Noticia de Contratación

El Gobierno Vasco ultima una instrucción que regulará los requisitos lingüísticos que deberán reunir las empresas que opten a un contrato público y que, además, sirva de marco para el resto de instituciones, ya sean ayuntamientos o diputaciones. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu pretende que la nueva normativa “mejore el nivel de ejecución de los criterios lingüísticos en las contrataciones públicas”, así como fijar “unas condiciones mínimas” y que “sirva de modelo para que el resto de las administraciones puedan plantear este tema con cierta seguridad jurídica”. Así lo avanza a NOTICIAS DE GIPUZKOA el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika. En estos momentos la instrucción lingüística en materia de contratación pública se halla en fase de tramitación. Y la previsión es que el Consejo de Gobierno la apruebe “a finales de año o en enero de 2016”, asegura Baztarrika.

El proceso de revitalización del euskera impulsado en Hegoalde durante los últimos 30 años ha sido la crónica de un crecimiento continuado. En el último cuarto de siglo el euskera ha ganado más de 300.000 hablantes, sobre todo entre la población joven, gracias a la acción de la escuela y los euskaltegis. En la actualidad, el 27% de la población es bilingüe. Pero el uso efectivo del euskera no ha sido homogéneo en todos los sectores.

El informe solicitado para la Ponencia de Autogobierno sobre el Estatus del euskera en el territorio del euskera: análisis de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades (DAFO) concluye que, pese al trabajo hecho, “no se tienen en cuenta los criterios lingüísticos establecidos para la concesión de subvenciones y contratos” y apunta a que, cuando se han tenido en cuenta en su ejecución, “no se obliga a cumplir lo establecido”.

A día de hoy los criterios lingüísticos están normalizados en el 50% de las subvenciones públicas. Y en relación a las millonarias contrataciones de la Administración, existen regulaciones que tienen en cuenta los derechos de la población que se expresa en euskera en un 48% de los casos.

Sin embargo, el estudio indica que el grado de aplicación de estas normativas oscila en torno al 60% en ambos casos. Además, no se hace ningún tipo de seguimiento para conocer su aplicación en el caso de las ayudas y solo en el 43% de los contratos públicos. Ante este panorama no es de extrañar que el análisis realizado por el Gabinete de Prospecciones Sociológicas y la viceconsejería de Política Lingüística describa como una amenaza el hecho de que los criterios lingüísticos se consideren “papel mojado”. Los datos apuntan a ello.

Según sostiene Baztarrika, la nueva instrucción pretende “adaptar” a la nueva realidad la normativa vigente desde 2006 para mejorar la presencia del euskera en las relaciones contractuales de la Administración. La normativa obligará al sector público a incluir en sus cláusulas administrativas criterios que “garanticen a las personas usuarias los mismos derechos lingüísticos exigibles frente a las administraciones”. Asimismo, marca que la documentación contractual esté en “ambas lenguas oficiales” para los posibles licitadores y personas interesadas.

La normativa establece que los derechos lingüísticos “se consideren una obligación contractual”, en su caso, “de carácter esencial”, por lo que su incumplimiento podría conllevar “las correspondientes penalizaciones”.

Acuerdo unánime en Gasteiz Con este nuevo impulso al euskera en el ámbito de la Administración, el Gobierno Vasco da cumplimiento a una Proposición no de Ley aprobada (PNL) por el Parlamento Vasco en marzo de 2014 sin votos en contra. Una unanimidad nada habitual cuando se aborda la normalización lingüística en la Cámara de Gasteiz. La PNL transaccionada por PNV y PSE obtuvo el apoyo de estos dos grupos y la abstención de PP y EH Bildu, que era el impulsor original de la proposición.

El representante de UPyD estuvo ausente en la sesión convocada tras la polémica suscitada por la ofensiva de recursos interpuestos por el delegado de Gobierno español, Carlos Urquijo, contra numerosos ayuntamientos de Gipuzkoa -en su mayoría gobernados por Bildu- por aplicar criterios lingüísticos en sus contratos.

El conflicto llegó hasta el Senado. El portavoz del PNV en la Cámara alta, Jokin Bildarratz, cuestionó los más de 500 recursos judiciales que el delegado del Gobierno en Euskadi había presentado contra instituciones gobernadas por Bildu por la inclusión de criterios lingüísticos en la contratación pública. En su réplica, el presidente español, Mariano Rajoy negó que, con su actitud, Urquijo estuviera incurriendo en “ataques” o “agresiones contra el euskera”. Aunque importante, el alcance de la batalla judicial emprendida por la Delegación del Gobierno español contra las normativas locales que persiguen la normalización lingüística en sus contratos no llega ni de lejos a la cifra denunciada por el jeltzale. Tampoco se acerca a los 60 recursos aludidos por Zigor Etxeburua, el que fuera director de Euskera de la Diputación de Gipuzkoa la pasada legislatura. Además, la lista no se limita a municipios guipuzcoanos gobernados por la coalición abertzale. Incluye también otras instituciones, como la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa, las Juntas Generales de Araba, una mancomunidad y un municipio vizcaino gobernado por independientes (Zaratamo).

Según fuentes de la Delegación de Gobierno consultadas, la Abogacía del Estado ha promovido desde 2013 un total de 31 recursos contra otras tantas normativas que tenían por finalidad incluir “la exigencia del euskera, como requisito imprescindible, para poder contratar con las administraciones públicas, sin relación alguna con los contratos licitados”. De ellos solo se mantienen vivos cinco (Errenteria, Zarautz, Diputación de Gipuzkoa, Juntas Generales de Araba y Zaratamo). La razón, según la Delegación, es que la mayoría de los ayuntamientos denunciados anularon “voluntariamente” los acuerdos impugnados, lo que ha llevado a pedir el archivo de los recursos al alcanzar una satisfacción extrajudicial. Entre ellos están los consistorios de Lezo, Anoeta, Getaria, Zumaia, Albiztur, Azkoitia, Errezil, Elgoibar, Orio, Zestoa, Soraluze, Aizarnazabal, Beizama, Eibar, Oiartzun, Tolosa, Mancomunidad Urola Kosta y Zizurkil. Pero la desbandada que presenta la Delegación como una victoria, no es más que una maniobra para sortear el marcaje de Urquijo y seguir aplicando los criterios para reforzar la presencia del euskera. Las fórmulas elegidas para ello han sido varias, pero la mayoría de los consistorios han aprobado en sus Juntas de Gobierno la exigencia del euskera, sin ratificarla en el Pleno.

Dos sentencias en contra La nueva instrucción marco será clave para mejorar la seguridad jurídica de las normativas locales y forales. No en vano, según la Delegación, hasta la fecha solo hay dos sentencias que entran en el fondo de la cuestión. Y han estimado los argumentos de la Abogacía del Estado. Se trata de los recursos interpuestos contra los pliegos de condiciones del contrato del servicio de limpieza viaria de Agurain y el de la redacción del Plan General de Ordenación Ubana (PGOU) de la localidad de Ibarra. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Donostia estima parcialmente el recurso de la Abogacía contra el Ayuntamiento de Ibarra y solo anula la cláusula que exige el perfil B2 al equipo redactor del PGOU.

Según el juez, la imposición de exigencias lingüísticas “limita objetivamente la concurrencia en el proceso de licitación”, por lo que no se ajusta a derecho conforme a las causas de exclusión contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público, así como en la normativa europea (Directivas 2004/18/CE y 2014/24/UE) que no contempla las cuestiones lingüísticas como causa de exclusión de un posible licitador. Además, la sentencia (de 27 de julio de 2015) afirma que las comunidades y los entes locales “carecen de competencia para poder establecer excepciones”.

Además, dictamina que la normativa de Ibarra, que excluye a las empresas si no garantiza el dominio satisfactorio del euskera entre sus empleados, no obedece a criterios objetivos de exclusión ya que no están vinculados con el objeto del contrato. Por tanto, reza la fallo al que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA, “vulnera el principio de libre concurrencia e igualdad de trato”. Y el pasado 18 de marzo, un juzgado de Gasteiz anuló con similares argumentos las cláusulas del contrato del servicio de limpieza viaria de Agurain porque exigía que la empresa adjudicataria del servicio debía garantizar que, tanto la estructura administrativa, como quienes puedan tener un trato directo con la ciudadanía o con la Administración, fueran capaces de comunicarse en euskera.