La presidenta de FENIN, María Luz López Carrasco, cree que la nueva ley aportará transparencia y perspectiva social a las compras de tecnología sanitaria, a pesar de que no regula de manera específica el sector representado por la patronal.

Efectivamente, la máxima representante de la Federación se mostró confiada en que el nuevo texto legal permita hacer siempre compras basadas en valor, con beneficios manifiestos para los pacientes y los profesionales sanitarios usuarios de dicha tecnología, ya que para los primeros se contribuye a mejorar su calidad de vida, mientras que para los segundos se facilita que puedan trabajar con mayores cotas de eficacia y eficiencia.

Para María Luz López Carrasco el momento actual es la oportunidad de hacer una revisión y modernización de las compras públicas, de manera que se puedan armonizar los conceptos de calidad y precio, de cara a garantizar la compra de suministros en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El perfil del contratante

El socio del despacho de abogados Cuatrecases, Jorge Robles, resumió las principales novedades de la nueva norma y su impacto en la contratación de tecnología sanitaria desde el concepto de la compra de valor.

Desde su experiencia prelitigiosa y litigiosa, en contenciosos administrativos y Derecho Constitucional, Ambiental, Farmacéutico y Sanitario, este ponente fijó los principios de compra pública en estrategia, integridad, apoyo a pymes y criterio de exigencia social.

Como superación de la ley de 2007, Jorge Robles destacó el nuevo perfil del contratante, mediante abundante documentación; la lucha contra la corrupción; y el fomento de la compra por parte de empresas pequeñas, hecho favorecido por la fragmentación de contratos en lotes. Todo ello sin obviar cuestiones delicadas, como el documento único de contratación, el contrato menor y la contratación electrónica, de virtualidad aún por demostrar, según razonó; a lo que añadió los contratos mixtos.

Sobre el contrato menor, Robles explicó que la ley pone el límite de 15.000 euros y cautelas para que el contrato de este tipo no sea un atajo de contratos mayores, como el seguimiento y límite a los mismos proveedores.

Con finalidad social e innovadora

En el ámbito subjetivo de la ley, Robles mencionó que los contratos que antes tenían consideración de privados, como el del Hospital del Sol, ahora tendrán carácter administrativo. Citó igualmente, disposición transitoria 48, donde se recoge el carácter objetivo de la ley.

Sobre el carácter estratégico de la nueva norma, este jurista recalcó su afán legal por ayudar a que la compra pública cumpla siempre sus fines sociales, por lo que los contratos deberán dejar patentes estos objetivo desde un principio.

Estrategia como principio

Dicha visión estratégica, impulsada por la ley, debe servir a la compra de valor, como estímulo al desarrollo social, tecnológico e innovador del país. La ley estipula, además, que el criterio de coste eficacia no debe olvidar la segunda parte de este binomio de criterio, con la obligación de comprar bienes de gran calidad, reflexionó el jurista, y concluyó con una mención a las valoraciones por fases, que se deberán asegurar, a menos, el 50 por ciento de sus montantes, para saltar de fase a fase.

Perspectiva autonómica

Tras la ponencia de Robles, se desarrolló una mesa autonómica sobre las compras públicas como elemento de sostenibilidad del sistema sanitario y sobre el paso de la compra de meras soluciones tecnológicas a la compra de resultados a través de la tecnología. Participaron en la misma representantes de Cataluña, Andalucía y la Región de Murcia, desde la moderación del director legal de FENIN, Pablo Crespo.

Este último puso la industria a disposición de las Administraciones para que el aterrizaje de la ley sea suave y se logren todos los objetivos planteados por la misma. Además, ironizó sobre el concepto de valor, al recordar el sufrimiento que tienen que pasar muchos proveedores para poder licitar y obtener contratos, sin desfallecer en el intento.

No garantiza la sostenibilidad

Por parte de Cataluña, intervino la gerente de compras y contratación del Instituto Catalán de Salud (CatSalut), María Blanco, quien afirmó que el ente al que representa solo incrementa su presupuesto un 1 por ciento al año, claramente, insuficiente para compensar el aumento de los precios de los medicamentos oncológicos, entre otras partidas.

Destacó María Blanco que la licitación beneficia al comprador y que la compra está centralizada en su comunidad autónoma, con un volumen destinado a contratos menores únicamente del 1 por ciento. Todo ello en una región que adquiere 12.000 equipamientos y bienes cada día.

Blanco considera que aún se está lejos de poder comprar con criterio de resultados obtenidos con los equipos, porque falta información. De esta forma, pidió a la industria de tecnología sanitaria que aporte datos suficientes sobre este particular.

Calidad sí, sostenibilidad, no

Por todo lo anterior, la responsable de compra sanitaria de Cataluña aseveró que la nueva ley traerá más calidad pero no contribuirá, por sí misma, a una mayor sostenibilidad del SNS, porque los precios de los equipamientos tecnológicos ya están al límite de lo que las Administraciones pueden asumir. Como ejemplo de acuerdo entre la Administración y la industria, no tecnológica, citó la reforma del Hospital de Bellvitge de Barcelona, por lo que invitó a las empresas de FENIN a proponer acuerdos provechosos para las dos partes.

Comprar con calidad

Para hablar de contratación sanitaria pública en la Región de Murcia, el coordinador de la unidad de aprovisionamiento integral del Servicio Murciano de Salud (SMS), Vicente Fernández Gómez, definió su labor como un trabajo de “trincheras”.

De la nueva ley, este ponente cree que pide cosas que ya se podían hacer con la norma anterior. Aunque confió en que se puedan lograr los fines que plantea, desde la virtud de aprender a comprar lo bueno y no como antes, cuando no había un apoyo tan decidido a comprar con calidad. Se apoyó en Michael Porter para afirmar que la compra por volumen permitía ahorros, pero ya no es factible desde la perspectiva actual.

A la hora de racionalizar las compras, también se puso Vicente Fernández Gómez en línea con Miguel Ángel Asensio, miembro del Hospital Clínic de Barcelona, cuando afirmó que en los hospitales españoles faltan ingenieros para hacer más eficientes los procesos internos donde reina la ineficiencia.

Mayor seguridad jurídica

El director de gestión económica del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Horacio Pijuán, cifró en más de 160.000 genéricos y 700.000 referencias las compras de su región, con acuerdos con 17.000 empresas, 700.000 contratos y millones de recetas.

Para Horacio Pijuán, la ley es muy ambiciosa en derechos y deberes, con apoyo a la innovación en el proceso de compra y al aumento de la competencia, que se logra al dar más juego a las pequeñas y medianas empresas. Todo ello, sugirió, bajo el foco de la seguridad jurídica, la transparencia y la vigilancia del interés social, pilares a los que sumó la exigencia de que se salvaguarde la perduración del sistema asistencial.

Ser más creativos

Estima Pijuán que el tiempo de los contratos oscuros ha pasado, con la nueva ley, aunque todavía hay bastante retraso en la adopción de la licitación electrónica.

Respecto a la compra por procesos, este ponente razonó que se podrá sortear el riesgo de caer en meras compras de obra-servicio mediante la creatividad que apliquen los compradores en sus adquisiciones, cualidad que se completará con una mayor importancia a la fase pre licitadora, en la que las empresas tendrán que esforzarse mucho, sentenció. Todo ello con el aviso, además, de las memorias justificativas, que no podrán ser un simple “corta y pega”.

Premiar la persistencia

Pijuán concedió importancia a la ejecución de los contratos y no sólo a la fase de resolución. Como ejemplo de Andalucía, expuso los casos del Hospital del Campo de Granada y su contrato con la compañía tecnológica Philips, y el contrato de disponibilidad de fungibles quirúrgicos del Hospital Virgen de las Nieves de la capital nazarí; además de la plataforma de compras de Córdoba y la compra a nivel regional de productos para la incontinencia.

Pijuán propuso también cambiar el debate de la obsolescencia por el del cambio de visión estratégica para poder incorporar las compras necesarias a proyectos asistenciales, como los códigos ictus e infarto, entre otras muchas posibilidades.

De innovaciones y novedades

Como problemas de acomodamiento a la nueva ley, Fernández Gómez identificó el riesgo de que cada autonomía aplique su propia filosofía a los contratos públicos, especialmente si son menores; y también la problemática que supone la compartimentación por lotes y la indefinición de valor, por parte de la nueva ley.

Como ejemplo de innovación real, Fernández Gómez citó la impresión 3D, que cada vez llega con más fuerza a los hospitales españoles y tiene capacidad para cambiar estrategias quirúrgicas antes de operar. No obstante, razonó que las Administraciones compradoras todavía no están capacitadas para evaluar toda la innovación y novedades que les llegan.

Nuevo marco de confianza

Seguidamente, el director de FENIN Cataluña, Carles Sisternas, distribuyó los turnos de palabra para analizar las oportunidades que supone la nueva ley a la hora de impulsar la compra de valor de tecnología sanitaria. Como ideas fuertes, planteó a los presentes la necesidad de crear entre todos un nuevo marco de confianza.

Planificar antes que nada

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el profesor Julio González, defendió como fuerzas del cambio la planificación, la publicidad de los contratos y la profesionalización de las compras. Aún a riesgo de parecer un gestor de la antigua Unión Soviética, considera que planificar es fundamental.

Sobre la nueva ley, a la que contribuyó con alegaciones, este profesor universitario afirmó que es mala y está mal redactada, pero también que es lo que se tiene y que hay bregar con ella; se trata del texto legal que ha tenido más enmiendas en la historia del ordenamiento jurídico español. Dentro del mosaico autonómico, anunció que ya se hacen interpretaciones distintas desde todas las esquinas del Estado.

Visión integradora

La jefa de la unidad de compras administrativas del Hospital Clínic de Barcelona, Nuria Cuenca, entiende que la ley dirige de forma más clara los criterios de compra que ya estaban planteados en la anterior. Sin embargo, la nueva norma dicta el proceder desde el planteamiento inicial de cada contrato hasta la eliminación de residuos que genere la actividad realizada, con lo que la gestión medio ambiental pasa a ser motivo de selección de empresa adjudicataria.

Dado que el coste ya no es criterio único de compra, para Nuria Cuenca entran en juego otras magnitudes, como la vida útil de los dispositivos. Respecto a las condiciones especiales de ejecución, arguyó que es otro factor añadido a la calidad contratada, con la amenaza de rescisión de contrato por incumplimiento.

Ganar en profesionalidad

Sobre las variantes, que antes se obviaban casi por sistema, la responsable hospitalaria estima que amplían la flexibilidad del procedimiento de compra. Como retos, introdujo que las Administraciones conozcan mejor el mercado, a través de las consultas preliminares, siempre que sean breves en plazo. Por el lado de las empresas, cree que deberán ajustar su oferta a las necesidades del comprador público, con buena gestión de los conflictos de intereses y el recurso a profesionales especializados a la hora de poder adaptarse a una ley con requerimientos notablemente complejos.

Desde la mesogestión

El subdirector de gestión económica del Madrileño Hospital Universitario de Móstoles, Manuel Carmona, explicó que la compra pública supone el 20 por ciento del PIB español, del que en el año 2015, un total de 25.000 millones fueron a contrataciones sanitarias, con un 2,3 por ciento del producto interior indicado.

Manuel Carmona destacó los anexos de la ley que describe los requerimientos estratégicos de las compras públicas para España. Para él, hasta ahora, la contratación pública se regía por las resoluciones administrativas que orientaban el proyecto, y, desde este momento, se mantiene la carga en el terreno de la Administración, a pesar de sus recursos limitados.

Desde el punto de vista de un hospital como el mencionado de Móstoles, este ponente estima que parte de las decisiones se toman desde los gerentes y otras, más estratégicas, desde las Consejerías de Sanidad y Salud.

Largas licitaciones

La subdirectora de gestión económica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Ana del Prado, definió contrato mixto como el encadenamiento de las mismas prestaciones. Para expresar su magnitud, explicó que este hospital capitalino lleva cuatro años con la licitación de un macro contrato para la externalización de material quirúrgico. Ello, además de citar otros, importantes aunque no tanto, de kits para laparoscopia.

También citó esta ponente la concentración de la decoración de las áreas pediátricas, el suministro de bombas de insulina y suministros para el área de hemodiálisis. En todos estos casos, considera imprescindible contar con la colaboración de los profesionales sanitarios.

Así mismo, Ana del Prado destacó el proyecto de coste de procedimiento en Cardiología y el de incorporación de estudios PET-CT, de cara a saber en qué momento se debe proceder a la sustitución del equipo correspondiente.

UCIS y Cardiología

Por parte del Hospital Universitario de Bellvitge, José María Giménez, comentó los proyectos ADELE, de desfibriladores y de insuficiencia cardíaca. En este segundo caso, informó de que se busca reducir los reingresos hospitalarios que afectan a entre el 15 y el 30 por ciento de los pacientes, de cara a ahorrar el 75 por ciento de los costes de dichos reingresos, con una horquilla de 1,6 a seis millones de euros. En ambos casos, la monitorización está incluida en la licitación, afirmó.

Como peculiaridades de la licitación en este hospital catalán, José María Giménez habló de riesgo en resultados por mayor actividad de la prevista en los equipos e, incluso, de una modesta forma de hacer pagos por resultados.

En general, Giménez se mostró partidario de dividir la licitación en función de las necesidades del hospital. Sin embargo, también estima que la mayor parte de las licitaciones hospitalarias se realizan con grandes empresas, sin excluir un nicho de mercado a las pequeñas empresas, especialmente en sistemas de información. También afirmó que Bellvitge está embarcada en que su hospital tenga una zonas de UCI libre de paredes.

Reducir la burocracia

En tercer lugar, la jefa de gestión económico financiera de la dirección de infraestructuras e ingeniería biomédica del Hospital Clínic de Barcelona, Verónica Palau, coincidió con De Pablo en que la naturaleza de cada contrato define si es relativo a un bien o un servicio, según los artículos 18 y 34 de la nueva ley.

Reflexionó Verónica Palau la incoherencia de encadenar licitaciones para unas mismas necesidades, como en su caso ocurrió con el contrato general que hizo el Hospital Clínic para su mantenimiento; en un proceso que, tras tres años de desarrollo, y ahorros que subieron del 10 por ciento, se realizó un contrato mixto destinado a reducir la burocracia estéril. Para ella, la licitación está en virtud de la dimensión del hospital, por lo que las licitaciones deben ser estandarizadas en lo posible.

Clínicos e innovadores

La secretaria general de FENIN, Margarita Alfonsel, se postuló muy afortunada de poder moderar una mesa protagonizada por tres clínicos de acreditada trayectoria innovadora.

Antes de dar la palabra, la responsable ejecutiva de la patronal tecnológica recordó a todos los presentes que la crisis económica postergó las razones clínicas en beneficio de las económicas, de forma que el precio a la baja resultó ser el único criterio. También dio pie a que los ponentes defendieran el establecimiento de indicadores de medición de resultados en salud.

El primero en hablar fue el presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), el doctor Andrés Íñiguez. Lo hizo para alabar que la nueva ley sea más flexible a la hora de negociar con el sector privado, dado que un servicio de Cardiología de un gran hospital, por ejemplo, suele licitar fungibles por valor de 15 millones de euros al año.

Por otro lado, Andrés  Íñiguez auguró la muerte del contrato menor, dado que la nueva norma pone el límite de 15.000 euros por proveedor, sin poder repetir. De esta forma, todo irá a contratos mayores.

Radiología y Endoscopia

Seguidamente a Íñiguez, que dudó que la nueva ley vaya a estimular la innovación, la responsable de la Sociedad Española de Protección Radiológica, la doctora Marisa España, expuso que la ley y los usos de licitación tienen “agujeros negros”.

Como queja principal, esta profesional sanitaria denunció que muchas compras de equipos se realizan a espaldas de los profesionales técnicos que van a usar los dispositivos, algo que produce que se hagan adquisiciones sin previsiones temporales de uso o incluso inservibles en buena parte de las prestaciones contratadas.

Marisa España también defendió la importancia capital de la formación de los usuarios de tecnología sanitaria, siempre clínicos, para que no se hagan compras desafortunadas, un aspecto para el que Margarita Alfonsel reiteró el pleno compromiso formativo de FENIN.

Cerró esta cuarta mesa el miembro de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, el doctor Vicente Pons, quien afirmó que, muchas veces, las entidades y Administraciones compran mal porque faltan planes estratégicos y, muchas veces, se compran equipos cuando el clínico convence a los responsables económicos de que son imprescindibles. Todo ello dentro de un modelo largo y tedioso que no excluye ciertas perversidades.

No “casarse” con los equipos

Aboga también Vicente Pons, como broche a la jornada, con el razonamiento de que los clínicos no quieren que se compren equipos, sino que se contraten equipos con planes de renovaciones futuras.