La Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim) ha presentado un informe que detalla el impacto presupuestario de los biosimilares en el Sistema Nacional de Salud (SNS) español entre 2020 y 2030, posicionándolos como una herramienta clave para reducir el gasto público. Los biosimilares son versiones altamente similares en calidad, seguridad y eficacia a los medicamentos biológicos originales cuyas patentes han expirado. Estos últimos, aunque de gran valor clínico y esenciales para tratar enfermedades complejas como el cáncer o las autoinmunes, son de elevado coste, con un gasto anual por paciente que oscila entre 10.000 y 60.000 euros, y su gasto en Europa ha crecido un 14,7% entre 2022 y 2023. En España, el gasto farmacéutico público alcanzó los 23.175 millones de euros en 2023, con un aumento del 5,2% impulsado por el envejecimiento de la población, enfermedades crónicas y tratamientos innovadores de alto precio, lo que ejerce una creciente presión sobre los presupuestos. La promoción de los biosimilares se consolida como una de las soluciones más prometedoras para mejorar la eficiencia del gasto en los sistemas sanitarios.

El estudio de BioSim revela un ahorro significativo generado por los biosimilares, estimado en 5.803 millones de euros para el periodo 2020-2023 en España, siendo adalimumab, infliximab, rituximab, eritropoyetina y bevacizumab los principales contribuidores. Se proyecta que para el periodo 2024-2030 el ahorro alcanzará los 22.270 millones de euros, gracias a la continuidad de los biosimilares actuales y la llegada de nuevos. El ahorro generado es creciente en el tiempo, pasando de 1.070 millones de euros en 2020 a una estimación de 4.352 millones para 2030, siendo más significativo en la farmacia hospitalaria. La competencia generada por los biosimilares permite incorporar innovación al sistema, tal como señaló César Hernández del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la rápida erosión de precios podría desincentivar la competencia futura, por lo que se proponen políticas que aseguren la viabilidad del mercado a largo plazo y la sostenibilidad de las empresas, concibiendo el gasto público en tratamientos como una inversión para la mejora de la sociedad.