Durante la intervención de su ponencia, Eba Blanco, vicepresidenta del Parlamento Vasco, ha comenzado su tercer grado incidiendo en la baja a los contratos (a nivel presupuestario) y en que se imposibilite a los gestores hacer la división por lotes. “Me parece un punto a favor así como la posibilidad de recurso de contrato que ha rebajado su tope de exigencia”.

La también portavoz de EH Bildu en la Comisión de Sanidad ha puesto sobre la mesa la falta de control que existe después de que se realice la adjudicación. “Esta ley tiene muchas ventajas pero hay que ver qué se puede obtener mas allá de esta legislación. Todo no termina con la compra o la contratación. Hay que ir a ver qué pasa después, quién controla y cómo se controla que ese contrato se tiene que cubrir”, ha puntualizado poniendo como ejemplo contrataciones que había dado el servicio vasco de salud y que, a posteriori, habían detectado grandes problemas en el control.

“Esta ley tiene muchas ventajas pero hay que ver qué se puede obtener mas allá de esta legislación. Todo no termina con la compra o la contratación. Hay que ir a ver qué pasa después, quién controla y cómo se controla que ese contrato se tiene que cubrir"

Desde el parlamento de Cataluña, Assumpta Escarp ha reincidido en que la búsqueda del consenso a la hora de establecer esta ley era una respuesta a situación política y económica que se vivía en ese momento. “Creo que esta ley es farragosa porque llegar al consenso es difícil. Cuando gobernamos metemos transacionales en las leyes por las que luego el gestor nos debe odiar”, ha bromeado.

Para la portavoz del PSOE en la Comisión de Salud del Parlamento catalán esta ley ha provocado “por protección del gestor” con el incremento de los servicios jurídicos de los hospitales. 

Por último, la portavoz adjunta del PP en la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados ha incidido en cómo el clima de consenso que se dio en todo el debate de la ley favoreció a su actual redactado. “Para mí esta ley tiene dos cosas muy importantes: queda muy claro quién va a contratar y qué se va a contratar”, ha matizado.

Elvira Velasco ha recordado el ambiente de desconfianza que existía en la ciudadania cuando se gestaba la ley: “el CIS calificaba la corrupción como el segundo problema de los españoles y, ahora, es el tercer problema”.  Y esto, a su parecer, es un ejemplo de que la desconfianza ligada a la adjudicación de contratos por parte de la sociedad ha ido mejorando. “En España se realizaban muchas irregularidades sobre la contratación nos faltaban sistemas de control y hoy todavía tenemos que dar un impulso”, ha criticado.

Durante sus respuestas a este tercer grado, María Blanco ha asegurado que con la legislación se ha conseguido ir equipando servicios que “históricamente” no tenían espacio como la división en lotes o el mantenimiento tecnológico.

Además, la gestora ha estado de acuerdo con la asignatura pendiente de la legislación “controlar las incidencias del día a día”. “No sólo hay desabastecimiento de productos sanitarios, tenemos calidades que no eran las presentadas en la oferta y un mundo de reclamaciones e incidencias que no se están tratando”, ha criticado. Desde su atril, la experta ha solicitado que las penalidades asociadas a los incumplimiento se lleven a cabo. “Sé que el día a día nos lleva más a firmar que a penalizar”.

La última pregunta

Mario Mingo, moderador de la mesa,ha aprovechado su postura para lanzar una pregunta a todas las ponentes (de diferentes partidos políticos) que han tenido que resolver en el último minuto de la mesa. El expresidente de la Comisión de Sanidad ha querido conocer cómo van a incluir, en los programas electorales del 10 de noviembre, las posibles mejoras y modificaciones relativas a esta ley.

A este respecto, la diputada de EH Bildu ha ido más allá de esta legislación y ha prometido que desde su grupo se va regular la eutanasia, trabajar en el estudio de las nuevas adicciones y culminar la propuesta del fondo de compensación para la víctimas del amianto.

Por otro lado, desde el PP, Elvira Velasco se ha propuesto poner en marcha nuevas leyes que busquen la transparencia de la gestión con una mayor cohesión. “Esperemos que después del 10N estemos en un Gobierno que podamos poner en marcha todas estas legislaciones”, ha adelantado vaticinando un cambio radical en las encuestas que, por el momento, dan ganador al PSOE.

Ese partido, el de Assumpta Escarp ha asegurado que la lucha contra la corrupción va a seguir presente en la siguiente legislatura por parte del PSOE. “Defenderemos la sanidad pública y universal, la muerte digna y la despenalización de la eutanasia y el plan estratégico de Atención Primaria”, ha finalizado.