Noticia de Contratación

En los últimos años, servicios administrados por ayuntamientos, gobiernos autonómicos y otras instituciones públicas se han externalizado como forma de abaratar los costes y responder a las exigencias de recorte en el gasto público. La gestión de estos servicios ha pasado a manos de entidades privadas bajo el criterio de asignarla a las empresas que proponían hacerlo con el menor coste. En la mayoría de los casos, esta práctica ha tenido como consecuencia el empeoramiento de la calidad de los servicios y, más ampliamente, de las condiciones sociales, laborales, económicas y ambientales en las que se ejecutan estos contratos, unas malas prácticas que han obligado a ayuntamientos como el de Madrid, Murcia o Zaragoza a imponer sanciones a las empresas.

Todas las entidades del sector público contratan, con el dinero de toda la ciudadanía, a entidades privadas para atender las necesidades de bienes y servicios públicos, y son las encargadas de preparar los términos del contrato, adjudicarlo y supervisar su cumplimiento, así como de rescindirlo llegado el caso. El aumento de los procedimientos de contratación pública hace necesario un mayor seguimiento de las adjudicaciones y su ejecución, así como velar por unas condiciones de contratación que no prioricen el abaratamiento de costes sino los intereses sociales y el bien común, el bienestar de las personas y el cuidado por el entorno.

Es por estos motivos por los cuales la Economía Social y Solidaria y otros agentes sociales vienen reclamando una Contratación Pública Responsable que guíe las decisiones de las adjudicaciones públicas por criterios de sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental, que ponga los intereses de las personas por encima del abaratamiento a toda costa. Valores como la dignidad del trabajo o la igualdad de oportunidades y de género o el respeto hacia los Derechos Humanos en las cadenas de producción de bienes son priorizados de esta forma y defendidos desde la instituciones públicas que deben garantizarlos.