incontrolable del gasto sanitario la rápida introducción masiva y sin control de sus beneficios adicionales de nuevas tecnologías aplicadas a la sanidad. Entre ellas los nuevos medicamentos biotecnológicos que se han empezado a introducir recientemente, dando solución a problemas (como la hepatitis C) que carecían de solución curativa hasta ahora, pero a precios injustificados capaces de llevar a la quiebra a cualquier país.

Las peculiaridades de estos nuevos productos y la rapidez de su desarrollo han dejado obsoletos los métodos de control del crecimiento del gasto farmacéutico que se venían utilizando en la mayoría de los países (precios de referencia;  “genéricos”; y otros muchos). Esas características han potenciado dos nuevas formas añadidas de afrontar el problema: el desarrollo de agencias de evaluación del coste-beneficio de los nuevos productos en comparación con los ya existentes, puesto en cuestión en muchos casos, y la negociación de los precios aplicables a los mismos en los servicios sanitarios públicos de cada país.   

De las primeras, el mejor ejemplo es el NICE británico, que evalúa los nuevos productos, haciendo recomendaciones para su inclusión o no, y forma de hacerlo, por el NHS. La efectividad de su trabajo, que provoca retrasos importantes en la utilización por el NHS de distintos productos, ha llevado a que se haya propuesto flexibilizar sus propuestas, y permitir un uso “experimental” de algunos, a cambio de rebajas significativas en su precio para el NHS. Esa vía no ha producido hasta ahora ningún efecto real, por la resistencia  de los laboratorios a negociar y rebajar los precios.

El poder de los laboratorios en su establecimiento ha sido denunciado por la OCDE en un informe reciente, en el que demanda el “reequilbrio” en la negociación. Éste sólo puede lograrse mediante el ejercicio del “poder de gasto” por los servicios de salud que ofrecen cobertura sanitaria universal: en los Estados Unidos, una ley firmada en 2003 por el presidente Bush estableció la prohibición expresa de que Medicare, el sistema que cubre a los jubilados, pudiera negociar los precios aplicables a su ámbito; ahora, tanto grupos progresistas como el nuevo presidente Trump pretenden restaurar esa capacidad de negociación. Canadá, donde la cobertura farmacéutica, gestionada de manera separada por cada provincia, no forma parte de las prestaciones cubiertas por su sistema nacional de salud, está planteando la constitución de un sistema de compras común, que permita evitar el gasto excesivo en que incurre el sistema sanitario en su conjunto como consecuencia de esa disgregación.

En España el desarrollo de medidas similares ha tenido una evolución peculiar y limitada, condicionada por la gestión autonómica de la sanidad: hasta siete CCAA, además de una central en el Instituto de Salud Carlos III, tienen constituidas agencias de evaluación de tecnologías independientes. Ninguna de ellas, ni tampoco la central, tienen prevista una relación “obligada”, como el NICE, con la compra de productos, también los farmacéuticos, ni por el SNS en su conjunto, ni por los servicios autonómicos de salud; y el precio de los productos farmacéuticos se establece por una Comisión Interministerial de la que, además del Ministerio de Sanidad, forman parte los de Industria y Hacienda (y desde hace dos años también dos representaciones de las CCAA), que fijan el precio máximo a pagar por el sistema público. Según el Tribunal de Cuentas, el sistema no establece mecanismos claros ni uniformes de evaluación de ese precio, lo que facilita la influencia de los laboratorios.

Eso da pie a que muchas CCAA traten de establecer mecanismos propios para lograr mejores precios de ciertos productos: Andalucía acaba de recibir el refrendo del Tribunal Constitucional  para la realización de unas subastas que pretenden obtener el precio más bajo en la compra de algunos de uso ambulatorio, sistema con el que ha obtenido ahorros parciales significativos; Cataluña está desarrollando “acuerdos de riesgo compartido” para la compra de productos oncológicos de uso hospitalario. La compra por los hospitales de otros productos  sanitarios (marcapasos, catéteres, prótesis implantables)  se realiza en la mayoría de las CCAA por los centros de manera independiente; lo que, además de importantes diferencias en calidad y costes, da pie a posibles irregularidades e influencias indebidas en sus compras. Esas actitudes autonómicas son compatibles con el rechazo por algunas de esas CCAA, entre ellas algunas que acumulan las mayores deudas con los proveedores farmacéuticos y empresas tecnológicas, a participar de manera voluntaria en un mecanismo de compra común puesto en marcha por el Gobierno, que hasta ahora sólo se ha aplicado a la de vacunas, obteniendo también con ello significativos ahorros. 

Frente a proveedores con una tendencia manifiesta a la concentración como forma de aumentar su poder para imponer los precios, esa suma de actitudes sesgadas de manera exclusiva hacia los intereses propios, aunque tengan bases competenciales, provoca en conjunto el aumento global del gasto y, con ello, la puesta en cuestión de la sostenibilidad universal  del SNS.

Cuando vuelve a proponerse por el PP un pacto sanitario para garantizar ésta, sería necesario que se concretara en propuestas como las de, vinculadas a un nuevo sistema de financiación separada, constituir una central de compras y una agencia eficaz de evaluación de tecnologías sanitarias, por otra parte ya previstas en la Ley General de Sanidad de 1986, que permitan abordar de manera eficaz las causas principales del incremento insostenible del gasto sanitario, cuya ausencia puede contribuir a llevar a la quiebra al SNS.