Muchos pagos de transacciones comerciales entre las empresas o entre estas y los poderes públicos se hacen mucho después de la entrega, y a menudo después de lo acordado o lo establecido en las condiciones comerciales generales. Estas prácticas reducen la liquidez de las empresas y complican su gestión financiera. La morosidad afecta a la competitividad y la viabilidad de las empresas, en particular las PYME. Afecta también a las operaciones comerciales intracomunitarias. La morosidad puede provocar la quiebra de empresas viables y causar, en la peor de las situaciones, una serie de quiebras en toda la cadena de suministro. Este riesgo aumenta fuertemente en periodos de crisis económica, en los que resulta particularmente difícil obtener financiación. Hay indicios de que ha empezado a producirse esta situación a medida que avanza la actual crisis económica, y ello exige una respuesta política contundente.
La Small Business Act (Ley de la pequeña empresa) [COM(2008) 394] subraya la importancia clave de las PYME para la competitividad de la economía de la UE y pone de manifiesto que, al margen de la necesidad de aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el mercado único, el acceso eficaz a la financiación es uno de los principales retos de estas empresas. El Plan Europeo para la Recuperación Económica [COM(2008) 800] señala que una condición previa para la inversión, el crecimiento y la creación de puestos de trabajo en el contexto de crisis económica es contar con financiación suficiente y viable, y pide a la UE y a los Estados miembros que velen por que los poderes públicos paguen sus facturas en el plazo de un mes.